El suboficial acusado de la muerte del joven dirigente liberal de Paraguarí se presenta hoy, a las 9:30, ante la jueza Cynthia Lovera para la correspondiente revisión de la prisión preventiva en la que se encuentra hace tres años. Los abogados del uniformado sostienen que con las nuevas imágenes se pone en duda la participación del encausado en el homicidio, además de que ya transcurrió el tiempo de dicha medida cautelar.

El suboficial Gustavo Florentín, acusado del crimen de Rodrigo Quintana, hecho ocurrido en la madrugada del 1 de abril del 2017 en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue convocado para la fecha por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, para las 9:30, a fin de realizar la revisión de medidas.

Los abogados de la defensa, Víctor Raúl Estigarribia, San­dra Barrios y Ricardo Esti­garribia, habían solicitado la mencionada revisión argu­mentando la aparición de las nuevas imágenes de la altera­ción de la escena del crimen, lo cual pone en duda la parti­cipación del encausado en el mencionado hecho.

Además, los profesionales del derecho mencionan los artícu­los 19 y 236 de la Constitución Nacional y del Código Proce­sal Penal, respectivamente, indicando que la privación de libertad durante el procedi­miento deberá ser proporcio­nal a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley ni exceder del plazo que fija el mencionado código para la ter­minación del procedimiento o durar más de dos años.

Ricardo Estigarribia, uno de los abogados de Florentín, indica que su cliente siempre estuvo bajo sometimiento absoluto de la Justicia y que correspondería litigar desde fuera de la prisión.

“Además, con la aparición de las nuevas imágenes, ya caye­ron muchas dudas sobre la investigación. Es como me indicó mi cliente (por Flo­rentín), se hicieron todo mal las cosas en este tema”, dijo Estigarribia.

La defensa también indicó que ofrecerán un inmueble como caución real ante la magistrada.

El nuevo caso de la alteración de la escena del crimen está siendo investigado por la fis­cala Esmilda Álvarez, quien actualmente se encuen­tra aún en la verificación de las imágenes y la identifica­ción de las personas autoras de tal hecho. Aún no llamó a declaración indagatoria a las personas que fueron iden­tificadas por los medios de comunicación.

Lo llamativo del caso es que la investigación desvincula a otro de los protagonistas del hecho, al suboficial Arnaldo Báez, para quien la Fiscalía ya pidió sobreseimiento defi­nitivo, pese a que ahora apa­recen nuevas imágenes que lo vincularían sospechosa­mente con los liberales.

Primeramente lo involucra su vínculo de amistad con el ex intendente de Santa Elena, César Agustín Balbuena, quien fuera su profesor y con quien se le observa platicando amistosamente ese 1 de abril del 2017, minutos después del crimen de Quintana.

Posteriormente, entregó su escopeta al suboficial Juan Ramón Garcete, cus­todio del diputado Eusebio Alvarenga, quien empezó la alteración de la escena del crimen pisando una de las vainillas que precisamente cayó del arma de Báez.

Posteriormente, a Báez se lo ve en la guardia de la Coman­dancia de la Policía Nacional, donde se quedó por un minuto, para luego irse nuevamente hasta la sede liberal, donde primeramente estuvo conver­sando con varios adherentes para luego ir hasta la oficina de Efraín Alegre.

Estando en la oficina de Ale­gre, el suboficial Báez conversó con varias personas, quienes se fueron con él para poste­riormente bajar hasta el pasi­llo para declarar ante la fiscala de aquella madrugada, Raquel Fernández.

La escopeta de Báez fue entre­gada esa misma madrugada a la fiscala Fernández. Sin embargo, nunca fue peritada de manera minuciosa como se hizo con otras varias armas que fueron incautadas.

Actualmente, el suboficial Arnaldo Andrés Báez fue beneficiado con libertad ambulatoria y presta servicio en una comisaría del departa­mento Central.