La candidata perdidosa por la Concertación, Soledad Núñez, había ubicado en un puesto de asesora en la Dirección de Contrataciones Públicas de su institución a María Alejandra del Puerto Bellassai, esposa de un leal oenegeísta a la exministra. Foto: Gentileza
Soledad Núñez también repartió puestos a leales, pero ahora se revela contra nepotismo
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Cuando fue ministra Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), la candidata perdidosa por la Concertación, Soledad Núñez, había ubicado en un puesto de asesora en la Dirección de Contrataciones Públicas de su institución a María Alejandra del Puerto Bellassai, esposa de un leal oenegeísta a la exministra y a su esposo Bruno Defelippe, de nombre Diego Sosa Maciel.
El puesto fue básicamente de trampolín para que la cónyuge de Sosa Maciel migrara al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), donde se registran remuneraciones de G. 12,4 millones hasta julio del 2022.
Sosa Maciel es uno de los leales más férreos al clan Núñez de Felipe que creó una red oenegés que históricamente han usado y ordeñado al Estado. No es un hecho menor que, Sosa Maciel, fue cofundador de Alma Cívica junto con Soledad Núñez, ONG convertida en guarida de militantes de la Concertación Nacional y bajo el ropaje de contralora de la sociedad civil quiso intervenir en las últimas elecciones generales.
María Alejandra del Puerto privilegiada en Senavitat con Soledad Núñez y su esposo, Diego Sosa Maciel, oenegeísta leal. Foto: Gentileza
Con estos antecedentes que desafían a la memoria de la colectividad, Soledad Núñez se erige como una de las propulsoras de la “Ley Chau Nepotismo” que, obviamente, tiene como principal foco a los adversarios políticos. El proyecto de ley fue elevado ayer y la exministra marcó acto de presencia junto con otros políticos oenegeístas, también perdidosos de las últimas elecciones.
Muchas de las ONGs en las que aparecen principalmente Defelippe y una rosca de amigos responden a un proyecto que le financió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la empresa Koga SA, emprendimiento de US$ 1,6 millones con US$ 700 mil de contrapartida local, que nunca se transparentó el orígen.
Otros leales a la pareja que se ubicaron en Senavitat en los tiempos de Soledad Núñez son Leticia Bordón, parte de la red de mentores de la empresa de Defelippe, Koga SA que ingresó a la cartera estatal en el 2015 como coordinadora del proyecto Sembrando Oportunidades y Che Tapŷi hasta el 2018. Al igual que Del Puerto, Bordón luego pasó al Mitic desde el 2019, donde registra cobros hasta el diciembre del 2023.
También Aurora Escurra Chamorro, quien fue subdirectora en la ONG Techo Paraguay junto con Núñez, se incorporó a la Senavitat en el 2017 como coordinadora adjunta del programa Che Tapŷi hasta el 2018 y desde el 2019 también pasó al Mitic donde permanece hasta la fecha como profesional de la dirección general del Gabinete.
La exdirectora de Administración y Finanzas de la ONG Techo Paraguay, Catherine Lynn Kelly, también se ubicó en la Senavitat desde noviembre del 2016 hasta agosto del 2018, de la mano de Núñez, se inició como directora financiera y luego fue directora general interina de Finanzas de la institución.
Diputados uruguayos aprueban proyecto de muerte asistida
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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó a primera hora del miércoles pasado un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones, tras un extenso y vehemente debate de la norma que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado. Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.
El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados. Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.
Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos. “Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.
Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales.
“Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.
De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.
Entre los opositores al proyecto denominado “Muerte Digna”, el diputado del centroderechista Partido Nacional Andrés Grezzi consideró que se instala que “las personas morirían de forma indigna” sin la ley, cuando “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte”.
Los cuidados paleativos están reglamentados en Uruguay, pero el código penal uruguayo sanciona con prisión a quién ayude a cometer suicidio. En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62 % de los uruguayos está a favor y apenas un 24 % en contra.
Nepotismo y caja paralela: Prieto sostuvo a su prima en esquema denunciado por interventor
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.
La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).
En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.
Pero las evidencias señalan que se tratan de casos distintos, con tributos diferentes, personas diferentes y, sobre todo, con un nivel de gravedad que compromete directamente al círculo familiar del intendente intervenido, quien justamente había admitido que incurrió en nepotismo en una entrevista televisiva en directo, en mayo pasado, ubicando a cuatro primos por contratación directa, entre ellos, a Meribeb Alonzo Vallejo, como jefa de Impuestos Inmobiliarios. Removió a su prima del cargo en junio pasado debido a la presión por su sincericidio mediático.
“Son mis primos, sí. Meribeb Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de Impuesto Inmobiliario. Desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de Impuestos Inmobiliarios”, expresó Prieto en la emisión de TV abierta. “Son contrataciones directas, son parientes míos”, admitió, minimizando su confesión: “Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucha diferencia”.
La intervención aportó pruebas documentales de inconsistencias en las cajas municipales ante la Fiscalía. Foto: Gustavo Galeano
Casos diferentes
La denuncia de Prieto por un presunto monto de casi G. 900 millones en irregularidades en ejercicios anteriores, no es el mismo caso que también denunció la intervención ante el Ministerio Público, por un esquema de desvío de recursos municipales, que mencionó G. 75 millones “desaparecidos” tan solo al revisar los comprobantes de las cajas 6 y 8 en apenas dos días.
• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.
• Distintas personas: en el caso de Prieto, dos funcionarios; en el de la Intervención, la prima del intendente esteño.
• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.
La intervención reveló que una auditoría informática al sistema SIGEM detectó millonarios pagos registrados en enero de 2025 que no aparecen reflejados en la Tesorería municipal. Entre los señalados por las irregularidades figuran Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, junto a Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera.
La fiscalización aportó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que prueban pagos inconsistentes, perfiles de usuarios alterados y posibles manipulaciones del sistema. Muchos comprobantes tienen fechas y montos válidos en el sistema, pero no coinciden con los arqueos reales de caja.
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este denunció en mayo pasado a Prieto por nepotismo ante la Fiscalía, incluyendo a su prima. Foto: @contraloriacde
Impuestos inmobiliarios
“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó ayer el interventor. El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios.
“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que es totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo, unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6, pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.
El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en fecha 11 de agosto.
La intervención denuncia recaudaciones en cajas que no ingresaron pagos en el arqueo y facturas de 6 dígitos. Foto: Gentileza
“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.
La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificadas.
Diputados debatirá este lunes el acuerdo Mercosur–Singapur
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La Cámara de Diputados tiene previsto analizar, durante su sesión extraordinaria convocada para este lunes 11 de agosto a las 14:00, el proyecto de ley “Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro (Brasil).
Este proyecto normativo ya se encuentra en segundo trámite constitucional, es decir, cuenta con la media sanción de la Cámara Baja, que fue modificada por el Senado y ahora debe ser puesta nuevamente a consideración del plenario, donde podrán aceptar las modificaciones planteadas o ratificarse en su versión sancionada.
Este acuerdo establece una zona de libre comercio alineada con el GATT de 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), regulando en diecinueve capítulos temas como comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, contratación pública, políticas de competencia y apoyo a las mipymes.
El documento planteado por el Poder Ejecutivo, establece el acceso a mercados, Singapur liberalizará, inmediatamente, los aranceles para todos los productos del Mercosur, mientras que el bloque regional desgravará el 95,8% de su universo arancelario (90,8% del valor importado desde Singapur), con un 25,6% de libre comercio inmediato y el resto de forma gradual en 4, 8, 10 y 15 años.
Puerta estratégica
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo explica que Singapur, como centro financiero y logístico global, es una puerta estratégica al Sudeste Asiático, conectando al Mercosur con mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y ASEAN, entre otros.
“Esto permitirá al Paraguay integrarse en cadenas globales de valor, consolidar bajos aranceles para productos clave como carnes, soja y alimentos procesados, e importar tecnología competitiva para aumentar la productividad”, refiere el documento.
Diputado plantea crear sello de Precio Justo como incentivo para bajar precios de la canasta básica
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra destacó el esfuerzo del presidente de la República Santiago Peña y su equipo por buscar cada día una mejor estabilidad económica y trabajar en soluciones concretas. En ese contexto, el legislador indicó que trabaja en una propuesta para acompañar la gestión del Gobierno, con la creación de un sello de “Precio Justo”.
En comunicación con La Nación/Nación Media explicó que la idea es que el consumidor pueda elegir y con orgullo los productos nacionales, además de tener la tranquilidad de que lo que está pagando es el precio justo. “Lo importante es proteger la canasta básica, que es una responsabilidad de todos”, expresó.
El legislador señaló que se necesita estar con ideas concretas, de modo que tanto el consumidor como el empresario queden conformes. Por ello, indicó que su propuesta es crear un sello de Precio Justo, como una herramienta técnica y de uso voluntario, a petición de la parte interesada.
Explicó que en su propuesta plantea que sea el Ministerio de Industria y Comercio la institución encargada de otorgar este sello. Señaló que la idea principal es proteger la canasta básica familiar, que es lo que le aqueja a la ciudadanía y que necesita que la clase política se haga eco de esta situación para tratar de llegar a una solución favorable a todos.
El diputado Rodrigo Gamarra aclaró que con su propuesta legislativa no se busca de ninguna manera un control de precios. Foto: Archivo
“Esto va enfocado directamente a los productos que forman parte de la canasta básica familiar, y no se trata de aquellos productos premium que sabemos que tienen otros tipos de valores agregados y por ello su precio es más elevado”, explicó.
No contemplan sanciones
El parlamentario aclaró que con su propuesta legislativa no se busca de ninguna manera un control de precios, ni tampoco representa una intervención al precio de mercados. Tampoco plantea ninguna sanción, ni ningún efecto negativo, ni de restricción, ni coacción, hacia nadie.
“Lo que planteo es crear un puente entre el productor y el consumidor final, y que se base en la trazabilidad para trabajar en la transparencia y la confianza que es lo que le va a brindar esta propuesta. Acá no se busca engañarle a nadie, sino que se plantea sacar un producto que beneficie a todos y que tanto el productor como el consumidor queden conformes y que el empresario pueda vender más”, precisó.
Finalmente, el diputado Gamarra resaltó que ve muy positiva la iniciativa del Ejecutivo de plantear una baja de los precios de la canasta básica, señalando que esto va a beneficiar todo con precios más equilibrados y que alcance para todos los ciudadanos.