El criminólogo Juan Martens refirió que los centros penitenciarios están a la deriva con la gran cantidad de políticos como autoridades que ejercen el apriete a los presos como modelo. El PCC denunció públicamente torturas, falta de comida y robos, en medio de una crisis en la que hacen responsable al director de Institutos Penales, Julio Balbuena, funcionario de confianza de Édgar Olmedo.

• Unidad de Investigación Nación Media

Ayer sábado sorpren­dió que el Primer Comando Capital (PCC), una facción criminal brasileña que tiene varios tentáculos en Paraguay, haya emitido un comuni­cado en donde alertan hechos de tortura, robos y tratos degradantes por parte de las autoridades carcelarias, res­ponsabilizando y pidiendo la destitución del director de Institutos Penales, Julio Ramón Balbuena, un opera­dor político ovetense que en junio pasado fue puesto en el cargo por el ministro de Jus­ticia, Édgar Olmedo.

El doctor en criminología Juan Martens fue uno de los que compartió el “salve” de la organización, y advirtió que se deben de realizar cambios, porque estamos en la antesala de una gran reacción.

Es que, en el comunicado, los miembros del PCC señalan que existen abusos de auto­ridad contra sus miembros, como torturas, robo de perte­nencias y destrucción de sus alimentos. Reconocen que las requisas forman parte del sis­tema de control, y mencionan que no están en contra, pero cuestionan los abusos.

La organización señala que busca el diálogo y el cambio dentro de los penales. “Cada día nos enfocamos en brin­dar calidad de vida en el sis­tema penitenciario, y a tra­vés del diálogo resolver con las autoridades los diferentes conflictos que suceden a dia­rio, sin embargo, desde el ini­cio de la gestión del Lic. Julio Balbuena no hemos recibido soluciones a los problemas”, dice la misiva.

El criminólogo dio a enten­der que el gobierno de Mario Abdo Benítez hoy tiene las cárceles como botines, y cuando no se cumple el fin primero de obtener dividen­dos se aplica la represión.

“Es reflejo de la precarización del Gobierno, la politización y partidización de los centros penitenciarios. Abandona­mos un sistema de gestión que era más profesional y vol­vimos a un sistema precario, político partidario que busca recaudar dinero. Eso genera reacción al interior de las cár­celes y como no saben cómo controlar meten garrote”, afirmó Martens.

Pero incluso el doctor advirtió claramente que hay también facciones del crimen organi­zado que tienen la venía de las autoridades para ejercer pre­sión, además de los mismos funcionarios penitenciarios.

“Los funcionarios son los que más aprietan, y en algu­nos casos reos de otras fac­ciones que trabajan a cuenta de los funcionarios. Pero es la autoridad penitenciaria la que permite, la que tolera, la que queda con gran parte de los beneficios”, reveló el cri­minólogo.

Recordemos que en marzo de este año el ministro de Justicia reconoció que un nombramiento de jefe de seguridad tuvo que ser modificado porque el clan Rotela no estuvo de acuerdo con la designación. “Los que son parte del clan Rotela no comparten esta designación y el que fue designado renunció”, había dicho Olmedo a un matu­tino local.

Esta denuncia de hechos de tortura, malos tratos, robos y sesión de control a bandas criminales podría desen­cadenar en casos extremos como la masacre del 2019 en la cárcel de San Pedro.

“Puede ser la antesala de una explosión mayor del pro­blema. Recordemos que en la historia del PCC hay moti­nes en 29 cárceles, y ocupar 18 cárceles de Paraguay en la experiencia del PCC no sería nada raro. Tienen experiencia de mayores acciones, y es de esperarse tener una reacción en masa dentro del sistema penitenciario, si no cam­bian las cosas, si no cambia el apriete”, refirió el entre­vistado.

En medio del comunicado del PCC, ayer también se hicieron virales videos de hechos de violencia contra la población penal de Ciudad del Este. En las filmaciones se observan como son golpeados estando ya rendidos, expuestos des­nudos en medio del patio, y también se permiten escu­char disparos de escopetas.

Otro hecho sumamente grave es que los agentes penitencia­rios que estaban reprimiendo actúan con máscaras o capu­chas, según se escucha en el material. Por último, desde el penal también denunciaron que supuestamente recibie­ron amenazas de que si divul­gaban las filmaciones iban a ser todos trasladados, pero aun así decidieron exponer la brutalidad que se ejerce dentro de las cárceles.