En entrevista con La Nación Investiga, el director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dio una radiografía de las licitaciones del Estado de estos últimos cuatro años. Resaltó que actualmente uno de los puntos flojos es la poca planificación de los llamados, en los que se descuida la eficiencia del gasto público y se realizan las compras “porque se tiene presupuesto y porque se compró en años anteriores”.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

– PS. Si me preguntás si hay mucha variación en la apli­cación de acuerdo al pre­sidente que haya tocado, te diría que no en materia de grandes números. Más o menos se maneja que un porcentaje del 10% de las contrataciones es objeto de protesta. El valor de las contrataciones siempre ronda entre el 25% y el 30% del Presupuesto General de la Nación, independiente­mente del presidente que administra el país.

– PS. Sí, muchos casos más de los que tuvieron reper­cusión mediática. Noso­tros tomamos como una decisión de aplicar un con­trol integral al 100% de los contratos que tuvieran eti­queta “covid”, es decir que cualquier contrato que figuraba como referido a la pandemia, automática­mente pasaba por un fil­tro mucho más riguroso, e incluso si ya había contra­tos firmados, se hacían con­troles a posteriori.

– PS. Básicamente tenemos unas 300 investigaciones vivas todo el tiempo, cerra­mos unas investigaciones y se abren otras. Las protes­tas, por otro lado, son pro­cesos de verificación que se inician a instancias de una parte interesada y ahí tenemos aproximadamente unas 1.800 protestas al año más o menos.

– PS. Las principales herra­mientas son la verificación previa de los documentos, que estén conforme a lo que requiere la ley, y cuando encontramos cláusulas que sabemos que fueron proble­máticas, ya se objetan las mismas, eso en primera instancia, y luego están las protestas, investiga­ciones de oficio, los suma­rios a proveedores y las verificaciones de cumpli­miento de contrato. Todo el mundo piensa que con la adjudicación del contrato termina esto, cuando en realidad comienza, porque el objetivo final es el cum­plimiento de este contrato.

– PS. La principal contro­ladora de la ejecución del contrato es la misma con­vocante. Esa institución que observa un incum­plimiento en la ejecución eventualmente debe eje­cutar las multas estableci­das, pero si la suma de estas multas alcanza al valor de la garantía de fiel cumpli­miento del contrato, se debe iniciar el proceso de terminación del mismo. En tal caso, debería existir una póliza de fiel cumplimiento del contrato, además de una póliza de anticipo si hubo alguno. El Estado debe per­cibir el valor de estos segu­ros y eso es un elemento muy importante, se debe verificar que esas pólizas siempre estén vigentes.

– PS. Ahí es donde hay una falencia de control auto­matizado; si bien desde la DNCP hacemos un control indirecto de la verificación contractual de esas pólizas, que sean o no cobradas, ya no forma parte dentro del ámbito de competencia de control de la DNCP. Podrían controlar la Contraloría General de la República (CGR) o la Procuraduría porque estamos hablando de patrimonio del Estado que debe ser recuperado.

– PS. Dentro del régimen de Contrataciones Públi­cas, ninguna sanción, abso­lutamente ninguna men­ción. Es como si fuese que no existe el sector público, hablando de irregularida­des para la ley actual de Contrataciones Públicas. Es una falencia importante dentro de la ley actual y la suplimos recomendando a la máxima autoridad el des­linde de la responsabilidad en el ámbito administra­tivo; o sea, hacer sumarios administrativos para iden­tificar a los responsables y remitiendo los anteceden­tes a la CGR para que se haga un análisis de la gestión y se comunique a quien corres­ponda, de ser necesario.

– PS. Para mí son tres gran­des sectores los que necesi­tan control estricto: obras públicas, por la alta inver­sión; todo lo referido a medi­camentos, por lo delicado del rubro, y alimentación escolar, por lo complejo de controlar, que es un rubro sumamente sensible y de un importante monto de inver­sión. Por ejemplo, con las obras públicas se puede ir a controlar ahora los cimien­tos de una obra, siempre va a estar o debería estar ahí, y si no está, ya está detectada la irregularidad. En el caso de alimentación escolar, este control real solo se puede realizar en el momento en que se sirve el plato.

– PS. La cadena de suminis­tros implica no solo el pro­ceso de contratación, sino también lo que viene antes y lo que viene después. En cuanto a la planificación, si se pregunta hoy a un funcio­nario público comprador del Estado “¿por qué está com­prando esto?”. Probable­mente la respuesta sea “por­que tenemos presupuesto, ya se compró el año pasado y tenemos posibilidad de comprar nuevamente”. Es decir, no hay una planifica­ción que mire los objetivos institucionales, que cuide la eficiencia del gasto público.

Luego está el llamado, con la ley vigente, este proceso es el protagonista. La máxima no escrita en esta ley parece ser “si haces todo el proceso de contratación, vas a tener una excelente oferta”, no necesariamente es así, el proceso por el proceso en sí no es suficiente, lo que busca la nueva ley es la eficiencia en la compra pública.

Y, por último, la evaluación final, no en el cumplimiento de los contratos, sino en el cumplimiento de los obje­tivos planteados durante la planificación, donde incluiste el contrato como herramienta para cumplir ese objetivo.

“No hay una planificación que mire los objetivos institucionales, que cuide la eficiencia del gasto público”.