El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, afirmó que los ata­ques contra su gestión prove­nientes del medio de comuni­cación Abc Color surgen tras frenar los negociados de tie­rras en la zona de Chaco para­guayo, en inmediaciones del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico, que se pretendían llevar adelante en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Ocurrió un hecho graví­simo que me había reservado, pero no tengo inconvenientes en hablar. Yo no voy a enten­der esas publicaciones en mi contra, si yo no instalo este hecho. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se firmó un acuerdo con una persona que se llama Héctor Urbano Parodi, quien es funcionario público de la Municipalidad de San Lorenzo, quien había dicho que tiene un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry y que entregaría el título de pro­piedad al Indert a cambio de inmuebles en la Bioceánica”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ruiz Díaz siguió exponiendo el esquema de negociados que se pretendía concretar mediante un acuerdo de permuta fir­mado durante la administra­ción de la extitular del Indert, Gail González Yaluff. El fun­cionario de Estado agregó que existirían otros hechos simi­lares de irregularidad que son investigados. “El Indert le menciona que no tiene cómo pagarle el costo de las tierras, entonces afirma que no será un problema, que se firme un acuerdo por el cual la institución quedará debiéndole USD 16 millones, que iría a buscar inmuebles en la Bioceánica y que descontaría nada más de esa suma de dinero. Si yo tomo ese dinero y lo divido en valo­res promedios de la reforma agraria se le tendrá que entre­gar a Parodi para saldar esa cuenta 200 mil hectáreas del Chaco, principalmente en la zona de influencia de la Bio­ceánica”, refirió.

Ruiz Díaz acotó: “Por lo visto tranqué algo que está moles­tando. Me entero sobre este acuerdo de permuta en diciembre de 2023 y el 17 de enero de 2024 saco un comunicado donde digo que no se acepta ningún inter­cambio de inmuebles vin­culado a procedimientos de permutas”.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, anunció que Paraguay y Brasil se preparan para reactivar las reuniones de negociación del Anexo C de Itaipú, luego de que la Cancillería recibiera el informe sobre el espionaje en Brasil.

El documento, actualmente en análisis, abre paso al restablecimiento pleno de la mesa bilateral con miras a concluir la revisión del Anexo en 2026 y definir las bases de la relación energética para las próximas décadas.

La Costanera de Asunción se consolida como punto de encuentro para hinchas los argentinos y brasileños que llegaron a Paraguay para la final de la Copa de Sudamericana, que se disputará mañana en el estadio Defensores del Chaco, con el Fan Fest destinado para los visitantes.

Desde la Policía Fiscalizadora de la Municipalidad de Asunción indicaron que los controles en los puntos donde se concentran los fanáticos de Atlético Mineiro (Brasil) y Lanús (Argentina) ya se iniciaron. En ese sentido, Constantino Ayala mencionó que se conformó una mesa de trabajo entre la Dinapi, la Fiscalía de marcas y la Policía Nacional.

Las personas que cumplieron 71 años hasta junio de este 2025, y que reúnen los demás requisitos, ingresan desde hoy al programa adultos mayores y podrán cobrar esta mañana en ventanilla del BNF.

Una nueva tanda de beneficiarios se incorpora este 21 de noviembre al listado de las personas mayores que cobran la pensión universal que otorga el Gobierno.

La parroquia Santo Domingo Savio de San Lorenzo volvió a celebrar misas dentro del templo desde el pasado jueves, gracias a la pronta solidaridad de los feligreses que permitió la reconstrucción completa del techo afectado por el temporal del fin de semana.

La comunidad religiosa agradeció a los fieles, miembros de la familia salesiana y amigos de la congregación religiosa que hicieron llegar sus donaciones y aportes.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, considera viable la propuesta hecha por el presidente de la República, Santiago Peña, de hacer coincidir las vacaciones de invierno de los niños con el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Una de las opciones que se barajan es adelantar el inicio de clases a la quincena de febrero.

