El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcio­naba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embol­sillarse millonarias sumas per­tenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el pro­ceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo ope­raba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien pla­neado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económi­cos como elementos para seña­larlos por las figuras penales de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y plati­llos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se con­cretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publi­cando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gas­tos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del che­que que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el direc­tor administrativo de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Áva­los a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Mar­tínez, quien ya contaba con millonario contrato de ali­mentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue sola­mente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.

El Departamento de Crimen Organizado realizó verifica­ciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figu­ran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país ale­jados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser con­signadas por los beneficia­rios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simu­lar la entrega de los kits.