Con un rosario de denuncias encima, una gestión marcada por el uso discrecional del dinero público en favor de negocios familiares, nepotismo, dudosa fortuna acumulada a partir de su ingreso a la función pública, una causa dormida en el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito y una resistencia a la transparencia de los gastos ejecutados, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve, postula a su esposa, Nancy Berndt, como intendenta de su ciudad natal Cambyretá y apunta al copamiento de su clan en cargos públicos del departamento.

La compra de insumos médicos a la empresa de su hermano, gracias a una estratégica triangula­ción por vía del Consejo Regio­nal de Salud, generó el planteo del senador Natalicio Chase de un pedido de informe al gober­nador de Itapúa, Javier Pereira Rieve, que no gustó para nada a los aliados opositores del Con­greso quienes reaccionaron con el conocido argumento de la persecución política para evitar la transparencia de los gastos del jefe del departamento del sur. Esto, en medio de una serie de denuncias y cuestionamien­tos que arrastra el clan Pereira Rieve, liderado principalmente por los hermanos Javier y Car­los Pereira Rieve quienes lejos de rendir cuentas como corres­ponde se encuentran en una veloz carrera de copamiento de cargos en el séptimo depar­tamento.

Días atrás, se confirmó que Nancy Berndt, esposa de Javier Pereira, se pos­tula para la intendencia de Cambyretá, ciudad de la que el ahora gobernador migró para residir en Encarnación, también territorio de interés político de su clan.

La candidatura de la esposa del gobernador Pereira se suma a la lista de parientes que bus­can tomar la administración de otros distritos del depar­tamento. Su hermano Carlos Pereira, puja por la intenden­cia de Encarnación, su primo Basilio Pereira por el munici­pio de Nueva Alborada.

La intención de copamiento del clan Pereira Rieve en Itapúa genera mucha sus­picacia considerando la car­tera de negocios que cons­tituyen los municipios para la empresa de su hermano Oscar Pereira Rieve.

En una conferencia de prensa que el hermano del gobernador, Oscar Pereira realizó sema­nas atrás junto con su esposa Lilian Thiebeaud, en el intento de justificar venta de insumos médicos a la administración de Javier Pereira, la mujer había compartido un dato revelador consistente en el monopolio de este rubro en el departa­mento, a través de los Conse­jos de Salud. De ubicarse, más parientes en municipios de la zona, el negocio aspira aún a más facturaciones aprove­chando el puenteo de contro­les ya que en gran proporción las adquisiciones se realizan al margen de procesos de Contra­taciones Públicas.

Esta caja chica que han imple­mentado en la Gobernación de Itapúa para negocios familia­res, sin embargo, es uno de los tantos cuestionamientos a la administración de Javier Pereira. Cabe señalar que la institución a su cargo es prác­ticamente una cueva de nepos de sus concejales aliados.

La fortuna del clan Pereira Rieve es otro asunto sin acla­rarse. En el caso de Javier, de comerciante mesitero de artículos de pesca y de vivir en una casa prestada por un pariente en el barrio Valdez de Cambyretá, se convirtió en un potentado cuyo ascenso se inició ya en el primer periodo como concejal municipal con un incremento patrimonial de 333 %. Al dejar la muni­cipalidad su fortuna había aumentado 1.232 %.

Un informe de inteligencia que había hecho la Secre­taría Nacional Antidrigas (Senad) denunciada ante la fiscalía plantea serios indi­cios de enriquecimiento ilí­cito cuya gravedad presume detrás tráfico de droga, armas, ordeñe de combusti­ble, etc contra Javier Pereira. Precisamente el nombre de la esposa figura en la lista de sospechosos que había incluido en la causa, el enton­ces fiscal Osmar Legal.

El diputado Carlos Pereira también había sido incluido bajo la lupa en la causa men­cionada. Recordemos que el parlamentario es también considerado un “mago” de las finanzas que había cons­tituido una empresa con una notebook, escritorio, silla de oficina, un archi­vero, algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones y en 2 años ya erigió una fábrica con el nombre de Mega Concret SA con capital social de G. 6.000 millones que, de entrada se integró con de G. 4.150 millones.

El diputado además se vio involucrado en el caso del edificio caído en abril del año pasado en Encarnación ya que, su empresa cargó las losas en una construcción sin planos previos aprobados y cuyas columnas no estaban preparadas para soportar la cantidad de pisos que fue­ron agregando lo que ter­minó desplomándose ocasio­nando una tragedia todavía sin castigo.