La empresa del diputado Carlos Pereira Rieve, fue una de las firmas que formó parte en la provisión del hormigón en la obra del edificio derrumbado en Encarnación y que se cobró la vida de dos personas, de una mujer y de su nieta. Sobre esto, el senador Dionisio Amarilla expresó su parecer y cuestionó el actuar del legislador de su partido.

“En un país serio, el señor Pereira, cuanto menos, estaría poniendo su banca a disposición y también se sometería a la investigación fiscal. Evidentemente, este señor bastante bravucón por cierto, no solamente sigue trabajando en su empresa, siendo que le prohíbe la Constitución Nacional”, enfatizó.

Amarilla recordó que la Carta Magna solo admite a los parlamentarios a ejercer la docencia o a realizar investigaciones científicas, no así, dedicarse a actividades empresariales. Asimismo, el senador liberal indicó que Pereira no es el único que aún sigue operando en el sector privado.

Lea también: Empresa de diputado Pereira cargó la losa del edificio caído en Encarnación

“El diputado Pedro Gómez también vende a la Gobernación de Itapúa, esperemos que la justicia haga su trabajo porque políticamente, aparentemente, tiene una suerte de manto de protección de parte de sus colegas también y como es otra Cámara, nosotros no podemos hacer más que este tipo de manifestaciones”, señaló ante la 650 AM.

En una conferencia de prensa, en conjunto con su plantel societario y gerencial de la empresa, Pereira había reconocido que su hormigonera proveyó el concreto y que además ellos hicieron las losas, es decir, los que iban a ser los pisos del edificio que se derrumbó al no aguantar los 8 niveles que elevaron en altura sobre una estructura preparada solo para 5 pisos, no obstante, hasta el momento no ha habido consecuencias legislativas ni desde la justicia hacia el legislador del Partido Liberal.

Le puede interesar: Latorre y Alliana afinan iniciativas prioritarias dentro de agenda legislativa

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.

A través de sus redes sociales oficiales, la firma itti Saeca informó este domingo que tomó la decisión de poner fin a la etapa de mediación con el Banco Atlas. La empresa mantiene un pleito judicial con la entidad bancaria, perteneciente al grupo empresarial de la familia Zuccolillo, por el uso ilegal de su software para sus operaciones.

“itti ha dado por concluido el procedimiento de mediación ante graves inconsistencias detectadas en la documentación que motivaron su realización, hecho que ha sido comunicado el jueves 3 de abril a la mediadora designada por el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay”, indica la firma.

Tras denunciar la irregularidad de la entidad bancaria en el uso del software de itti para sus operaciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apostaba por una conciliación.

“Ejerceremos todos nuestros derechos, prerrogativas, acciones y garantías en defensa de nuestros derechos de propiedad intelectual, tanto en foros nacionales como extranjeros donde gozamos de legitimación para reclamar”, señala la empresa en un comunicado.

Leé también: Gobierno agiliza la construcción de 86 viviendas para familias de Paraguarí

El banco Atlas se fusionó con el banco Familiar, por lo que se requería de una unificación del core bancario, que también debe ser aprobado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para concluir con el proceso. Desde el 2024 Atlas fue realizando cambios del software de itti que, de acuerdo al contrato, tienen un costo que no se abonó.

La empresa itti viene reclamando el pago de estas actualizaciones, requeridas también para terminar el proceso de fusión entre las entidades. Sin embargo, Atlas recurrió judicialmente para evitar el pago de la deuda.

“Ratificamos, asimismo, nuestra posición acerca del uso que está haciendo el Banco Atlas de nuestro software ITGF es irregular y debe ser saneado de un modo tan urgente como inmediato, encontrándonos como siempre predispuestos a alcanzar un acuerdo razonable que corrija su proceder y devuelva la tranquilidad al sistema financiero”, sostiene.

Te puede interesar: Gobierno de Paraguay donó a Perú 250.000 unidades de suero fisiológico

El fiscal Irán Suárez, de la Unidad Especializada del Medio Ambiente de Presidente Hayes, realizó un allanamiento en la propiedad de la empresa Atenil, ubicada en la zona de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde se constató la tala selectiva de especies nativas como el quebracho colorado y el palo santo.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de postes lisos y rajados, horcones y un volumen considerable de madera de palo santo. Además, se verificaron camiones y tractores previamente incautados, uno de los cuales contenía aproximadamente 20 metros cúbicos de palo santo.

Te puede interesar: Un hombre robó dos focos, se arrepintió, pidió disculpas y volvió a colocarlos

El procedimiento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Asociación de Productores y Exportadores de Carbón Vegetal (APER) y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Según el agente del Ministerio Público, las evidencias recolectadas son cruciales para identificar y procesar a los responsables de la tala ilegal, de quienes ya se tienen las primeras identificaciones. La investigación continúa para determinar el alcance total del daño ambiental y las responsabilidades penales correspondientes.

El fiscal del caso deberá convocar a una audiencia indagatoria a los responsables de la empresa a los efectos de que los mismos puedan brindar su versión sobre la presente investigación.

Podes leer: Condenan a 28 años de cárcel a un hombre con aplicación de nueva ley de abuso en niños