La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

• HOY.COM.PY

La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.

En noviembre de 2021 la SIU toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad de la Senad, el informe de la Europol.

Zully Rolón, exministra de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, admitió que ocu­rrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py y que habrían evitado la captura de Sebas­tián Marset en Paraguay.

La Nación/Nación Media publicó ayer que, la gestión abdista, tenía informes sobre el uruguayo desde el año 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estruc­tura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, noso­tros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvi­mos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fis­cal de la causa, que hubo con­versaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, en conversación con la 1020 AM.

El 6 de noviembre de 2019, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo, cuyo primer ingreso a Para­guay fue el 8 de abril de 2018. Entre agosto de 2018 y enero de 2021, la Senad fue dirigida por Arnaldo Giuzzio, hombre de confianza de Abdo. Rolón asumió el cargo cuando el exsenador pasó a ser minis­tro del Interior, hasta su des­titución en febrero de 2022 por presuntos vínculos con un capo narco brasileño.

Según la exministra, en noviembre de 2021 la Uni­dad de Investigación Sensi­tiva (SIU) toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad del Senad, el informe de la Europol. Sin embargo, recién se realizó la denuncia luego de haber ejecu­tado la operación A Ultranza Py, en febrero de 2022. “Eso se envía a Asuntos Internos y se espera que se operativice A Ultranza para enviar un informe especial sobre este caso al Ministerio Público, como un informe de inteli­gencia, porque no podíamos poner en riesgo el gran opera­tivo por denunciar una filtra­ción, y el fiscal que recibió ese informe de inteligencia, que es el fiscal a cargo de A Ultranza, remite eso a la Unidad de Deli­tos Económicos y Anticorrup­ción, y ese caso fue abierto en el 2022 como persona inno­minada y yo no sé cómo ha de estar el caso”, explicó Rolón.

La extitular de la Senad admi­tió también que, durante el mandato abdista, los controles sobre el narcotráfico fueron desguarecidos. Inicialmente argumentó que se trabajó más en inteligencia que en controles físicos, como el levanta­miento de controles en puer­tos, la falta de escáneres y la desmantelación de una direc­ción de investigación.

“Supuestamente en el año 2020 se había cerrado la dirección de investigación aérea, fluvial y terrestre, que era la que supuestamente luchaba contra el crimen organizado en los puestos. Realmente no se cerró nin­guna dirección, lo que se hizo fue crear un departamento de investigación en el comercio internacional en el mismo día en que se cierra esa direc­ción. No fue una eliminación, fue simplemente un cambio administrativo”, fue la justi­ficación de Rolón.

El 6 de noviembre de 2019, un año y siete meses después de su primer arribo a nuestro país, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Sebastián Marset que se instalaba en el país y fortalecía su estructura, con la anuencia del gobierno anterior.

Los datos consigna­dos en los informes de inteligencia, incluso los testimonios de quienes estu­vieron a la cabeza de los orga­nismos antinarcóticos y de seguridad en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan evidencias de que Paraguay tenía todas las condiciones de caerle a la estructura narco que montó Sebastián Marset, a la que consiguió integrar varias otras organizaciones crimi­nales conformadas, preexis­tentes.

El informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU) que, luego sufrió varias filtraciones ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Marset, a partir de varios indicios prelimina­res al año y siete meses de que este arribara por primera vez a nuestro país.

El primer ingreso de Marset a Paraguay fue el 8 de abril de 2018, en noviembre de 2019, SIU ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo en el marco del caso que inicial­mente denominaron ARAI, pesquisa que detonó en el des­mantelamiento de la gigan­tesca estructura narco que conocemos como A Ultranza Py. Más de 100 allanamientos en simultáneo fueron liderados por la Fiscalía paraguaya, el 22 de febrero de 2022.

Pese a los datos ya manejados por los agentes especializa­dos que, incluso comprometía una cooperación internacional mediante la DEA, el gobierno de Abdo a través del Depar­tamento de Identificaciones expedía cédulas paraguayas a la familia de Marset en 2020 y en 2021 al mismo uruguayo. Cabe subrayar que Arnaldo Giuzzio era ministro del Inte­rior en ese tiempo y el mismo estaba en conocimiento de las pesquisas y los indicios mane­jados por SIU sobre el mencio­nado Marset.

Marset se iba afincando, en paralelo, las investigacio­nes iban avanzando, pese a la serie de filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) con Zully Rolón a la cabeza de esta institu­ción. Giuzzio hizo lo suyo, con el desmantelamiento de los puestos de control en los puer­tos, mediante una resolución en mayo de 2020.

El 4 de mayo de 2021 se inicia otro operativo denominado Smart, en alusión al nombre de Sebastián Marset, trabajo desa­rrollado en instancias policiales de tres países (Paraguay, Brasil y Argentina). Aquí surge otra conexión reveladora para lo que fue la desidia del gobierno Abdo.

La Policía Nacional descubre la vinculación en el operativo Smart entre Marset y Lindo­mar Reges Furtado, este último con nexos vinculado a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, ambos considerados narcos de la pesada en el Brasil.

Lindomar poseía 68 causas abiertas en Brasil y junto con Marcus Vinicius eran dos sindi­cados narcos de mucho interés para el vecino país. En nuestro país ya con pedidos de informes e intercambio de datos, los bra­sileños eran perfectos fantas­mas en los reportes de Senad y hasta lograron escapar por “negligencia” en un operativo del ente antinarcótico, bajo la administración de Rolón.

