• Rossana Escobar M.
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Francisco Alcaraz Díaz, coordinador de Más Ciudadanía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oenegés que persiguen hechos de corrupción con una característica selectividad política, fungió ser un modesto asalariado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la realidad resultó ser un cotizado consultor del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025. El dato se desprende de una investigación en curso de la previsional por presunto “seguro de favor” y se torna relevante en el contexto en que la mencionada ONG y otras grandes corporaciones camufladas de representantes de la sociedad civil declaran la guerra al proyecto de ley que busca transparentar el financiamiento de las mismas.

Dos informes en el Instituto de Previ­sión Social (IPS), uno proveniente de su Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) y otro de su Dirección Jurídica, dejan prácticamente a cara des­cubierta al coordinador antico­rrupción del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Alcaraz Díaz, como benefi­ciario mau del seguro social. A la vez deja al descubierto el rentable negocio de articular ONGS con una agenda selec­tiva de persecución de casos de corrupción en nuestro país.

Cabe recordar que, para acce­der al seguro del IPS, Alcaraz Díaz se había declarado un modesto asalariado de su con­tadora Isabel Benítez Espínola. La mujer es una de las consul­toras que facturan en el pro­yecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción a cargo del coordi­nador del CIRD y de esta forma se intercambian roles intere­santes, en un caso la señora es la empleadora de Alcaraz Díaz y en el otro, el mismo le contrata a su patrona en el proyecto que lleva adelante.

Según los datos consignados en los informes menciona­dos, Alcaraz Díaz figura como empleado asegurado por Bení­tez Espínola en el IPS desde mayo del 2023 con un sueldo de G. 2.550.307, monto que sube a G. 2.680.373 desde julio del mismo año. Según contrato, el beneficiado figura como “ase­sor externo” y en cuanto al lugar y horas de trabajo se hace constar que “asistirá cuando sea convocado por el empleador para reuniones puntuales y de acuerdo con las necesidades se definirán las horas de trabajo”.

Sin embargo, en el libro de suel­dos correspondiente a varios meses del 2023, presentado al Ministerio del Trabajo, Alca­raz Díaz es “asesor jurídico” con salario mensual de G. 2.550.307 con un promedio de 30 días tra­bajados y 8 horas por día. Esto evidencia una importante inconsistencia, según consigna como observación la (AOP).

La investigación también revela datos que no solo confirman que Alcaraz Díaz no es un modesto asalariado que trabaja 8 horas diarias en una consultora, sino que registra millonarias fac­turaciones como consultor del CIRD, la misma ONG que finan­cia Más Ciudadanía, Menos Corrupción en la que facturan empresas a las que también está vinculado el mediático coordi­nador anticorrupción y su hijo Carlos Francisco Alcaraz Espí­nola. En los documentos apa­rece jugoso contrato por con­sultoría en el que se asegura facturación por 3 años, con­sistente en 36 pagos mensua­les de G. 22.000.000 y un total de G. 792.000.000. Capaz esta sea una de las razones del her­metismo de las grandes corpo­raciones de ONG’s con relación a sus respectivos financia­mientos.

El caso de Alcaraz Díaz es un hecho con fuertes indicios de “seguro de favor” que ya había alertado la Dirección Jurídica del IPS. “Son actos que se dan en la previsional como una forma de engaño, simulación y defrau­dación”, dice parte del dicta­men que fue elevado a la pre­sidencia del ente y por el cual se solicita una urgente audito­ría. Alcaraz Díaz tiene como beneficiarias de su seguro a su esposa Mirtha Espínola de Alcaraz (funcionaria munici­pal) y a su madre Carina Díaz Alfonso que cuenta con RUC en estado activo y se dedica al comercio de joyas y relojes. Al respecto de ambas, se informó que se requirieron informes a la Gerencia de Salud sobre la utili­zación de los servicios, medica­mentos u otros insumos.

El posible fraude en el acceso a seguro de IPS no es la primera ni la única denuncia que sal­pica a un miembro del CIRD. Recordemos que el presidente de esta corporación, Agustín Carrizosa, fue blanco de cues­tionamientos al descubrirse que aprovechando convenios firmados por la ONG con el Estado repartió millones pro­venientes del bolsillo de los con­tribuyentes a su clan familiar.

Agustín Carrizosa aprovechó convenios con el Estado que en realidad son millonarios con­tratos de manera directa para pagar sueldos y honorarios a su hija Paola Carrizosa Brads­haw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrup­ción, Carlos Francisco Alcaraz. Inflaron sus bolsillos con sensi­bles proyectos de reactivación económica e incluso rifaron la plata de los contribuyentes con jugosos honorarios a operado­res políticos.