Las revelaciones de unas cuentas bancarias por valor de USD 21 millones a nombre de dos empresas que tienen como beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez junto con su esposa Silvana López Moreira, generó un sustancioso debate en el programa “Mina en casa” del domingo último, sobre las posibilidades que tiene Paraguay, principalmente a través de su Ministerio Público de poder profundizar investigaciones que esclarezcan oficialmente el caso.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La mesa del programa “Mina en casa” reunió en la edición de ayer domingo a profesionales del sector privado, altos funcio­narios y exfuncionarios del Estado en un debate de gran relevancia en torno al escán­dalo que sacude al expresi­dente Mario Abdo Benítez, a quien, junto con su esposa Silvana López Moreira, publi­caciones de un periodista argentino atribuyen el oculta­miento de USD 21 millones en cuentas bancarias a nombre de dos empresas en paraíso fiscal de las islas Seychelles.

Los invitados fueron Armindo Torres, director de Decla­raciones Juradas de la Con­traloría General de la Repú­blica; Éver Otazú, gerente general de Impuestos Inter­nos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT); Rossana Escobar, periodista de Investigación del Diario La Nación; Carlos Palacios, abogado de Dere­cho Bancario y Societario; y Juan Emilio Oviedo, exfiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

La opinión predominante en la mesa se orientó hacia la nece­sidad que tiene el Paraguay de esclarecer un hecho escanda­loso de acumulación de for­tuna que tiene en el ojo de la tormenta a un expresidente, en este caso Abdo Benítez. En este contexto, el exfiscal de Asun­tos Internacionales, Juan Emi­lio Oviedo, explicó didáctica­mente la oportunidad que tiene el país de profundizar investi­gaciones que brinden informa­ciones de manera oficial que puedan dar luz al asunto.

En el marco de esa oportunidad país, mencionada por exfiscal Oviedo, el Ministerio Público tiene un rol clave e ineludible, asignado como autoridad cen­tral para el cumplimiento de los tratados y las obligaciones internacionales.

“El Ministerio Público tiene ya hace varios años, varias déca­das, herramientas jurídicas y operativas como para accio­nar y excitar a la jurisdicción de otro país a que comparta información que pueda reali­zar la trazabilidad de cuentas bancarias de dinero, realizar medidas cautelares para poder congelar bien en el extranjero y eventualmente solicitar repatriación de fondos provenien­tes de algún hecho punible”, refirió Oviedo.

Sostuvo que Paraguay tiene la convención de Palermo del año 2000 sobre crimen orga­nizado trasnacional que tiene más de 160 países signatarios. Así también, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que tiene casi 190 signatarios, “donde nosotros seguramente no tenemos todos los tratados bilaterales, pero invocando esos instrumentos se establecen las formas para una cooperación internacional para solicitar la extradición de alguien, para congelar o repa­triar bienes producto por ejem­plo del lavado de dinero”, dijo y agregó que incluso se redujeron la cantidad de trámites para la obtención de información desde los bancos que están obligados a la provisión de datos veraces.

“En el caso de las islas Sey­chelles, la autoridad central es la oficina del fiscal general. Entonces hay un trato directo entre ambas fiscalías, salvo que la fiscalía paraguaya requiera una intervención judicial, por ejemplo, para embargar una cuenta”, explicó Oviedo. Por su parte, el director de la Contra­loría, Armindo Torres, subrayó que se encuentran imposibili­tados en dictaminar sobre la correspondencia o no de bie­nes de Abdo, debido a que los organismos pertinentes como el Ministerio Público no pro­porcionaron los resultados de investigaciones con relación al movimiento ganancial de sus empresas de asfalto que no fue­ron consignados en su decla­ración jurada al dejar el cargo.

Cabe recordar que las distri­buidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA del expresidente Abdo facturaron 70 veces más durante su gobierno, pero estas multimillonarias ganancias en torno a los USD 45 millones fue­ron ocultas bajo la figura de fondos de reserva y no impactan en su crecimiento patrimonial.

“A mí me llama la atención es que si el presidente, en su declaración jurada de salida, no reveló este incremento patrimonial que tuvieron sus empresas. De entrada me parece una omisión gra­vísima porque si yo soy titu­lar de una empresa que tiene acciones de determinado valor al momento que yo asumí el cargo y estas ganancias exor­bitantes se generaron durante mi presidencia, el hecho que haya decidido durante las asambleas no recibir divi­dendo y haber tomado la deci­sión de llevar todas estas uti­lidades a cuentas de reservas, eso genera un incremento patrimonial en las empresas que correlativamente lleva a un incremento en el valor de la participación accionaria que tienen los accionistas en esas empresas. Si yo cuando entré declaré que mi participación accionaria en la empresa valía 100, pero al salir el patrimonio de estas empresas que se incre­mentó no sé cuánto… eso tam­bién debería declararse como el nuevo valor de mi participa­ción accionaria”, manifestó el abogado Carlos Palacios.