Unidad de Investigación, Nación Media

La Ley de Libre Acceso a la Información Pública se encuentra vigente desde el 2014 y a través del portal unificado para el pedido de informes se ha logrado consolidar un derecho constitucional. Según datos oficiales, el año pasado 83% de las consultas fueron atendidas, aunque aún falta que más dependencias cumplan con la norma, por eso desde el Ministerio de Justicia remarcan la necesidad de implementar un sistema de sanciones.

El 18 de setiembre del 2014 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, reglamentando el Artículo 28 de la Constitución de la República del derecho a informarse que establece: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos”. De esta forma, Paraguay se convertía en ese entonces como el país número 100 en adoptar una Ley de Acceso a la Información Pública.

“El acceso a la información pública, además de ser un derecho humano y constitucional, es un derecho “llave” que posibilita la garantía y el ejercicio de otros derechos. En una democracia que entrega datos confiables sobre su propio ejercicio, para conocer con certeza qué se hace y cómo se hace, es factible la rendición de cuentas a la ciudadanía, la evaluación de la gestión pública y la participación de los individuos en los asuntos políticos”, remarca Mario Ovelar, encargado de la Dirección de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia.

Añade que se estableció como procedimiento la puesta a disposición de la ciudadanía del Portal Unificado de Información, que se encuentra operativo desde el 2015, el cual se convirtió en una herramienta tecnológica de empoderamiento ciudadano.

Según datos estadísticos, durante el 2022 ingresaron al portal un total de 12.601 solicitudes, de las cuales 10.521 fueron respondidas, tanto en plazo como fuera de plazo, lo que representa el 83,5% del cumplimiento de la ley. Entre los top 5 de instituciones públicas que reciben más pedidos de información pública se encuentran el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y Ciencias y la Policía Nacional.

NO RESPONDIDAS

Desde la Dirección de Acceso a la Información Pública también detallaron que unas 822 solicitudes no fueron respondidas el año pasado; otras 19 fueron rechazadas, 185 revocadas, y otras que se encuentran clasificadas en otro estado de trámite (ver cuadro en la infografía).

Entre las entidades que mayor número de pedidos de informes no respondidos se encuentran las municipalidades y los gobiernos departamentales. Unos 166 municipios no respondieron 670 solicitudes, lo que representa el 82,41%. Entre las principales señaladas están las municipalidades de Minga Guazú, Asunción, Itauguá, Areguá y Arroyos y Esteros.

En tanto que 12 gobernaciones no dieron respuesta a 45 peticiones, que es el 5,54%, siendo los gobiernos de Cordillera, Alto Paraná, San Pedro, Guairá y Presidente Hayes las que mayor cantidad de pedidos no respondidos tienen en el 2022.

En el tercer lugar de incumplimientos se encuentran 11 organismos dependientes del Poder Ejecutivo con 35 casos, teniendo al Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el top 3. Mientras que la Entidad Binacional Yacyretá es otra que acumula más solicitudes no atendidas, puesto que no dio respuesta a 19 pedidos de informes, que representa el 2,33%.

SANCIÓN

El director Mario Ovelar indicó que el sector municipal recibe pocas solicitudes, pero como son muchos municipios y no dan respuestas a los pedidos de información pública acumulan el porcentaje más elevado de incumplimiento de la Ley Nº 5282.

Si bien añadió que desde la Dirección de Acceso a la Información Pública se está trabajando muy de cerca con este sector y con todas las instituciones públicas para cerrar los procesos de canalización y cumplimiento con la disposición legal, también faltaría ajustar sanciones del derecho normativo.

“A partir del año 2021 el Ministerio de Justicia, como punto focal ante la Organización de Estados Americanos (OEA), trabaja sobre avanzar en los estándares internacionales que permitan brindar mayores garantías a los ciudadanos, y hemos presentado la Ley Modelo 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA, que representa el más reciente esfuerzo”, detalló Ovelar.

En este sentido añade que los estándares internacionales recomiendan tener un estamento que garantice el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

“A nuestro entender se necesita un sistema de sanciones, porque el sistema actual de sanciones es endeble. La norma (Ley 5282) no establece un órgano garante administrativo, autónomo, como lo recomienda la Ley Modelo 2.0 de la OEA, pues la mayoría de los países tienen un órgano autónomo. Acá no tenemos un órgano, entonces los ciudadanos deben de acudir directamente a la Justicia y la Corte Suprema de Justicia, pero les aterra a los ciudadanos esta vía por todo lo engorroso que pueda ser un trámite de solicitudes de información”, resaltó el director.