El intendente Luis Yd prácticamente se borró del mapa tras el trágico derrumbe de un edificio en su municipio, mientras, su administración lleva adelante un silencioso sumario orquestado desde la comisión de obras de la junta que preside el concejal Keiji Ishibashi, que sugiere básicamente responsabilidades de subordinados y un blindaje a la máxima autoridad.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

En medio de un riguroso silencio del jefe de la comuna Luis Yd y toda su administración, sobe el trá­gico derrumbe sucedido hace un mes y que apagó la vida de dos personas, en marcha está un sumario que a todas luces orienta culpas hacia los subor­dinados sin una sola referen­cia de las responsabilidades de la máxima autoridad y la evi­dente negligencia en el asunto. Detrás de todo esto, a la vez se escondía una serie de cone­xiones, amistades y negocios entre políticos aliados en esta zona del país que hoy dejaron de ser un secreto.

Recordemos que el pasado 2 de abril, el derrumbe de un edi­ficio en la ciudad de Encarna­ción sorprendía a todo el país. Debajo de los escombros de esa estructura edilicia habían quedado los cuerpos sin vida de Montserrat Brítez de 15 y su abuela Hermelinda Báez de 55 años. Desde ese momento, la administración Yd comenzó a chulear informes y en medio del reclamo por los informes de los planos aprobados que hizo el concejal Andrés Morel, aparecía su colega Keiji Ishi­bashi en un rol que descolocó a muchos, pues era más que notorio su intento de dilatar la provisión de los documentos.

Ishibashi, el joven conce­jal que se había ubicado en la junta encarnacena con el eslogan del cambio, mili­tante político afín al equipo de la oenegera Soledad Núñez y al parecer más simpatizante que contralor de la adminis­tración de Luis Yd, preside la comisión de obras. Es así que la investigación que prome­tió el mismo ante las cámaras, para calmar los ánimos en un momento candente en que la opinión pública exigía expli­caciones de cómo elevaron 8 pisos sobe una estructura que solo estaba preparada para 5 niveles, se redujo a un informe superficial, con un relato que todos ya sabemos y con hilo que ignora olímpicamente las responsabilidades del jefe comunal.

Como si la municipalidad estuviera administrada por subordinados, sin mención de la aprobación que dio el inten­dente del edificio de 8 pisos y en base a qué argumentos, el informe de la comisión de obras de Ishibashi apunta a un blanqueo sin desparpajo del jefe comunal. La artillería se enfoca en los funcionarios de rangos menores y detrás de esta omisión se esconden vín­culos que generan más sospe­chas sobre el interés que tie­nen para el curso que le están dando al caso, siempre en medio de un rotundo silencio.

Nexos, amistades y negocios callaba Ishibashi, presi­dente de la comisión de obras que “investiga” el derrumbe del edificio propiedad de Ramona Teresa Bogado.

Resulta ser que la empresa hormigonera Mega Concret SA, que proveyó el concreto para la construcción, tiene entre sus accionistas al inge­niero Diego Matías Chávez Castro y al ingeniero Car­los Pereira Rieve. El primero es parte del equipo de tra­bajo de la empresa Arqui­tectava EAS, propiedad de Ishibashi, mientras que el segundo es el aspirante sucesor de Luis Yd.

Nexos políticos y de nego­cios se vienen escondiendo entre los escombros que se llevaron la vida de una abuela y su nieta.

Chávez Castro había con­firmado a La Nación Inves­tiga que realiza los “cálculos estructurales” para los pro­yectos de construcción de la empresa de Ishibashi. Este vínculo crea más suspicacia, puesto que uno de los princi­pales proveedores vincula­dos a la fallida construcción tiene como accionista a una persona que trabaja con el edil que preside la comisión de obras.

Tras la consulta que había­mos realizado al ingeniero Chávez Castro, la empresa de Ishibashi bloqueó de sus redes a miembros de nues­tro equipo de investigación lo que resulta aún más curioso de qué buscan ocultar. Sin embargo, difícilmente pue­dan maniobrar la responsa­bilidad que pesa sobre Yd y su administración que, dicho ya por el abogado de la familia de la joven fallecida, Rolando Aquino: “Si él no firmaba, la obra no se hacía”.