El ex senador Ramón Gómez Verlangieri, quien actualmente figura como docente investigador en la Universidad Nacional de Villarrica, ingresó a la función pública en el 93 y, desde entonces, no da respiro al presupuesto público. Pasó la mitad de su vida acomodado en apetecibles cargos del Estado pese a varias denuncias en su contra, desde supuestos sobornos para meter nuevo socio al interior del Mercosur, acaparamiento y repartija de cargos y hasta caja paralela para evadir deudas de su partido cuando fue tesorero del PLRA. Ahora quiere volver al Senado, junto con Efraín Alegre y los concertados.

­El ex senador Ramón Gómez Verlangieri, es otro de los polí­ticos que históricamente viven del Estado saltando de un puesto público a otro y que hoy forma fila detrás de un cargo en el Parlamento con la Concertación. En su caso, pasaron 30 años desde que se inició en la función pública.

El candidato efrainista pasó la mitad de su vida colgado de salarios públi­cos, ya que, en el 93, a sus 30 años, fue electo como diputado nacional, cum­pliendo todo su periodo hasta el 98 y, desde enton­ces, se desempeñó en varios cargos entre los que se pueden mencionar el de consejero de Admi­nistración de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en 2002, puesto que dejó para asu­mir como cónsul de Para­guay en Resistencia. Más tarde, en 2006, fue síndico del Instituto de Previsión Social y desde el 2008 fue senador nacional durante diez años, hasta las pasa­das elecciones, ya que no consiguió la suficiente cantidad de votos. Desde 2019 figura como docente investigador en la Univer­sidad Nacional de Villa­rrica del Espíritu Santo y hoy, a sus 60 años, busca un nuevo periodo en la Cámara de Senadores.

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El candidato efrainista fue investigado junto al ex presidente Federico Franco por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal por mantener caja paralela en el PLRA.

El longevo funciona­rio público arrastra un oscuro historial, entre los que resalta el caso de la caja paralela del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el que, tanto él como el ex presidente Fede­rico Franco, fueron señala­dos por supuesto enrique­cimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero, según trascendió en la prensa en el 2015.

Según la denuncia, ambos crearon una caja paralela en una entidad bancaria que presuntamente sirvió para realizar operaciones que más tarde el exsenador intentó justificar diciendo que en 2008, cuando era tesorero del partido, abrió una cuenta a nombre de Franco -en ese entonces, presidente de los libera­les-, con el fin de deposi­tar fondos del partido para evitar su embargo por liti­gios judiciales.

Asimismo, otras acusacio­nes contra el político refie­ren que en 2011, en tiempos de senador, Gómez Verlan­gieri supuestamente se encargó de ofrecer la suma de US$ 100.000 a los par­lamentarios para votar a favor de que Venezuela ingresara al Mercosur, en teoría siguiendo indicacio­nes bajo pedido del enton­ces presidente Fernando Lugo.

Gómez Verlangieri y un clan de 28 miembros suman patrimonio de US$ 2.5 millones colgados del Estado.

“El cambio ya llega”, dice el eslogan que tam­bién utiliza el ex senador junto con Efraín y compa­ñía; sin embargo, con su turbio historial, es una afrenta para la buena política. Un ejemplo de esto es cuando en el 2012 el entonces senador con­firmó a la prensa que desde su despacho envió más de 10.000 solicitudes de empleo para sus alle­gados, esto luego de que fuera sindicado de come­ter tráfico de influencias porque estos cupos fue­ron pedidos durante su campaña electoral.

En el 2016, estuvo tam­bién en el ojo de la tor­menta luego de que se confirmara que era novio de una funcionaria del Departamento de Recur­sos Humanos de la Cámara de Senadores. Lo que se cuestionó fue la falta de méritos y aptitudes de la funcionaria que él justi­fico diciendo “una funcio­naria más de la dependen­cia”.

El actual candidato “del cambio” es considerado como uno de los libera­les con clanes que más se beneficiaron de la polí­tica. La prensa difundió en el 2020 a 28 miembros de su familia distribuidos en distintos cargos públicos y, según reportes de esa época, presuntamente acumularon en conjunto un patrimonio de G. 18.085 millones; es decir, US$ 2,5 millones.

Fue cuestionado por su gestión prebendaria al repartir cargos para conseguir votos durante campaña electoral.

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