Pedidos de copias de convenios y detalles de gastos solicitados siguen pendientes de respuesta desde julio por parte de varias entidades del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Una llamativa resistencia vienen teniendo varias instituciones del Estado en la provisión de rendiciones de cuenta y copias de convenios sensibles ejecutados con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
Un periodista de nuestro equipo de investigación tiene pedidos de informe realizados al Ministerio del Trabajo, de Industria y Comercio, Interior, Salud Pública, que datan de julio pasado, es decir, desde hace tres meses, pero no son proveídos de forma completa. Las pocas remisiones a los que hemos accedido vienen incompletas. También se pidió información a la Presidencia de la República en los primeros días de agosto último, pero hubo desentendimiento, pese a la infinidad de promociones que se puede ver en páginas del CIRD como en redes sociales de proyectos ejecutados entre ambos.
Con Salud Pública se ejecutan proyectos muy sensibles que son administrados por el CIRD y que demandan millonarios presupuestos como el HEFA (Salud para todos) financiados con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) firmados por el exministro Julio Mazzoleni y Agustín Carrizosa. También proyectos covid, de lucha contra el sida, Desarrollo Infantil Temprano, cuyos detalles de gastos se guardan bajo 7 llaves.
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Se acumula déficit fiscal de 0,5 %, pero se ajusta a meta de convergencia
El Viceministerio de Economía y Planificación realizó la actualización de su informe sobre la Situación Financiera (Situfin) a abril de 2024, con los principales indicadores fiscales tanto de ingresos como gastos. El reporte reveló un déficit fiscal acumulado de USD 212,4 millones o lo que sería el 0,5 % del producto interno bruto (PIB).
A la vez, el resultado fiscal fue negativo de 0,1 % o su equivalente de USD 36,7 millones, lo cual se debe en gran medida por la deuda pública que se arrastra, conforme indicaron desde el Viceministerio económico.
En tanto que el déficit fiscal anualizado al cierre del primer cuatrimestre fue de 3,41 % del PIB, mejor de lo que fue en el periodo 2023 cuando la diferencia incluso llegó a 4,1 %, explicado por el buen desempeño de los ingresos tributarios. Es por ello que desde la cartera fiscal alegan buenas perspectivas respecto a la evolución fiscal para este año, la cual estaría alineada con la meta de convergencia fiscal.
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Ingresos y gastos
Al observar el desglose de los indicadores fiscales, se encuentra que de enero a abril los ingresos crecieron 4,7 %, así como el gasto un 4,8 %, la inversión subió apenas 0,4 %, con lo que se dio el resultado operativo de -0,1 y el resultado fiscal de -0,5 % del PIB.
En lo que respecta a los ingresos, destacaron el crecimiento acumulado del 17,4 %, entre los cuales los tributarios se incrementaron 24,3 %, las binacionales con baja del 7,9 % debido a que Yasyretá no registró ingresos, y el componente otros ingresos un 2,7 %, totalizando así G. 15.627 millones.
En tanto que los gastos aumentaron 9,4 %, debido a los pagos de intereses, remuneraciones de los principales sectores sociales como educación, salud y las fuerzas públicas en un 80 %, así como la compra de medicamentos. En este apartado señalaron el pago de deudas atrasadas en el cuatrimestre de 2024, de unos USD 113 millones, lo que sería un 0,25 % del PIB, direccionados a salud, mientras que el pago de salarios ocupó el 60,2 % de todos los ingresos.
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Tres instituciones, abocadas a establecer política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de Justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones está vinculado, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo de armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.
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IPS adquirirá un sistema para el control de gastos y medicamentos
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa aplicando medidas para mejorar el control de gastos, así como de medicamentos. Señalaron que la previsional no invierte en sistemas informáticos desde hace 20 años, y hoy están en proceso de incorporar un software que les permitirá monitorear la ejecución de recursos e insumos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no están ayudando y nos va a dar un soporte informático para tratar de evitar la fuga en cuanto a nuestros ingresos y medicamentos. El IPS no invierte hace más de 20 años en sistemas informáticos, que es la forma de controlar y ver optimizar los recursos y esa va a ser la primera medida”, expresó el doctor Jorge Brítez, presidente de la institución, a la 650 AM.
El IPS y el MEF tuvieron una reunión, en la cual el titular de dicha cartera le sugirió incorporar un sistema y se comprometió a dotarles de dicho soporte. La adquisición de este software, se da en el marco de la convocatoria a licitaciones de medicamentos, y un trabajo para mejorar los ingresos de la previsional.
