El senador colorado Gustavo Leite emitió un comunicado desde el exterior ante las publicaciones que considera maliciosas y que plantean vinculaciones con una empresa que estaría haciendo de intermediaria con una firma dedicada a la producción de fentanilo.

Indicó que su vínculo con la sociedad Juno S. A. se dio en el marco de una actividad profesional como consultor de inversiones en Paraguay, que es una actividad privada que realiza, siempre y cuando no ocupe un cargo público.

“Antes de asumir el cargo de senador de la Nación presté servicio de asesoría a inversionistas argentinos, entre los cuales se incluyó la trasferencia de una sociedad anónima, servicio usualmente prestado en este tipo de asesorías”, explicó.

El legislador aclaró que la transferencia de la empresa culminó en fecha 14 de junio del 2023, quince días antes que asumiera el cargo de legislador, el cual se dio el 30 de junio de ese año, y previamente ya se había concretado la sesión de derechos correspondientes.

“Me desligué completamente de la sociedad y de las operaciones mencionadas en las publicaciones, las cuales ocurrieron ya bajo la administración de quienes adquirieron la empresa”, explicó Leite.

Finalmente, remarcó que ante la campaña de desinformación impulsada por algunos medios de prensa deslinda totalmente cualquier tipo de responsabilidad. Además puso a disposición los comprobantes que dan fe de su desvinculación con la citada empresa.

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Este miércoles se realizó la palada inicial de Civis XI, una nueva apuesta de la empresa, que marca el comienzo de una obra icónica que transformará el horizonte urbano de Asunción. Está ubicado sobre la avenida San Martín casi Agustín en el exclusivo barrio Las Lomas y a tan solo 150 metros de su edificio hermano, Civis X.

Este desarrollo de usos mixtos reafirma la visión de Civis, construir una ciudad vertical, sostenible y centrada en la experiencia de vivir e invertir mejor. Así lo expresó José Serrati, accionista y director jurídico de la firma, durante el acto simbólico.

“Para nosotros es algo muy importante, ya que en menos de seis meses estamos lanzando nuestro segundo rascacielos en la zona. Va a ser uno de los edificios más altos del país, al igual que su “hermano gemelo”. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte en el barrio Las Lomas”, manifestó Serrati a La Nación/Nación Media.

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Precisó que la intención de la empresa es invertir cerca de USD 30 millones entre los dos edificios en los próximos años y que representa una “súper apuesta” para ellos. Además, tendrá un impacto económico importante en la zona, de forma directa por las personas que serán contratadas para la obra e indirectamente, por el movimiento económico que genera localmente con la venta de comida, hasta otros servicios que se ofrecen en la zona.

“Creemos firmemente que Paraguay está viviendo un auge importante en el negocio inmobiliario. Esto se refleja no solo en los compradores locales, sino también en las inversiones nacionales e internacionales que estamos recibiendo. Hay mucha gente apostando por el país, y nosotros queremos ser un factor de cambio en Asunción, acompañando y potenciando ese crecimiento”, dijo Serrati a LN.

Civis XI será uno de los edificios más altos de Asunción. Contará con 30 pisos y amenities de primer nivel. En el quinto piso habrá un parque elevado con biopiscinas, salones de belleza, un restaurante en planta baja, área kids, gimnasio interior y exterior, además de parrillas en la terraza. El edificio tendrá 196 unidades en total, con monoambientes, departamentos de una y dos habitaciones, y mini penthouses en el último piso.

“Los monoambientes comenzaron en USD 55.000. Hoy el edificio ya está vendido en un 90 %. Eso significa que nuestros primeros inversores, los que apostaron desde el lanzamiento, ya vieron una revalorización: las mismas unidades ahora se venden a USD 64.000”, detalló.

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Con más de 7 años en el mercado, Civis se posiciona como una de las desarrolladoras líderes en Paraguay. Cuenta con 11 proyectos lanzados, 5 entregados, 6 actualmente en obra, más de 900 unidades vendidas y más de 70.000 m² comercializados.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó ayer miércoles a las organizaciones de derechos humanos por no elogiar la reducción de los homicidios en el país con su política de mano dura contra las pandillas. El mandatario goza de enorme popularidad por reducir los niveles de violencia criminal a mínimos históricos con la “guerra” contra las pandillas que lanzó en marzo de 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Sin embargo, sus métodos son criticados por grupos de derechos humanos, que afirman que han sido detenidos miles de inocentes.

“Es evidente que las llamadas ‘organizaciones de derechos humanos’ no consideran que no ser asesinado, violado o agredido sea un derecho humano, de lo contrario, nos estarían elogiando por haber logrado precisamente eso”, escribió Bukele en inglés en su cuenta de X.

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El mandatario compartió junto a su mensaje un cuadro estadístico que proyecta que para el cierre de 2025 el país registraría una tasa de un homicidio por cada 100.000 habitantes. En 2024, El Salvador tuvo una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2015 era de 106 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Los grupos de derechos humanos también critican a Bukele por tener en prisión a 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de su alianza con el mandatario republicano Donald Trump.

Asimismo, lo critican por los arrestos en las últimas semanas de cinco críticos del gobierno, entre ellos activistas de derechos humanos y abogados. En el marco de la “guerra” de Bukele han sido detenidos unos 86.000 presuntos pandilleros, aunque el gobierno indicó que unas 8.000 personas fueron liberadas por ser inocentes.

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• San Salvador, El Salvador. AFP.

Una ley sobre “agentes extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele entró en vigencia en El Salvador este sábado, pese a críticas de las oenegés que denuncia la institucionalización de la “persecución” en su contra. Aprobada el 20 de mayo por el Congreso dominado por el oficialismo, es una norma similar a las existentes en Rusia, Venezuela y Nicaragua para impedir la labor de las oenegés, y establece un impuesto de 30 % a las donaciones que reciben.

“Representa una ley mordaza bastante discrecional, estigmatiza más el trabajo en derechos humanos” y proyectos sociales, lo que afectará a la “mayoría de la población pobre” del país, declaró a la AFP Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal. Bukele defendió la iniciativa en un reciente discurso al afirmar que la ley “garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos, al menos paguen sus obligaciones tributarias, como todos los demás“.

Sin embargo, la Fundación para el Debido Proceso aseguró que “la ley de agentes extranjeros es un ataque frontal al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro”, inspirada “en normas similares vigentes en Hungría, Rusia, Nicaragua y Venezuela”.

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La ley “no está pensada para regular o transparentar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (...), sino para acallar las voces críticas al gobierno”, afirmó Katia Salazar, una responsable de esta Fundación con sede en Washington.

Amnistía Internacional dijo que la norma “impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión” y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentan silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente”, advirtió la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

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La norma estipula que “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo [...] a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.

Además, los miembros de las oenegés deberán inscribirse en los próximos 90 días en un Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación (interior). “Los incumplimientos” a la ley y las demoras en presentar información requerida serán sancionados con multas que pueden llegar hasta 250.000 dólares.