A tres años de abrirse la causa por supuesto enriquecimiento ilícito vinculado a tráfico de droga, armas y otros al hoy gobernador de Apita, Javier Pereira Rivas, que incluye a sus hermanos, tras un informe de inteligencia financiera elaborado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el expediente vuelve a correr en los organismos judiciales y de control. Es así que, la Contraloría envió al Ministerio Público días pasados el estudio de correspondencia de bienes de tres de los hermanos que están en la Función Pública.

La investigación por presunto enriqueci­miento ilícito al clan Pereira Rieve que se había con­gelado en el Ministerio Público desde hace tres años volvió a correr. Desde la Contraloría General de la República (CGR) confirmaron que recibieron en estos días una reiteración por parte de la Fiscalía del estudio de correspondencia a los her­manos incluidos en la causa caratulada “Francisco Javier Pereira Rieve s/Enriqueci­miento Ilícito y otros”.

Desde el ente de control seña­laron que enviaron a la Fiscalía los análisis patrimoniales del ex-intendente de Cambyretá y actual gobernador Javier Pereira Rieve, su hermano, el diputado Carlos Pereira Rieve, y la hermana de ambos, Gladis Estela Pereira Rieve.

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Cabe recordar que la causa había sido abierta a raíz de un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) que vincula a Javier Pereira Rieve al tráfico de drogas, armas y otros presuntos delitos como enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias, lavado de dinero, ordeñe de combustible.

El estudio data de octubre del 2020 y revela el inusual creci­miento económico de Javier Pereira Rieve en coinciden­cia con su ingreso a la función pública. También hace refe­rencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algunos hermanos que fueron creando empresas con millonarios capitales cuyos orígenes no tenían formas de ser identificados formalmente.

Clan Pereira Rieve que figura en causa s/enriquecimiento ilícito

La institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encar­nación se convirtió mágica­mente en un potentado.

La pesquisa era parte del pro­ceso de combate al narcotrá­fico que iba ganando terreno en la frontera sur. Sin embargo, cuando estaba avanzada la investigación y en el momento clave de realizar un procedi­miento de operación vigilada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involucradas, a su estilo, el entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escu­chas telefónicas.

Inexplicablemente, se desman­teló el equipo de inteligencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus car­gos a los agentes que manejaban la información. Fuentes vincu­ladas a la investigación confir­maron que en la Senad hicie­ron desparecer documentos del caso que fuera caratulado como “Frontera Sur” y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras. Plo­mero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretá, amasó fortuna des­plegando imponentes inmue­bles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuada en unos USD 2 millones.

Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de concejal municipal de Camb­yretá declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la esca­lada financiera no conoció cri­sis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones. El patrimonio del jefe departa­mental aumentó 1.232 % con dos periodos de concejalía, tres de intendente (uno sin ter­minar) en la Municipalidad de Cambyretá. La Senad ya había alertado sobre los posibles orí­genes de su riqueza.

Su hermando el “Mago del sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, de una inversión G. 2,5 millones y algunos muebles que aportó a una empresa, constituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millo­nes, integrando de entrada G. 4.150 millones. Mega Concret es la hormigonera que cargó las losas en el edificio derrum­bado en Encarnación el 2 de abril pasado y dejó dos vícti­mas fatales.

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