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“La semana pasada aprobamos una licitación por vía de la excepción para cubrir los medicamentos que nos faltan hasta diciembre. La licitación grande, que va a ser por 24 meses, la estamos mirando con lupa porque así como tenemos que mejorar la recaudación diaria, también tenemos que optimizar el gasto, es la única forma que vamos a poder salir adelante”, detalló.
Asimismo, indicó que en los próximos días, se concretará una alianza con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de modo que pueda haber un intercambio de información entre ambas instituciones, y puedan acceder a ciertos datos de los aportantes, con el objetivo de mejorar la recaudación del IPS.
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El Gobierno dispuso un histórico blindaje del dinero para las universidades públicas
La gratuidad de la educación universitaria pública ha recibido el mayor blindaje posible con el decreto emitido el lunes 15 por el Gobierno. Los alumnos de tales casas de estudio tienen la seguridad jurídica que ninguna otra administración les ha ofrecido para dedicarse a la formación académica que corresponde sin ninguna carga monetaria.
El presidente Santiago Peña firmó el Decreto 1524 que reglamenta el Arancel Cero, con el que garantiza la gratuidad de la admisión y la concurrencia a las clases en todas las universidades públicas del país. El documento oficial establece el blindaje de los fondos y es una garantía para la continuidad del referido programa que afecta a los estudiantes universitarios de entidades nacionales.
El mandatario resumió la relevancia del documento emitido, resaltando que con él se va a proteger el bien tan preciado que es la educación. “Hoy el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos seguiremos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, afirmó.
El referido decreto establece que serán considerados gastos prioritarios los créditos presupuestarios asignados en los términos de la Ley de Hambre Cero a las universidades públicas de la nación. Lo que quiere decir que la plata que se prevé en el presupuesto de la nación en la ley referida tendrá preferencia y estará primero que los fondos para otros destinos.
El dinero que se transferirá a las universidades no podrá ser inferior al 100 % de las solicitadas por las entidades, y tampoco será objeto de topes ni recortes presupuestarios. Esta disposición es única, pues habitualmente no se entrega todo el dinero solicitado por las entidades públicas al Tesoro de la nación, pues depende de las disponibilidades de la caja estatal.
Con relación a la ley de presupuesto que rige para este año, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones que correspondan para incluir los recursos que demandará la aplicación del Arancel Cero.
Hay que resaltar que mediante las disposiciones tomadas por el Gobierno para fortalecer la aplicación del Arancel Cero se está dando la seguridad absoluta a los recursos que requiere. Pues con el blindaje anunciado se están protegiendo sobradamente los fondos que se necesitan para solventar los servicios de la educación terciaria. Lo que quiere decir, en términos prácticos, que los estudiantes de las universidades estatales no pagarán ningún servicio ni arancel para realizar sus actividades académicas, ya que el dinero previsto en el presupuesto para el efecto no se podrá tocar ni recibir otro destino. La ley habla de que los fondos provendrán de la Fuente 10, recursos del Tesoro, que es la caja grande que tiene el Estado para financiar sus principales actividades. El 85 % de los fondos de esa fuente proviene de los impuestos estatales, otra parte corresponde a los royalties de la Itaipú y una porción importante viene de transferencias de las empresas públicas, aranceles o comisiones que cobra el Estado. Lo que significa que habrá suficientes recursos para solventar las erogaciones para las universidades públicas.
Con las medidas adoptadas por el Gobierno, los estudiantes que se están movilizando para forzar la consecución de sus reclamos ya no tienen motivo para continuar con el paro. No tiene sentido seguir pidiendo cosas que ya se han obtenido y continuar con la medida de fuerza. Las autoridades nacionales han dispuesto las normas jurídicas y los recursos financieros para el Arancel Cero y todo lo que implica.
Altos exponentes del Gobierno demostraron su predisposición para conversar con los estudiantes para buscar el entendimiento. Falta ahora la actitud de la otra parte, que no debe proseguir con la medida de fuerza que perjudica a los que quieren estudiar. Ha llegado la hora de concertar un acuerdo que permita continuar con la normalidad de la vida estudiantil, que no consiste en peleas ni enfrentamientos estériles, sino en proseguir la vida académica con sus obligaciones y responsabilidades.
Los estudiantes de las universidades públicas deben considerar que tienen un gran compromiso con la ciudadanía. No tendrían que dar las espaldas a la gente que los beneficia con sus aportes para que puedan estudiar de manera gratuita. Más bien deben apoyarla con actitud positiva mediante su dedicación al estudio.