“Se está estudiando, nosotros necesitamos realmente para decidir que el 5 de diciembre se fije definitivamente la fecha de inicio de los partidos de Paraguay. Estamos esperando eso para poder ver ya una fecha exacta, pero nosotros tenemos muchos días en febrero porque empezábamos muy tarde. Ahí nosotros tenemos para jugar dos semanas, que podemos adelantar”, señaló al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, afirmó que los ataques contra su gestión provenientes del medio de comunicación Abc Color surgen tras frenar los negociados de tierras en la zona de Chaco paraguayo, en inmediaciones del futuro puente internacional del corredor Bioceánico, que se pretendían llevar adelante en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Ocurrió un hecho gravísimo que me había reservado, pero no tengo inconvenientes en hablar. Yo no voy a entender esas publicaciones en mí contra, si yo no instalo este hecho. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se firmó un acuerdo con una persona que se llama Héctor Urbano Parodi, quien es funcionario público de la Municipalidad de San Lorenzo, quien había dicho que tiene un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry y que entregaría el título de propiedad al Indert a cambio de inmuebles en la Bioceánica”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y miembro Consejo de Administración de Itaipú, Javier Giménez, no descarta que el Gobierno exponga a la ciudadanía el informe confidencial proporcionado por Brasil sobre el esquema de hackeo contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional.

“Es un capítulo que se va cerrando para dar vuelta esta página triste y para ponernos en agenda positiva. La transparencia es muy importante y que la ciudadanía conozca lo que pasó. Aún no se analizó el documento, será un arte analizar bien el informe y lo que se puede exponer a la opinión pública y contar se hará y lo que no, no porque detrás hay una relación bilateral importante y temas en agenda que hay que cuidar”, manifestó.

• LA CAJA NEGRA

Lapidarias auditorías internas y externas revelan el colapso financiero y estructural del Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administra­ción de Vicente Bataglia, el titular del ente durante el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, dejando miles de asegu­rados sin acceso a hospitales prometidos y con un sistema sanitario fuertemente dete­riorado. Estas irregularida­des fueron puestas a cono­cimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía para que se llegue hasta todos los responsables de la crisis en la previsional.

El presidente del IPS, Jorge Brítez, entregó al contralor general, Camilo Benítez, los resultados de auditorías que exponen graves irregu­laridades cometidas en la gestión de Vicente Bataglia (2021-2023), bajo el gobierno anterior. La situación revela una crisis estructural provo­cada por desvío de fondos, obras inexistentes y falsifi­caciones documentales.

Uno de los puntos más alar­mantes es el uso irregular del fideicomiso (FID) por G. 828.800 millones, cuyo des­tino debía ser la construc­ción de cuatro hospitales y otros centros de salud. Sin embargo, solo se constru­yeron dos, mientras que el Hospital Hemato-Oncoló­gico apenas supera el 20 % de avance y el Hospital Día directamente no existe.

Para este último centro fue­ron asignados USD 60 millo­nes que debía ser un hospital ambulatorio sin internación. Sin embargo, no existe pro­yecto, resolución ni aproba­ción del IPS que respalde su ejecución. Los fondos fueron redirigidos sin justificación al Hospital Geriátrico Buon­germini, que sí cuenta con camas de internación, vio­lando la finalidad original del financiamiento.

Además, se detectaron pagos por obras inexistentes por G. 3.098 millones, con certifica­dos de contenido falso. Una empresa contratista incluso admitió haber cobrado por trabajos no realizados y ofre­ció devolver el dinero tras ser descubierto por la auditoría.

Así también, el informe deta­lla que durante los ejercicios 2022 y 2023, el IPS solicitó ampliaciones presupuesta­rias por G. 700 mil millones y 2,1 billones de guaraníes con base en saldos iniciales de caja que no existían, com­prometiendo aún más la sos­tenibilidad de la institución.

Estas ampliaciones fueron utilizadas para cubrir gas­tos sin respaldo real, lo que contribuyó directamente a la actual crisis de pagos, deuda acumulada y deterioro en la atención médica.

Las auditorías determina­ron que incluso se mintió al Ministerio de Economía (entonces Hacienda) para justificar ampliaciones con fondos que nunca estuvieron disponibles. El resultado de esta gestión irresponsable es tangible, ya que dos hospita­les prometidos no existen, y el IPS arrastra deudas millo­narias que afectan directa­mente a la calidad del servicio médico para sus asegurados.