El 9 de agosto de 2022, en una audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Giuzzio había declarado que el Chaco era una ruta aérea cautiva del narcotráfico, con pistas de ate­rrizaje al servicio del ilícito e incluyó a Concepción y la zona Sur del país. Giuzzio incluso habló de lo sensible que son los puertos para la narco expor­tación. Sin embargo, él mismo había levantado los controles de esos sitios. Habló de la nece­sidad de mayor inversión y que se tenía intención de pedir la aprobación de una inversión de entre unos USD 150 millo­nes para compra de radares, reparaciones de aviones, pero ahí quedó.

“Dentro de ese paquete estaba la posibilidad de hacer una especie de “overhauling” a los Tucano actuales en una primera etapa, reformarlos a nuevos, son avio­nes Tucano de fabricación bra­sileña, tecnología conocida por nuestros pilotos, y que pueden ser rápidamente entregadas a nuestro país. Y en una segunda etapa ver ya la adquisición de Super Tucano”, había mencio­nado Giuzzio ante la bicameral dejando evidencia que, mien­tras se paseaban con sindica­dos narco, también posterga­ron inversiones que eran clave en el combate al crimen orga­nizado.

Después de años de búsqueda finalmente cayó el uruguayo Sebastián Marset, jerarquizado como el tercer narcotra­ficante más importante del mundo. Paraguay es uno de los países en el que desarrolló su enorme logística para el ilícito que movió cifras de negocios multimillonarias, todo con la compla­cencia del gobierno corrupto de Mario Abdo Bení­tez que permitió al hoy preso en los Estados Unidos se moviera a sus anchas en todo el territorio, con todos los privilegios para pasar inadvertido.

Este despliegue durante el gobierno anterior se materializó a través de las instituciones de segu­ridad que prácticamente actuaron de cómplices y que facilitaron el movimiento del crimen orga­nizado, no solo manejado por Marset sino por varios otros capos.

La indisimulada liberación de los puestos de con­trol es un hecho que además de no tener prece­dentes colaboró con el florecimiento del negocio ilícito, una situación que debiera ser investigada para castigar a quienes contribuyeron con este auge.

No puede quedar como simple anécdota para la especulación aquel decreto con fecha 15 de agosto del año 2018 que firmó Abdo Benítez apenas reci­bió el mando presidencial.

El documento firmado por el exmandatario otorgó un poder discrecional a su elegido minis­tro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio de disponer lo que llamaron “reorganización” de la entidad antidrogas. Esto no significó otra cosa que el desmantelamiento de los puestos de control en sitios clave de entrada y salida de cargas, lo que permitió el incremento de la narcoexportación como nunca antes se había visto.

No hay que olvidar que Giuzzio, irónicamente fue ministro de seguridad de Abdo Benítez y fue des­tituido por “favores” recibidos, precisamente de uno de los sindicados como mayores narcotrafi­cantes en el Brasil: Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

Los tiempos apuntan a un esquema perfecta­mente sincronizado con los brazos caídos del gobierno de Abdo Benítez, por un lado; y, por el otro, una estructura delictiva que operaba a su antojo.

El 15 de agosto de 2018, decreto mediante le con­cede esa autoridad total a Giuzzio para disponer de la Senad. Con esta licencia, el exfiscal desman­tela los puestos de control en 2020.

Coincidentemente, al momento que Giuzzio libe­raba los puestos de control, principalmente por­tuarios, la estructura de Sebastián Marset ya había fortalecido una logística y una red opera­tiva formal de fachada y empezaba sus envíos de cocaína a Europa.

Dos años después de que el uruguayo se afincara en Paraguay, el gobierno de Abdo “descuidó” las fronteras.

Si recordamos las fechas subrayadas en las inves­tigaciones de la Fiscalía, institución que, por cierto, se lució con un minucioso trabajo, pode­mos notar que nada fue casualidad con relación a las operaciones de Marset en Paraguay.

El 8 de abril de 2018, Marset llega por primera vez a Paraguay. Diez días después, el 27 de abril de 2018, tras la victoria electoral de Abdo Benítez, Marset se instala en nuestro país y a partir de allí despliega la logística corporativa para mover el ilícito.

Aparecen empresas productoras de conciertos, de servicio y venta de vehículos y otras pertene­cientes a demás socios implicados en el esquema. En mayo de 2020, Giuzzio firma la resolución de retiro de agentes de investigación, canes, etc. de los puertos, quedando así arco libre para la nar­coexportación.

En agosto de 2020, el Departamento de Identi­ficaciones de la Policía de Abdo expidió cedulas paraguayas para Gianina García Troche (pareja de Marset), Diego Nicolás Marset (hermano), Mauro García Troche (cuñado) y dos de los hijos menores de edad de Sebastián Marset. Cabe recordar que el 2020 fue el inicio del próspero negocio del envío de drogas desde Paraguay y la Senad prácticamente era informante de los líde­res de la estructura, según puede entenderse de los análisis de inteligencia como la investigación fiscal. Se llega al punto de que la propia exminis­tra de la Senad Zully Rolón firmaba convenios contra el lavado de dinero con uno de los implica­dos en el esquema de Marset.

Todos estos hechos que ofenden la inteligencia son una muestra palpable de cómo guiñaron a los líderes del crimen organizado y merecen ser investigados para que el peso de la ley caiga sobra cada uno de los responsables.

La facilidad que tuvo la estructura Marset para moverse libremente tuvo sus cómplices en el gobierno anterior y deben ser identificados, es la única forma de avanzar en la verdadera lucha contra el negocio de las drogas.