Unidad de Investigación, Nación Media
Desde la Contraloría General de la República señalaron que están verificando en detalle las rendiciones de cuentas de las transferencias de fondos estatales al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y que incluso pidieron más documentaciones, lo que posterga las conclusiones pertinentes. La investigación se había iniciado al saltar nombres de varios operadores del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez, que recibían cobros provenientes del dinero público durante la pandemia a través de la ONG. En los documentos, además, figuran cobros del clan del presidente del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, incluido el mismo, su hija, su pareja, una cuñada y el hijo del coordinador Anticorrupción de la fundación, Francisco Darío Alcaraz. Este último también investigado por presunto fraude al seguro del Instituto de Previsión Social.
Tras el escándalo desatado a raíz de las millonarias transferencias del Estado repartidas a los familiares y cercanos del presidente de Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Agustín Carrizosa Gubetich, la Contraloría General de la República (CGR) abrió una revisión de sus rendiciones de cuenta. El director de Rendiciones de Cuenta de la CGR, Jorge Peña, refirió a Nación Media que desde su dirección se está preparando un minucioso análisis de los documentos proveídos por la ONG y adelantó que para enero del año entrante tienen previsto un informe del caso.
La conclusión se retrasa por los cruces de informes y pedidos de más documentaciones.
La investigación de las rendiciones de cuenta del CIRD se inició luego de que una investigación de Nación Media develara que el proyecto de “Reactivación Económica Poscovid” del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) administrado por la ONG era una bolsa de empleo del clan Carrizosa – Alcaraz. Hay otros programas en las que la familia sigue colgada del dinero de los contribuyentes.
El convenio poscovid costó al Estado G. 6.098 millones y aquí encontraron fuente de ingresos la hija del presidente del CIRD, Paola Carrizosa Bradshaw, con cobros consecutivos de jornales de G. 4,5 millones; la pareja del presidente de la fundación, María Berta Rojas Aveiro, a la que en total se le asignaron G. 212 millones en concepto de “consultorías, asesorías e investigaciones”; bajo el mismo concepto, también figuran cobros por G. 109 millones a nombre de Marta María Rojas Aveiro, hermana de Berta y cuñada de Agustín Carrizosa.
Entre los mencionados figura como otro privilegiado Carlos Francisco Alcaraz, con honorarios mensuales de G. 4,5 millones. Este último es hijo del coordinador anticorrupción de la fundación, Francisco Darío Alcaraz.
La pesquisa por parte de la Contraloría se inició el pasado 7 de noviembre cuando el contralor general de la República, Camilo Benítez, ordenó una inmediata revisión de las rendiciones de cuentas presentadas por la ONG y días después decía que “una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organización CIRD, en su rendición de cuentas no presentó documentaciones respaldatorias. Como un motivo de la falta de rendición de cuentas debidamente, nosotros estamos haciendo una fiscalización especial de los fondos que fueron transferidos a esta ONG. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”.
No hay que olvidar que en las planillas del mismo proyecto de reactivación poscovid también fueron identificados varios operadores fanáticos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez, quienes también aseguraron cobros del Estado mediante sus contratos con el CIRD, como son Diego Barreto Zelada, que figura con honorarios de G. 6,1 millones; Rossana Mendoza Balmori, con jornales de G. 4,5 millones; Moisés Justiniano Piccinini, con jornales de G. 3,5 millones; Santiago Salvador Acosta, con jornales de G. 3 millones; Lida Graciela Monzón, también con jornales de G. 3 millones, y Dora Liz Ortega, que figura con cobros de G. 6,1 millones como personal técnico.
Otros operadores del abdismo beneficiados en el proyecto de “Reactivación Económica Poscovid” son Osvaldo Ocampos Muñoz, Óscar David Gibbons e Isabelina Velázquez, candidatos seccionaleros de las elecciones pasadas de Mariano Roque Alonso, Lambaré y Areguá quienes tenían asegurados sus sueldos financiados con dinero público en tiempos de campaña electoral.
Otro proyecto público adjudicado a la ONG es el de “Metodología Innovadora en la Formación Profesional y el Fortalecimiento del Sinafocal”, en el que el propio presidente de la organización, Agustín Carrizosa, figura con honorarios mensuales de G. 8,2 millones.
El coordinador anticorrupción del CIRD, Francisco Darío Alcaraz, también está bajo la lupa. El Instituto de Previsión Social (IPS) le inició una investigación por posible fraude al seguro, esto luego que saltara a la luz que, registra como empleado de Isabel Benítez Espínola, contadora que a su vez factura en el proyecto que el mismo coordina.