El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se develara la forma discrecional en que tanto familiares como cercanos del presidente de la organización, Agustín Carrizosa Gubetich, figuran con millonarios cobros en proyectos financiados con dinero del Estado entre el 2019 y el 2023.

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) se encuentra sumido en un escándalo a raíz de las publicaciones de nuestro medio en las que se revela­ron los millonarios cobros que eran adjudicados tanto a fami­liares como a cercanos del pre­sidente del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, en los que se incluye él mediante proyec­tos financiados por el Estado.

Un ejemplo de este manejo discrecional se puede ver en la rendición de cuentas del proyecto “Reactivación eco­nómica poscovid”, para el que se transfirieron G. 6.093 millones de parte del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal) a favor del CIRD. En el detalle financiero de dicho proyecto se encuentra la hija del presidente del CIRD, Paola Carrizosa Bradshaw, que figura con cobros sistemáticos de G. 4,5 millones en concepto de jornales; de igual forma, también se puede identifi­car a Carlos Francisco Alca­raz, hijo del coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, que regu­larmente cobraba honorarios de G. 4,5 millones.

La lista de allegados del presi­dente Carrizosa y de su coor­dinador anticorrupción, Alca­raz, identificados en dicha rendición de cuentas, con­tinúa ya que en ella también se pueden ver facturaciones a nombre de la señora María Berta Rojas Aveiro, pareja de Agustín Carrizosa, que con proyecto poscovid llevó G. 212 millones, mientras que su hermana, Marta María Rojas Aveiro, facturó por un total de G. 109 millones, ambas en concepto de consultorías, ase­sorías e investigaciones.

Llama la atención cómo la organización que constan­temente acapara la atención mediática con discursos a favor de la transparencia y denuncias de supuestos casos de corrupción en el Estado minimizan el hecho de que varios familiares y allegados de los jefes de su organización fueran beneficiados en pro­yectos financiados con dinero proveniente de los contribu­yentes, tal como lo hizo Carri­zosa cuando desde Nación Media le consultamos sobre estas contrataciones.

“Ah sí, Paola, ella es fotó­grafa. Pero ella es la única”, dijo Carrizosa refiriéndose a su hija; mientras que en el caso de María Berta, decía: “Ah bueno, ella es la coordinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, sí es fami­liar”; y sobre su cuñada Marta María, dijo: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí, eso, ¿y des­pués? Eso nomás, ¿verdad?”.

No hay que olvidar que en dicha rendición de cuen­tas también fue identificada una serie de operadores del abdismo que, a la par que cobraban honorarios o jorna­les en el marco del proyecto para “Reactivación econó­mica poscovid”, eran vistos rogando votos para candidatos o haciendo proselitismos por sus respectivas candidaturas por la chapa encabezada por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Por otro lado, el proyecto “Más ciudadanía, menos corrup­ción” es otro en el que fueron identificados varios allega­dos a su coordinador, Fran­cisco Alcaraz, como es el caso de Isabel Benítez, quien figura como su empleadora, según los registros del Instituto de Pre­visión Social (IPS), y fue con­tratada en el marco de dicho proyecto; asimismo, otra firma contratada para “Más ciuda­danía, menos corrupción” es Tabacman EAS, en la que tanto Francisco Alcaraz como su hijo figuran como consul­tores; y también la ONG Con­ciencia Viva, en la que también figura como técnico el hijo de Alcaraz.