Los hermanos Sergio y Ricardo Estigarribia favorecieron negocios familiares con dinero de la Municipalidad de Villa Elisa que los convirtió en nuevos ricos de la ciudad, como bien lo describió en su momento un correligionario liberal de ambos. La lapicera para sacar contratos directos, por vía de la excepción, vulnerando principios de Contrataciones Públicas de transparencia y libre competencia, fueron una constante desde que se instalaron en la administración en el 2015.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El ingreso como intendente de Ricardo Estigarribia a la Municipalidad de Villa Elisa en 2015 dio origen e impulsó en paralelo los negocios de la familia que gracias a los contratos digitados desde la comuna pegaron un ascenso económico sin precedentes.
Es así como aquel humilde quinielero de Villa Elisa, como fue en sus inicios el exintendente, ahora gobernador Ricardo Estigarribia, le dio una patada a la pobreza junto con varios miembros de su familia. Su hermano Sergio Estigarribia, actual intendente de la ciudad, siguió muy bien el esquema y fortaleció los negocios del clan, con las adjudicaciones directas de contratos que alcanzaron hasta los cuñados.
De su humilde oficio de corredor de quiniela, Ricardo Estigarribia se inició en la política como concejal municipal, cargo que le allanó el camino a una prosperidad que solo puede atribuirse a una receta mágica de la fortuna.
Según sus declaraciones juradas de bienes, sus primeros inmuebles datan de 2010 con la concejalía y al terminar el primer periodo como intendente de Villa Elisa su patrimonio subió a más G. 1.000 millones, incremento que resulta desproporcional a los ingresos percibidos en cargo electivo. Su patrimonio se duplicó en menos de dos periodos como jefe comunal.
Por su parte Sergio Estigarribia, tras la asunción de Ricardo se había infiltrado de manera estratégica en las obras financiadas por la municipalidad. Básicamente manejaba las construcciones de escuelas y demás que la administración de su hermano adjudicaba de manera directa a las empresas de maletín de subordinados, leales operadores, como el caso de Heriberto Trevizon, un conocido hurrero del clan de Villa Elisa.
CARGO HEREDADO
En 2021, Sergio asume como concejal, a fines de 2022 le hereda el cargo su hermano Ricardo y en 2023 juró como intendente de Villa Elisa.
Según las declaraciones juradas que Sergio, al asumir el cargo de intendente presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), en menos de dos años compró bienes cuyo importe asciende a G. 950 millones. Esto consiste en una importante quinta en la ciudad de Benjamín Aceval adquirida en 2015 que valoró en G. 700 millones, dos camionetas por G. 250 millones en 2016 y 2017, respectivamente.
Lo llamativo es que en esos años el ahora jefe comunal tenía un ingreso de G. 2 millones mensuales equivalente al mínimo vigente, según consignó en sus declaraciones juradas su esposa María Esther Millán. La mujer percibe un modesto salario como funcionaria del Ministerio de Salud equivalente a G. 3,6 millones, pero junto con su pareja ostentan vida de lujos, cuyo financiamiento no condice con sus orígenes ni el salario que pudieron haber percibido en la función pública.
REPARTIJA
Detrás de la prosperidad de los hermanos existen antecedentes de un esquema de repartija de contratos directos que ambos impulsaron desde la municipalidad y que benefició a un cerrado entorno. Recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalties iban directo a las arcas de firmas de maletín improvisadas por miembros del clan Estigarribia.
Este próspero esquema dio origen a varias empresas capitalizadas con miles de millones de dinero en efectivo, costosas propiedades por parte de la familia de los hermanos.
La madre, Edith Rosa Medina Verón, quien fuera una humilde modista de barrio junto con una hija de corazón Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, y Lissi Romina Medina Fretes, esposa del actual gobernador de Central, las dos últimas sin antecedentes laborales, tienen distribuidos al menos USD 1,5 millones en sociedades anónimas. Esto además de una decena de propiedades identificadas a nombre de empresas a las que están vinculadas. (ver infografía).