Los bienes de todos los paraguayos fueron puestos en riesgo por las decisiones de la administración de Mario Abdo Benítez, siendo Itaipú y Petropar los centros estatales desde donde las autoridades terminaron actuando en beneficio de intereses extranjeros. En el último acto entreguista, el mandatario vendió gasoil a YPFB y le redujo el precio en quince días, mientras acá el fisco deja de percibir US$ 2 millones al mes por la modificación del impuesto selectivo al consumo del diésel, con mismas especificaciones del producto enviado a Bolivia.

  • Unidad de Investigación Nación Media

A principios del mes Petróleos Paragua­yos SA (Petropar) vendió combustible a Yacimien­tos Petrolíferos Fiscales Boli­vianos (YPFB). La entrega de 12,5 millones de litros de com­bustible se realizó en tandas cuyos precios de venta fueron bajando de manera acelerada que, en dos semanas, se reduje­ron 6% el valor por m3 del diésel exportado desde nuestro país, según facturas reveladas por La Nación Investiga. Es decir, el gobierno de Mario Abdo Bení­tez realizó una rebaja del precio del gasoil para beneficio de los bolivianos, mientras que para los paraguayos continuaba con la férrea negativa de no dismi­nuir los costos.

El precio inicial de venta fue de US$ 1.473,36 por metro cúbico, en la primera semana disminuyó a US$ 1.421,86, pero en la segunda semana cayó a US$ 1.389,65, según las fac­turas emitidas entre el 4 y 18 de setiembre del 2022. Pero el Gobierno intenta justificar y argumenta que supuestamente vendió diésel tipo III cuando en las especificaciones técnicas requeridas por YPFB el com­bustible despachado está den­tro de los estándares de diésel tipo I, que Petropar comercia­liza a G. 9.990.

No se puede obviar mencio­nar el decreto de reducción de impuesto selectivo al consumo (ISC) para la importación y comercialización del diésel tipo I, con una base imponible de G. 5.546 por litro, por lo que el fisco deja de percibir cerca de US$ 2 millones.

OTRAS ENTREGAS

Abdo Benítez tiene varios antecedentes entreguis­tas, donde la defensa de los supremos intereses nacio­nales quedó por debajo de los intereses extranjeros. El llamado acuerdo secreto de Itaipú firmado el 24 de mayo del 2019 contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura, a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo.

En diciembre del 2020 tam­bién saltó a la luz el acuerdo extrajudicial que firmó Petro­par para pagar US$ 7 millones a la empresa de maletín Texos Oil. Esto le costó el cargo al ex procurador Sergio Cos­cia, quien había dicho que el acuerdo le pareció correcto ante una eventual derrota en los estrados judiciales por una demanda de US$ 30 millo­nes. Sin embargo, Denis Lichi zafó y continúa al frente de la petrolera estatal pese a ser uno de los firmantes.

Otro caso es el frustrado intento de saldar la deuda con PDVSA, negociando con el pre­sidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En este desarro­llo de hechos apareció un abo­gado vinculado a familiares de Abdo, hizo de nexo entre Paraguay y la oposición vene­zolana, requiriendo comisión de US$ 26 millones. El enviado especial venezolano, Javier Troconis, comentó que este “enlace” tenía mucha fami­liaridad con las autoridades que le recibieron en el Palacio de López.

Y el último acto entreguista anterior a la rebaja del pre­cio del gasoil a los bolivianos es la reducción del 8,2% de la tarifa de Itaipú que Abdo cedió a pedido del Brasil, y que pasó de US$ 22,60 kW/m a US$ 20,75 kW/m.

Esta medida claramente bene­ficia al vecino país porque com­pra el 85% de la energía que produce la hidroeléctrica, y Paraguay el 15%.

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