Potenciales oferentes cuestionan limitantes en el proceso licitatorio, tales como un dispositivo electrónico para la detección de termitas y documentaciones de un insecticida que solo son proveídas por un representante.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

En medio de constantes protestas por malos manejos administra­tivos, el Instituto de Previ­sión Social (IPS) está detrás de una licitación para la “Contratación de servicios de fumigación con suminis­tros de materiales e insumos para varias dependencias del IPS” por un total de G. 7.887 millones, un poco más de US$ 1 millón.

Se trata de una licitación anual de la previsional para la que, hasta el 2019, el desem­bolso no llegaba a los G. 1.000 millones. Sin embargo, desde el 2021, el monto se disparó hasta alcanzar los G. 2.100 millones.

Este aumento coincide con la inclusión de nuevos requeri­mientos en el pliego de bases y condiciones (PBC) del lla­mado, con los cuales la con­vocante exige a los oferentes a contar con un dispositivo electrónico de detección de termitas. “Solo una empresa cuenta con este dispositivo y es totalmente dirigido, por lo que contradice la ley”, dice una de las quejas publica­das en el llamado, en refe­rencia a la tecnología anti­termita (kupi’i), requisito no visto en ninguna otra licita­ción publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Las exigencias menciona­das son criticadas por posi­bles oferentes en el nuevo llamado a licitación, advir­tiendo de un supuesto direc­cionamiento del proceso de contratación.

Otra de las observaciones consignadas es que para poder concursar del lla­mado deben tener oficinas “en al menos cuatro de estas ciudades: Asunción, Pilar, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarna­ción, Coronel Oviedo, Villa­rrica, San Ignacio, Misio­nes o Concepción”. Sobre el punto se pide la modifica­ción “a manera de dar mayor oportunidad y poder con­tar con la mayor cantidad de oferentes potenciales”.

Otra denuncia calificada como limitante es la provi­sión de insecticidas. Es obli­gatorio para el oferente el uso de un insecticida con carac­terísticas específicas cuyas documentaciones dependen de una sola representante y que se maneja de manera muy particular en la concesión de la habilitación.

Las denuncias subrayan que “los oferentes no pueden depender de que una empresa privada provea de un docu­mento” porque esto eviden­temente es un filtro para interesados en negocios con instituciones públicas.

Como se puede ver en el por­tal de la Dncp, el llamado cuenta con 9 consultas, entre las cuales se cuestio­naron la capacidad técnica, el porcentaje de facturacio­nes requerido, requisitos documentales, los insumos solicitados, las visitas técni­cas, entre otros. Todas estas consultas fueron realizadas dentro del tiempo límite establecido, sin embargo, ninguna de ellas fue con­testada hasta ahora pese a que ya venció el tiempo esta­blecido de respuesta.

Mientras en la previsional faltan medicamentos y los asegurados sufren calva­rio detrás de turnos, en la administración de Bata­glia en el IPS llevan ade­lante una jugosa licitación antitermitas que de nuevo saldrá miles de millones de guaraníes a los aportantes cuando disponen de un pelotón de gente en el área de mantenimiento y otras secciones que bien podrían hacer honor a la causa de optimizar recursos y dedi­carse a desinfectar, limpiar la institución.