Unidad de Investigación Nación Media

Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de las organizaciones sin fines de lucro revelaron un alto nivel de hipocresía por parte del esquema político-comunicacional que lleva adelante la acometida contra el oficialismo. Los mismos que defendían las bondades de las oenegés, son los que ahora realizan contraataques a legisladores que impulsan ley de transparencia.

Una opereta político-comunicacional de varias etapas ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

La primera etapa, como ya reveló la Unidad de Investigación de Nación Media, utilizó un audio filtrado para intentar establecer una supuesta pelea entre el legislador y el presidente de la República, Santiago Peña. También sirvió para sacar del foco de la atención mediática el supuesto uso indebido de influencias por parte del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis y tratar de establecer posibles irregularidades en la Comisión Bicameral de Investigación.

La segunda etapa inició el pasado 3 de octubre y no solo reveló el esquema político-comunicacional, sino también la hipocresía de quienes gritaban persecución contra las oenegés amigas, pero que atacan sin piedad a las que no forman parte de su círculo.

El ataque inició el 3 de octubre pasado. Como siempre, el encargado de lanzar la bomba mediática fue el multimedio ABC Color, propiedad del Grupo Zuccolillo, muy interesado en que la CBI de lavado no prospere, debido a que una de sus empresas tiene varios casos pendientes.

Ese día, desde la calle Yegros publicaron sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo. La primera mentira fue el tratar como secreta la relación del legislador y su esposa con la comunidad que se dedica a la atención de personas adictas.

Era cuestión de buscar en internet para encontrar que GEN publicó en el 2021 una entrevista con Leite, en su carácter de tesorero de la oenegé, y que en julio de 2023 el perfil en X (antiguamente Twitter) del Arzobispado de Asunción publicó imágenes de una reunión del hoy cardenal Adalberto Martínez con el actual legislador.

La noticia fue recirculada rápidamente por medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora, todos propiedad del Grupo Vierci. Curiosamente, estos grupos olvidan la supuesta competencia entre ellos cuando de ataques coordinados se trata.

El esquema ya se vio varias veces antes: en mayo de 2022, cuando los medios de los Grupos Zuccolillo y Vierci amanecieron con las mismas portadas repitiendo el informe ilegal de la Seprelad para atacar al expresidente Horacio Cartes.

Tras la repetición entre los medios aliados, aparecieron los “activistas” y políticos aliados para proseguir con la siguiente fase del ataque. Avanzada e instalada la mentira de la supuesta organización secreta, la siguiente era hablar de la función de Leite como miembro de la CBI y como uno de los impulsores de la ley que transparenta los fondos que reciben las oenegés.

Por ejemplo, el diputado encuentrista Raúl Benítez salió a pedir la salida de Leite y que se desarme la CBI, una herramienta constitucional que alababa cuando brindaba informes contra el expresidente Cartes. Su ataque siguió luego pidiendo informes a la Itaipú por haber entregado G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.

Otro de los que replicó el pedido de renuncia de Leite fue el periodista Benjamín Fernández Bogado, el mismo que durante mucho tiempo dijo ser alumno de Harvard sin haberlo sido y que también recibió fondos a título personal y a través de su fundación.

También apareció la “escrachadora” María Esther Roa, quien aparece en la lista de activistas beneficiados con millonarios fondos por parte de oenegés que reciben financiamiento del extranjero.

Leite convocó a una conferencia de prensa en la que presentó los orígenes de los fondos que recibió la asociación civil. Curiosamente, quienes dicen estar en contra de la ley que obliga a transparentar los fondos que reciben las oenegés fueron los que atacaron al legislador por supuestamente no ser lo suficientemente transparente.

Una vez más fueron los medios y periodistas de los grupos Zuccolillo y Vierci los encargados del fogueo mediático. Por ejemplo, Última Hora se encargó de insistir en que la Comunidad Cenáculo recibió fondos de Tabesa e Itaipú, aunque se olvidó de mencionar que Antonio Vierci, propietario de ese diario, también realizó donaciones a la oenegé.

Además de los multimedios empresariales, también volvieron los ataques de los “independientes” como “El Surtidor”, un supuesto medio independiente que se financia con jugosos fondos del extranjero. Para el ataque independiente, utilizaron también a satélites de “El Surti” como “La Precisa”, espacio que vendían como especializado en una técnica conocida como “Fact-checking”, trabajo periodístico prestigioso realizado con mucha imparcialidad por grandes medios, pero que aquí quedó reducida a ataques ideológicos.

La Precisa atacó a Leite porque la oenegé ligada a la empresa del legislador recibió fondos privados y públicos, pero se olvidó de relatar que el medio recibió millonarios fondos del extranjero.

En total, la Comunidad Cenáculo recibió. G. 2.000 millones en cinco años, lo que desató la indignación colectiva de algunos sectores. Esa misma indignación no apareció cuando se revelaron los millonarios fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

Por ejemplo, una de las que atacó hasta el cansancio el proyecto de ley de transparencia es María Victoria Rivas, direc­tora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Sin embargo, la mismísima página web del CEJ revela que la organización trabaja con fondos de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid, por su sigla en inglés) y de la Unión Europea en planes de trabajo que atañen directamente a colaboraciones con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

Eso sí, en la web no existe ningún registro de cuánto dinero del extranjero reciben ni quiénes son las personas contratadas a nivel local para estos proyectos que atañen a vínculos con el Estado.

Otra oenegé que se ha mani­festado en contra del pro­yecto de ley es Tedic, agru­pación que declara dedicarse a “la defensa y promoción de derechos humanos en entor­nos digitales con foco en des­igualdades de género y sus intersecciones”. A diferencia del CEJ, Tedic sí publica sus informes de audi­toría que dejan muy en claro el millonario financiamiento que reciben del extranjero.

Por ejemplo, la organiza­ción recibió más de G. 1.343 millones del Fondo Meta Pla­forms Inc, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, y que es propietaria de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y otras platafor­mas y servicios más.

La empresa tiene cues­tionamientos de organis­mos internacionales como Human Rights Watch por censura sistémica. Tedic también declaró haber recibido G. 71 millones de Alphabet, la empresa propietaria de Google, Duolingo y otros servicios más. Esta firma también tiene numerosas críticas por manejos de datos personales y también por censura.

El mayor financista de Tedic, al menos según lo que la misma oenegé publica, es Open Society Fundation, fundada por el polémico mul­timillonario húngaro-esta­dounidense George Soros, de la que recibió más de G. 5.580 millones.

Tedic también recibió fondos del CIRD, de Semillas para la Democracia y otras entidades más de este tipo. Es decir, Tedic recibió de un solo financista casi el triple de lo que recibió la Comunidad Cenáculo. Pero en ese caso, la indignación no existía, porque se trataba de una oenegé amiga.