Las recaudaciones provenientes del canon que se aplica a ciertos dispositivos electrónicos en los últimos 5 años suman unos G. 225.000 millones, que por ley son repartidos entre entidades de gestión colectiva integradas por los artistas locales, y el 20 % de esto corresponde a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Sin embargo, nadie sabe en qué se usa el porcentaje que recibe la Dinapi, porque tiene como guarda de los fondos a ONG y ese dinero no entra en el presupuesto de la Nación, no es auditable por la Contraloría, las compras se realizan sin pasar por Contrataciones Públicas y figuran como “donación”.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Los ingresos provenientes del cobro de canon a la importación bajo el régimen de Remuneración Compensatoria de la Ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos que recibe la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) se ejecutan mediante un oscuro esquema que evade absolutamente a todos los organismos de control y triangulan a través de una de las oenegés beneficiarias de los fondos.
La remuneración compensatoria por copia privada es un canon que se aplica a la importación de ciertos dispositivos electrónicos que tienen capacidad de almacenamiento (memoria) de música y video en distintos formatos equivalente al 0,50 % del valor de la factura.
Los beneficiarios de estas recaudaciones son las Sociedades de Gestión Colectiva, en este caso: Autores Paraguayos Asociados (APA), Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay) y la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), que deben distribuirse los fondos una vez devengado los gastos administrativos del 15 % por parte del ente recaudador, administrador que tiene como guarda a la AIE.
Un 20 % de las recaudaciones en concepto de Remuneración Compensatoria tiene como beneficiaria a la Dinapi, mediante el Decreto Reglamentario 4212/15. Sin embargo, esta institución triangula la ejecución de este fondo a través de la AIE y de esta forma elude controles estatales, evita rendición de gastos, auditorías, licitaciones vía Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), quedando esta fuente de ingreso como inexistente para las arcas de la institución, ya que los gastos quedan a cargo de la ONG que entrega los bienes como donación a la Dinapi.
Según un informe anterior remitido a la Cámara de Diputados por el director de Dinapi, Joel Talavera, entre el 2018 y abril de 2023 los montos provenientes del canon por remuneración compensatoria que ingresaron a las sociedades de gestión colectiva ascienden a G. 225.444 millones, de los cuales G. 45.000 millones, unos USD 6,2 millones, corresponden a la entidad rectora de la propiedad intelectual por el 20 % estipulado vía decreto reglamentario.
Se conoce el volumen recibido por las organizaciones y la Dinapi, pero se desconoce cómo se gasta el dineral que corresponde a la entidad estatal.
En marzo pasado desde la Cámara de Senadores habían requerido la rendición de los gastos de los USD 6,2 millones; sin embargo, la Dinapi alegó estar imposibilitada de remitir los informes como los detalles del uso de los fondos porque están administrados por una institución privada y no está obligada a rendir cuentas.
La AIE también ya había manifestado su negativa de proveer facturas de compras y demás gastos de la ejecución del dinero que corresponde a la Dinapi con el argumento de que la administración es de carácter privado y que son informaciones sensibles que afectan a terceras personas.
Lo más alevoso del caso es que compras, gastos realizados por la AIE con dinero de la Dinapi figuran como donaciones por parte de la ONG a la institución pública, cuando la institución pública es beneficiaria de esos recursos financieros. ¿Por qué tanto misterio sobre el uso de los fondos correspondientes a la Dinapi? ¿Qué esconde el director nacional de la Dinapi para no proveer documentos de los gastos que ejecuta a través del gremio de artistas?