Mientras miles de paragua­yos esperan por turnos, tra­tamientos o cirugías, los fon­dos que debían fortalecer la infraestructura hospitala­ria fueron mal utilizados o directamente desaparecie­ron durante la administra­ción abdista.

Desde octubre de 2023, la actual administración pre­sentó ya cuatro denuncias penales por estos hechos. Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel, Leonardi Guerrero y Héctor Velázquez están al frente de las investigaciones.

Además, ahora la Contralo­ría General de la República tiene en sus manos los infor­mes de auditoría que eviden­cian cómo fue el comienzo de la debacle en la previsional, cuya responsabilidad tiene nombre y apellido.

El espionaje informático de Brasil a Paraguay, que se habría iniciado durante los gobiernos de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, no parece tener mucho sentido, de acuerdo al senador Gustavo Leite, ya que, en ese momento, las negociaciones se dieron por imposición de Brasil y Mario Abdo cumplía. El legislador recordó que, luego de 12 años, la tarifa de Itaipú se redujo en el 2022 a USD 16,71 kW/mes, lo que no era una ventaja para Paraguay.

“Tal vez el hackeo fue para ver qué dicen de los golazos que le metíamos todo el tiempo, no nos olvidemos que nosotros bajamos durante el periodo Bolsonaro-Marito de 22,60 a 16, y nadie nunca explicó nada, y acá nadie tampoco reclamó nada”, dijo Leite, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

También refirió que probablemente lo que Brasil quería saber, en ese momento fue cuál era el punto mínimo al que Paraguay cerraría las negociaciones. “Yo estoy haciendo mi película de qué puede haber sido el espionaje, no hay un espionaje más allá del número que Paraguay gustaría cerrar”, dijo el senador.

Te puede interesar: Para Leite, “hay una falsedad” en pedido del propio Abdo para ser desaforado

Ante estos hechos, refirió que está de acuerdo con la instalación de una comisión bicameral de investigación. “Ahí es donde quiero adherirme a una propuesta que hizo ayer el senador Basilio Núñez de considerar seriamente una comisión bicameral que investigue qué es lo que pasó, por qué Marito bajó la tarifa a 16 y después de las negociaciones llevamos devuelta a 19, ¿qué pasó?”, señaló.

El lunes 31 de marzo, el periodista brasileño Aguirre Talento publicó en el portal de noticias UOL que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) planificó una operación de espionaje durante el gobierno de Bolsonaro, y que la acción se realizó con la autorización del actual director de la Abin de Lula, Luiz Fernando Corrêa. La operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y declarada ineficaz por el director interino de la Abin, el 27 de marzo de 2023.

Mientras tanto, Leite señaló que esta revelación de hackeo por medios brasileños, que el gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva confirmó que ocurrió en la era Bolsonaro, puede ser parte de una guerra política entre ambos sectores, teniendo en cuenta que existen acusaciones mutuas, y que probablemente tendrá más incidencia en el escenario interno de ese país.

“Ayer hablé también con algunos colegas de Brasil para ver qué veían ellos, por supuesto hablé con gente que no es cercana a Lula, y la gente dice que esto fue en el gobierno de Lula. El tema pasa por qué es lo que ibas a espiar si no hubo negociaciones en el periodo de Marito-Bolsonaro, sí hubo imposiciones brasileñas que Marito graciosamente aceptaba”, sostuvo Leite.

Por otra parte, cuestionó que el gobierno de Da Silva no haya informado a Paraguay sobre este supuesto hackeo, si ya contaba con estas informaciones, destapada por los medios de comunicación, recién esta semana.

“A nosotros nos choca porque somos de buena fe, y lo que más a mí me llamó la atención, primero es la revelación a través de UOL, segundo la confirmación del gobierno de Lula, pero que fue en el gobierno anterior y que se acabó ya en marzo del 2023, ¿por qué no nos avisaron en el 2023?, ¿por qué tiene que filtrarse en el 2025?”, se preguntó Leite.

Leé también: Suspensión de la revisión del Anexo C: “Es la reacción correcta”, opina experto