Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.