El uruguayo supuestamente contó con gran cooperación de organismos estatales para agilizar el montaje de la estructura durante el período en que Paraguay se colocó como epicentro de la narcoexportación. La organización logró establecer conexiones relevantes para los fines ilícitos, accediendo a cooperación e información sensible.
Unidad de Investigación Nación Media
Las transcripciones de las escuchas telefónicas remitidas al Ministerio Público como parte del informe de inteligencia de la operación A Ultranza Py dan cuenta de cómo una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Paraguay al mundo logró permear varias secretarías de Estado para su beneficio.
Estas beneficencias que supuestamente obtenía el uruguayo Sebastián Marset al parecer contribuyeron para que de forma acelerada y con suma eficiencia logre montar una estructura que se presume coordinaba envíos de droga a través de contenedores contaminados.
Para entender el contexto es importante señalar que durante los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez, como nunca, en los puertos europeos se incautaron de aproximadamente 50 toneladas de “cocaína made in Paraguay”. Sin olvidar que el valor de los cargamentos decomisados por agencias internacionales asciende a unos US$ 5.056 millones, según referencia de precios de destino.
Volviendo al investigado, los registros de la Dirección General de Migraciones mencionan que el uruguayo Sebastián Marset empezó a frecuentar nuestro país desde el 2018, y su primera entrada se registró unos días antes de las elecciones generales de aquel año.
“El objetivo Sebastián Marset tendría una participación activa en cada una de estas etapas en las que se desarrollan las actividades ilícitas, por lo cual se lo considera el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, sería uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de drogas”, revela el informe de inteligencia de A Ultranza Py.
Es importante mencionar que los miembros de la organización califican al uruguayo como “El Jefe”; sin embargo, se presume que por encima de él estaría “El Jefe Mayor”, que en el proceso de la investigación no fue identificado, refieren fuentes.
Tampoco es un dato menor que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional haya otorgado a Marset y miembros de su familia cédulas paraguayas, de manera “agilizada” y en cuestionable proceso. Incluso el indagado lograba permear controles migratorios utilizando documentos bolivianos de contenido falso en ocasiones, revela el informe de inteligencia.
Pero como si faltaran sorpresas, según el documento del SIU, la organización logró obtener información sensible sobre un despliegue táctico en el Chaco, que tenía como fin la incautación de una narcoavioneta cargada de cocaína. Se manejó la hipótesis que el aviso a los narcos se dio en la fase previa al operativo y la aeronave no descendió.
Además, ya estando Marset detenido en Dubái por problemas con un pasaporte paraguayo adulterado, la organización buscó ayuda para solucionar el impasse del jefe contactando a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, e incluso llegando supuestamente a un colaborador del número dos del Palacio de López, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Al día de hoy, la historia sigue con el uruguayo en libertad. Existe un elemento clave por el cual se presume que Sebastián Marset decide no regresar más al Paraguay, y es porque fue avisado de una investigación del Ministerio del Interior y del Comando Tripartito de la Policía Nacional. En los facsímiles se pueden observar en detalle las filtraciones, que se dieron durante la administración de Arnaldo Giuzzio.
Hasta el momento los supuestos mayores referentes de la organización criminal siguen prófugos de la Justicia, e incluso la Senad y el Ministerio Público aún no determinan la identidad del elemento superior por encima del uruguayo, llamado por todos como “El Jefe Mayor”.