El pasado 15 de julio, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, inauguró la nueva sede de la Oficina Regional de la Senad en Salto del Guairá, acto que contó con la presencia del vicepresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, nada se sabe sobre el origen de los fondos utilizados para las obras de construcción, puesto que a las entidades públicas, a quienes agradecieron, informaron que la colaboración no consistió en recursos para la edificación y en Contrataciones Públicas tampoco se registra una licitación para dicho fin.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La nueva Oficina Regio­nal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, fue inaugu­rada el pasado 15 de julio con la presencia de la ministra Zully Graciela Rolón Esqui­vel, del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y otras autoridades y cues­tionados agentes especiales. Según los anuncios que hicie­ron durante la inauguración institucional, las obras costa­ron aproximadamente G. 500 millones; sin embargo, no hay datos acerca de los financistas que dieron el dinero para la construcción.

“La Senad, como una institu­ción históricamente de bajo presupuesto, se ha puesto como objetivo y estableció líneas de acción muy con­cretas para dar respuestas a la sociedad”, dijo la ministra durante la inauguración, al momento de agradecer a la Municipalidad de Salto del Guairá por la donación del predio. Sin embargo, no se sabe quiénes fueron los finan­cistas de la obra.

Rolón agradeció la labor del agente especial Martín Vera, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Regional de la Senad en Salto.

“Quiero felicitar, como recién lo hicimos, al agente Martín Vera, jefe de este centro regio­nal que desde el primer minuto que le comenté sobre el deseo de llevar adelante esta cons­trucción dijo que sí, sin dudar. Llevó sobre sus espaldas toda la supervisión, peleando con los recursos que teníamos, haciendo de la mejor manera el trabajo que hoy es una realidad y más aún que a la par contri­buimos en dar trabajo a varios locales”, ratificó la titular de la secretaría.

Durante los discursos desde la Senad agradecieron a la Admi­nistración Nacional de Electri­cidad (Ande) y a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comi­sados (Senabico) por la coope­ración; sin embargo, estas no fueron las que financiaron las obras, según consultas realiza­das ante estas instituciones del Estado. ¿Pero de dónde salió la plata para montar una base antidrogas en plena frontera?

Estamos hablando de unos G. 500 millones, que según la misma ministra de la Senad fue gestionado por los mismos agentes especiales de la zona de Salto del Guairá, aunque no se esclarece a quién ni cómo llegaron a solicitar los recur­sos necesarios para la edifi­cación de la nueva oficina. Sin embargo, ante las consultas sobre el origen del dinero, las autoridades no dan respuesta.

Desde la Ande señalaron que no realizaron una sola dona­ción o colaboración en infraes­tructura, en tanto que la Sena­bico se encargó de entregar básicamente muebles y elec­trodomésticos bajo el con­cepto de “uso provisional” por el plazo de un año.

Según el acta de entrega del 11 de julio del 2022, la Senabico entregó a la Oficina Regional de Salto del Guairá cinco televiso­res, un sofá, un juego de mesas con butacas, dos sillones, una parrilla “mbopi”, una hela­dera, un secarropas, un freezer, y otros artículos de cocina.

Además, el acuerdo específico N° 19/2022 firmado entre las ministras Zully Rolón (Senad) y Teresa Rojas (Senabico) esta­blece que los bienes entrega­dos en carácter de uso provi­sional para la nueva base tiene un valor total de G. 49.836.000, y se remarcó la obligatorie­dad por parte de la Secretaría Antidrogas a restituir los bie­nes en similares condiciones a lo recepcionado una vez cum­plido el plazo del convenio.

Otro de los puntos llamativos es que la Secretaría Nacional Antidrogas no realizó ningún proceso licitatorio para la cons­trucción de sus nuevas oficinas en la ciudad fronteriza, algo que debería ser un requerimiento, atendiendo que se trata de una institución pública. Esto fue confirmado tras las verificacio­nes de las licitaciones realizadas por la institución que se encuen­tran publicadas en el portal de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP).

En este punto, es sumamente importante destacar lo estable­cido en la Ley 1533 “que esta­blece el régimen de obras públi­cas”, puesto que en el artículo 1 dice que se consideran obras públicas las cosas hechas o pro­ducidas por cuenta del Estado, los gobiernos departamenta­les, las municipalidades y las entidades descentralizadas.

Y por último, y aún más con­tundente, la Ley 1533 también determina la prohibición del llamado a licitación de toda obra pública que no se halle contemplada en una ley espe­cial y/o financiada en el Presu­puesto General de la Nación o sus reprogramaciones. Al pare­cer la edificación de la Oficina Regional de la Senad en Salto estaría vulnerando la norma, puesto que los G. 500 millones habrían provenido “financis­tas fantasma” particulares.