El equipo de “La caja negra” analizó los acuerdos entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los bancos involucrados en la causa denominada FIFAgate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos. El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tiene mucha similitud con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Adolescente supuestamente robó dinero de ofrendas, cámaras de seguridad y celulares de parroquia
Este lunes, en su afán por capturar a los responsables del robo a la escuela y secretaría parroquial San Isidro Labrado de Curuguaty, la Policía Nacional analizó las imágenes del circuito cerrado del lugar y descubrió que el principal sospechoso es un adolescente. El delincuente supuestamente se alzó con dinero de la ofrenda del domingo, celulares y hasta con las cámaras de seguridad.
Según el reporte policial, el hecho se reportó entre la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy, cuando fueron saqueados el Centro Educativo Parroquial San José y la Parroquia San Isidro Labrador, ubicados en pleno centro urbano de la ciudad en el departamento de Canindeyú. Todo quedó registrado por imágenes de cámaras de seguridad del sitio.
Las autoridades de las instituciones afectadas dieron aviso a la comisaría local y confirmaron que los maleantes se alzaron con: las cámaras de seguridad de predio, dos aparatos celulares de la marca Samsung y la suma de 1.282.000 guaraníes, que fue producto de las ofrendas de la misa del domingo.
Tras analizar las imágenes grabadas por el DVR, se pudo constatar que la persona que se alzó con todos los objetos era un adolescente y que actuó solo. Primero ingresó a la secretaría de la parroquia, donde rompió el vidrio de una ventana y sustrajo el dinero, dos celulares y una cámara de vigilancia.
Esta misma persona luego pasó al Centro Educativo Parroquial San José, que funciona dentro del mismo predio, donde dañó la entrada de la cantina escolar, pero afortunadamente no se llevó nada. Sin embargo, destrozó una puerta que debe ser repuesta y tendrá su costo.
El adolescente se tomó el tiempo de sacar las cámaras que estaban instaladas en la secretaría de la parroquia pensando que no dejaría rastro o evidencias, pero olvidó llevarse el dispositivo DVR que ya se encuentra en manos de la autoridades que buscan dar con su paradero.
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Banco Familiar se consolida en el Ranking de Marcas y reafirma la confianza de los paraguayos
La marca fue distinguida una vez más en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), un reconocimiento que atribuye a la confianza construida con sus clientes y que impulsa su apuesta por la innovación, la inclusión financiera y la cercanía.
Para Banco Familiar, formar parte de las marcas más preferidas, utilizadas y recordadas por los paraguayos representa, principalmente, una confirmación del vínculo construido a lo largo del tiempo.
“Representa, sobre todo, la confianza que las personas han construido con nosotros”, destaca a La Nación/Nación Media Luján del Castillo, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocios de Banco Familiar. La ejecutiva señala que el reconocimiento también constituye una responsabilidad y un estímulo para continuar evolucionando, escuchando a los clientes y ofreciendo soluciones simples, accesibles y cercanas.
La marca observa un consumidor cada vez más informado, digital y exigente, que busca resolver sus necesidades de manera rápida, pero que también valora la seguridad y el respaldo. Ante este escenario, Banco Familiar apuesta por combinar tecnología con cercanía, fortaleciendo sus canales digitales y desarrollando soluciones que simplifiquen las gestiones cotidianas.
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La innovación ocupa un lugar central en esta estrategia. A través de sus canales digitales, soluciones como EKO y su red de atención, la entidad busca ampliar el acceso a servicios financieros y acompañar a personas, emprendedores y empresas.
Del Castillo sostiene que mantenerse relevante implica “evolucionar al mismo ritmo que las necesidades de las personas sin perder aquello que hace diferente y reconocible a una marca”. En ese sentido, la inclusión financiera debe ir acompañada de herramientas que contribuyan al bienestar y a la salud financiera de los clientes.
El Ranking de Marcas también se convierte en una herramienta estratégica para la empresa. Sus diez años de información permiten identificar tendencias, comprender la evolución de las preferencias y evaluar el posicionamiento de la marca.
Para Banco Familiar, los indicadores de recordación, uso y preferencia aportan distintas miradas sobre la relación con los consumidores y complementan otros datos internos para orientar decisiones de comunicación, experiencia, canales y desarrollo de soluciones. “Son nuestros clientes quienes marcan el rumbo de nuestras decisiones”, resume Del Castillo.