Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com

La distribuidora de asfalto declarada como propiedad por el presidente de la República, en la que lo representa su hijo Mario Abdo Díaz Benza, ganó 13 veces más al cierre del ejercicio anterior detrás de las licitaciones de rutas en serie generadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Su ex esposa Fátima Díaz Benza y otros leales de su gobierno consiguieron licencia para ingresar al negocio del cannabis gracias a dos decretos que el mandatario firmó en 18 días. En los últimos días, también conocimos a un cercano amigo de su hijo, que de la nada, se convirtió en próspero proveedor del Estado y se adjudicó contratos por US$ 4 millones.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, puede seguir despotricando contra los periodistas que cuestionamos su desastrosa gestión, calificarnos parte de la pocilga de un grupo empresarial de medios, pero lo que no puede es rebatir las publicaciones de los perversos negociados con la pandemia del covid que saltaron durante su gobierno, la subordinación del Estado en provecho de los negocios a los que se encuentra vinculado y que están manejados por su familia como es el caso de la distribuidora de asfalto que obtuvo ganancias multimillonarias detrás de licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los documentos son irrefutables, contundentes. El Presidente de la República puso a su hijo del primer matrimonio, Mario Abdo Díaz Benza, como su representante en la empresa de asfalto Aldia SA que declaró de su propiedad hasta asumir el cargo. Su gobierno se concentró en construir rutas, obras que tienen como principal insumo el asfalto y gracias a las licitaciones liberadas por el MOPC con la administración de Arnoldo Wiens, la distribuidora vendió más asfalto al punto de que sus ganancias se incrementaron 1.290% solo en el ejercicio 2021, comparado a las utilidades generadas en el 2017 y que constan en escritura número 13 del 30/05/2018.

De G. 6.665 millones de utilidad neta en el 2017, las ganancias de la empresa de asfalto representada por el hijo del presidente subieron a G. 92.647 millones, equivalentes a unos US$ 13 millones. Todo detrás de los 3.700 kilómetros de asfaltados, de los que tanto se jacta el mandatario.

Nos enteramos también que, mientras sus amigos, su ex esposa Fátima Díaz Benza se iban acomodando en sociedades para entrar en el negocio de la marihuana, en el Ministerio de Salud Pública gestionaban con celeridad aumentar la cantidad de licencias para la producción e industrialización del cannabis. Desde esta cartera se anunciaba en noviembre del 2019 la apertura de sobres de solicitud de licencia de producción e industrialización controlada de cannabis. En la lista figuran 21 empresas interesadas, entre ellas en el número 12 figura Tavira SA, firma de los amigos y de la ex esposa del presidente, Fátima Díaz Benza.

En Tavira, según escrituras públicas, actas de asambleas y documentos societarios proveídos por el Ministerio de Hacienda son socios accionistas José Antonio dos Santos Benítez, hijo del embajador paraguayo en los Estados Unidos, José Antonio dos Santos Bedoya, Humberto Domínguez, Dallas SA y DB Investment Group SA, en la cual tiene acciones la ex esposa de Abdo Benítez.

El 30 de enero del 2020, el Presidente de la República firmó el Decreto número 3284 para ampliar a 10 la cantidad de licencias para el negocio del cannabis, sin embargo, la empresa de su ex esposa y de sus amigos quedó en el número 12 de la lista después de la evaluación del Ministerio de Salud que recomendó “aprobar la licencia para los siguientes solicitantes ordenados alfabéticamente” el 10 de febrero del 2020. Tras esto, una semana después, el 17 de febrero del 2020, Mario Abdo volvió a emitir otro decreto para modificar el anterior del 30 de enero del 2020 que hay que recordar, ya era una revocatoria del emitido en el 2018 y así amplió la cantidad de licencias para producción e industrialización del cannabis a 12 y, gracias a ello, Tavira consiguió la adjudicación de la licencia.

Estos privilegios del poder también fueron extensivos para algunos cercanos al hijo del presidente. Es así que, de la nada, Diego Venica del círculo cerrado de Mario Abdo Díaz Benza se adjudicó 65 contratos que suman US$ 4 millones, a través de licitaciones públicas, varios de ellos eran de emergencia por el covid -19, siendo así su principal cupo de negocios el Ministerio de Salud Pública.

En la pandemia, el presidente y los suyos marcaban otras prioridades muy distintas al común de la ciudadanía que sufría carencias en servicios de salud y otros. En el 2020, sus hijos aparecían en registros de catastro como propietarios de una gigantesca residencia valuada en unos US$ 2 millones en zona privilegiada de la capital. Esta propiedad no fue declarada por Mario Abdo al asumir como mandatario, desde la Contraloría General de la República habían mencionado que si los hijos eran menores en el tiempo que se presentó la manifestación de bienes, necesariamente se debía consignar el patrimonio; sin embargo, esto no sucedió en el caso de Abdo y la omisión quedó en la nada.

Nadie se anima a investigar la fortuna del presidente, los organismos de control se llamaron a silencio ante la serie de evidencias de cómo se aprovechó de la estructura del Estado en torno a los negocios de la familia.