En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por presunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gobernador y hermano del hoy calificado “Mago del sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.
Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, conocido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estudio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contraloría General de la República (CGR), “a pedido de intereses políticos”, los documentos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.
El parlamentario había mencionado el estudio de correspondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inversiones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denominada Mega Servicios de Ingeniería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.
Según la escritura de constitución en su página 5, Carlos Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones. Esta empresa no figura en la declaración jurada presentada por Pereira Rieve al asumir como concejal departamental, pero lo más llamativo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integraron G. 4.150 millones.
Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendidos en la materia, es la hormigonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la administración de su aliado político, Luis Yd en condiciones muy dudosas.
El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remitido por la Contraloría General de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irregularidad”, había remarcado.
INVESTIGACIÓN PENAL
Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su hermano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
El dato no menor y que no condice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriquecimiento y otros”, que se mantiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.
El pedido del examen de correspondencia lo había realizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que condenaran a un agente antidrogas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gobernador de Itapúa.
Además del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posiblemente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso continuó y llegó a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.
Ante el silencio de las instituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y respondió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes manejan mejor la info”.