Es una realidad que el cri­men organizado se ha instalado y forjado sus centros de operaciones y logís­ticas en nuestro país, y no es menos cierto que la narcoex­portación de cocaína, princi­palmente al viejo continente, es uno de los negocios que mayores dividendos deja a los cárteles.

Para enviar la droga a Europa los narcotraficantes hacen uso de las debilidades instituciona­les, principalmente de la ausen­cia de los órganos estatales en los puertos, por donde salen toneladas de mercancía ilícita. Los números muestran sola­mente un porcentaje de droga decomisada en las centrales portuarias del mundo.

Estadísticas revelan que en los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo, en muelles europeos se decomi­saron aproximadamente 50 toneladas de cocaína, cuando en Paraguay solo se incautó 38. Además, agencias inter­nacionales han provocado al narco un daño patrimo­nial que ronda los US$ 5.650 millones con la “cocaína para­guaya” confiscada en América Latina y Europa.

Pero en medio de esta situa­ción, la Dirección Nacional de Aduanas simplemente se inhibe de las responsabili­dades que les son conferidas, pues la mayor cantidad de droga sale de puertos privados, donde los agentes estata­les tienen nula presencia.

La misma resolución N° 907/21 de Aduanas indica que es la institución investida de competencia para la aplica­ción de la legislación aduanera en la fiscalización y control en el ingreso, egreso y circula­ción de mercaderías, medios de transportes, unidades de cargas, depósitos y personas.

Pero lo que ocurre en reali­dad es que el 80% de los puer­tos está en manos de empresas privadas, cuestiona el experto en seguridad José Amarilla, y agrega que otra de las falen­cias es justamente la cantidad de estos centros de comercios fluviales, que dispersa la posi­bilidad de montar una infraes­tructura de control.

También, en medio del análisis, resalta que algunos puertos no mueven volúmenes que justifi­quen su inversión.

A pesar de los intentos, no logramos contactar con las autoridades aduaneras para tener una explicación sobre la entrega de los puertos, que incluso, genera cuestiona­mientos desde los organis­mos de seguridad pública, que explican que al ser de empresas las que manejan los muelles, se convierten en propiedades privadas, y donde agentes del Estado tienen limitada capacidad de acción.

De hecho, es responsabilidad de cada puerto contratar una empresa o particulares para el servicio de seguridad, explican fuentes del rubro de la exporta­ción, quienes justamente seña­lan que los puertos se convier­ten en tierra de nadie.

Pero, como si fuera poco, varias fuentes consultadas sobre la problemática de la narcoexportación indican que en los centros de comer­cio fluvial existe todo un cir­cuito de procedimiento donde hay contenedores que pasan por los puntos de acceso sin un control por tener un tipo de calificación, y otros que debe­rían pasar de manera obliga­toria por el escáner, no pasan porque hay un supuesto mon­taje de recaudación paralela.

Por demás, una vez que los containers pasan por los espe­jos de Aduanas quedan dias, e incluso semanas, dentro del predio de los puertos porque los embarques se ejecutan de viernes a domingos, sostuvo un comerciante del rubro.

La contaminación de los con­tenedores muchas veces se da dentro de los puertos, durante el período de espera, del que se vale el crimen organizado para desplegar la operativa de la narcoexportación.