Las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y los Estados Unidos de América están en sus mejores momentos gracias a los numerosos acuerdos suscriptos y el propósito fundamental de marchar juntos hacia nuevos logros políticos y económicos mediante la relación amistosa de ambos gobiernos. En ese sentido, se puede afir­mar que la gestión del presidente Santiago Peña ha escalado a su punto más alto en su relacio­namiento con la más poderosa nación de Occi­dente y una de las más importantes del mundo. Un logro que hasta ahora no se ha podido obte­ner en el pasado y que remarca claramente el éxito de esta gestión gubernamental.

Se puede afirmar que la alianza estratégica entre nuestro país y la nación del norte ha adquirido su mejor posición en varios sectores bien específicos, que constituyen los mejores aciertos en el campo de la política internacio­nal de los últimos tiempos. La observación de lo acontecido en diversos renglones así lo están demostrando.

El encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, Robert Alter, ha señalado que debido a los numerosos acuerdos entre ambos gobiernos se está viviendo un “momento de oro” en las relaciones entre las dos naciones. Y en esa feliz expresión se resume lo que se vive en la actualidad.

La alianza estratégica se ha profundizado durante el gobierno actual por los acuerdos realizados en varios asuntos de interés nacio­nal, lo que ayudará a mejorar en gran medida la situación de nuestro país.

Uno de los convenios se relaciona con la adqui­sición por Paraguay de un sistema de radar para la aviación con el propósito de fortalecer la vigilancia aérea y combatir el tráfico de los delincuentes. La compra de los radares se hará a través del programa norteamericano de Ven­tas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés).

En febrero último, nuestro país suscribió con EE. UU. un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El documento hará posible la cooperación para el suministro de minerales especiales necesarios para tecnolo­gías avanzadas.

Otro tema de gran relevancia es el relacionado a la utilización de energía atómica. Para ello ambos gobiernos están entablando negociacio­nes sobre el uso civil de energía nuclear que se conoce como Acuerdo 123. Con este convenio las empresas estadounidenses podrán exportar a nuestro país equipos y materiales nucleares civiles de gran envergadura.

Paraguay albergará centros de datos de inte­ligencia artificial. Y para ello se estableció un convenio entre la firma estadounidense Crusoe y la empresa paraguaya Araico, que se alimen­tarán con energía de Itaipú y estarán ubicados en Alto Paraná. La producción de estos centros estará destinada a clientes de Estados Unidos y de países de Latinoamérica.

En diciembre pasado, el gobierno paraguayo y el de EE. UU. anunciaron un acuerdo denomi­nado SOFA, que permitirá que personal civil y militar norteamericano participe en activi­dades de cooperación en territorio paraguayo para el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional. Consistirá en entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia militar.

El Comando Sur de EE. UU. destinará una inversión cercana a 11 millones de dólares para fortalecer las fuerzas especiales paraguayas y la cooperación contra organizaciones crimina­les y terroristas. Incluye la entrega de equipos militares y dispositivos de visión nocturna.

Con la reciente visita a nuestro país del vice­canciller norteamericano, Christopher Lan­dau, se finiquitaron algunos acuerdos y su presencia de gran importancia política tuvo el toque afectivo de demostrar el cariño que tiene al Paraguay donde vivió varios años cuando niño.

Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista político, la presencia y los dichos de Lan­dau en nuestro país tienen suma relevancia, porque constituyen un espaldarazo más para la administración gubernamental encabezada por el presidente Santiago Peña.

Tener un estrecho relacionamiento con otro país, con acuerdos y convenios de gran impor­tancia para el Paraguay, es un logro de trascen­dencia. Y que la contraparte sea nada menos que una de las más importantes naciones del mundo, como Estados Unidos, constituye un acontecimiento de inmenso valor, muy cercano a una proeza.

De ese modo, aparte del gran crecimiento eco­nómico que está viviendo el país, se tiene tam­bién la conquista muy significativa en materia de relacionamiento diplomático con los países de mayor peso internacional. Lo cual es una ventaja de enorme alcance que se debe aprove­char para el mayor desarrollo de la nación para­guaya.

Por: Adelaida Alcaraz

Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.

El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.

Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.

Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.

Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.

Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.

“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.

El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.

La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.

Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.

Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.

Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.

La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.

El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.

Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.

La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.

La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.

El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.

La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.

Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.

Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.

En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.

El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.

La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.

La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.

Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.

Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.

“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.

Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.

De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.

En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.

La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.

Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.

Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.

La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:

* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.

* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.

* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.

“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.

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La obra fue adjudicada al Consorcio GHA, que tendrá a su cargo la construcción del nuevo hospital.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó ayer el acto oficial que da inicio a las obras del Gran Hospital General de Asunción, en el barrio Sajonia. El mandata­rio señaló que esta obra repre­sentará mejorar la calidad de vida de los bañadenses y los pobladores de la zona, dando condiciones de vida digna y oportunidades, principal­mente en una zona donde históricamente sufre con el fenómeno de la crecida del río.

“Habíamos tenido una expe­riencia, en una de las creci­das, habíamos construido un barrio hermoso, el barrio Las Colinas que estaba en el departamento Central, ale­jado de Asunción, con toda la infraestructura, y cuando entregamos las viviendas nos encontramos con muchas de estas familias que nos decían que las casas son hermosas, pero son asuncenos y no que­rían salir de Asunción”, contó el presidente en su discurso.

Agregó que esta situación llevó a un cambio de percep­ción sobre las políticas públi­cas de mejoramiento de las condiciones de infraestruc­tura de los barrios más vul­nerables. “Fue un cambio en el abordaje ya en el periodo del presidente Horacio Car­tes, dijimos que ya no le vamos a mudar a nadie de Asunción, nosotros vamos a mejorar las condiciones en Asunción”, refirió.

El proyecto del Gran Hospital de Asunción es financiado con el apoyo del Gobierno de Tai­wán, con una inversión total de USD 62 millones, obra que estará ubicada en el predio del excapitán Bozzano en la Costanera Sur, un terreno de cinco hectáreas y contará con un edificio de aproxima­damente 38.000 m².

La obra fue adjudicada al Consorcio GHA, que tendrá a su cargo la construcción del nuevo hospital. La proyec­ción es que esta infraestruc­tura hospitalaria será uno de los hospitales más grandes y modernos del país con capa­cidad para ofrecer servicios de alta complejidad y aten­ción integral a miles de ciu­dadanos.

Contará con: 481 camas, inclu­yendo 88 camas de Unidad de Terapia Intensiva; 11 quiró­fanos totalmente equipados; 67 consultorios para diversas especialidades; áreas de urgen­cias, hospital de día, hemodiá­lisis y una atención especiali­zada para los usuarios.