Tras la serie de críticas que llovieron sobre la licitación para contratación de seguro médico del Ministerio de Hacienda por valor de G. 62.572 millones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió una resolución en la que deja en evidencia que el comité evaluador no realizó de manera detallada la valoración de los documentos presentados por los oferentes. Esto a raíz de que en dicho análisis se dejaron pasar certificaciones de categorización de servicio vencidas, falta de convenios con farmacéuticas y servicios de ambulancia, entre otros.

  • Unidad de Investigación
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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emi­tió un dictamen sobre la eva­luación de las ofertas presen­tadas para la “Contratación de servicios para la seguri­dad social de funcionarios del Ministerio de Hacienda”, que viene siendo muy cuestio­nada por burdas maniobras, según denuncias. El análisis realizado por el ente rector de compras del Estado refiere que el comité encargado no se esmeró en realizar un estu­dio de forma detallada pese al volumen de la licitación, que tiene como tope presu­puestario G. 62.572 millones.

La licitación para los denomi­nados “seguros vip” que tie­nen como beneficiarios a fun­cionarios del Ministerio de Hacienda volvió a la etapa de evaluación por indicaciones de la DNCP y una vez avan­zado se deben reportar los resultados del nuevo análi­sis a este organismo de con­trol en un plazo de 20 días, tiempo que corre desde el 9 de marzo pasado.

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Del total previsto, G. 61.972 millones corresponden al Lote 1 (Servicios de Salud) y G. 600 millones para el Lote 2 (Cobertura integral de gastos de sepelio). Para el Lote 1 solo se presentaron dos oferentes, el Consorcio Salud SD, que fue inicialmente adjudicado, y Santa Clara SA Medicina Prepaga, que concursaron bajo la modalidad de contrato abierto plurianual.

DNCP ordenó anular millonaria adjudicación de servicios médicos “vip” para Ministerio de Hacienda.

La controversia se centra en la adjudicación del Lote 1, que representa el 99% del paquete total y fue adjudi­cado en sus inicios al Con­sorcio Salud SD, lo que pos­teriormente fue revisado por la DNCP a raíz de una pro­testa presentada por uno de los oferentes, en este caso el Sanatorio Santa Clara SA.

En su protesta, la firma Santa Clara cuestiona una serie de supuestas irregularidades que presumiblemente lle­varon a su descalificación. Entre las presuntas infrac­ciones, figuran denuncias como por ejemplo que el ofe­rente privilegiado presentó certificaciones de categori­zación del nivel del servicio vencidas de sus unidades de atención.

Se denuncia también que la evaluación se realizó en con­diciones desiguales porque los contratos vencidos de per­sonal que se renuevan auto­máticamente se aceptan en el caso de un oferente, pero se rechazan en el otro.

Otra denuncia es que en el caso del oferente adjudicado, no se presentaron copias de convenios con alguna empresa que brinde servi­cio de ambulancia, exigen­cia establecida en el pliego de bases y condiciones del lla­mado. Sin embargo, tuvieron el aval del comité evaluador.

Tampoco se habría cumplido con el requerimiento de des­cuentos a través de tres cade­nas de farmacias dispuesto en el llamado.

Según Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación de Ofertas no realizó de manera detallada el análisis de los documentos presentados por los oferentes.

FLEXIBILIZACIÓN

Hay que tener en cuenta ade­más que llamativamente desde este año los requisitos exigidos en el PBC de la con­vocatoria para los servicios de salud fueron flexibiliza­dos en comparación con años anteriores.

Un ejemplo de esto es que anteriormente los oferen­tes debían contar con una venta de al menos el 50% monto máximo presu­puestado para el llamado en un plazo de 3 años. Sin embargo, para este año esta exigencia se redujo al 30% del monto máximo en un plazo de 5 años. Esto, según las denuncias, ayudó al adjudicado inicial, cuya selección está bajo la lupa, lo que podría significar un favoritismo en las contra­taciones públicas.

Otras de las exigencias deja­das de lado y que sí figura­ban en contratos anteriores es que se debe contar con al menos un contrato de presta­ción de medicina prepaga que incluya al menos 2.460 titu­lares; tener como base una antigüedad de 10 años en el rubro, y demostrar contra­tos vigentes con sanatorios, laboratorios y médicos, entre otras.

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