En medio de una ola de consultas por problemas respiratorios, una alta demanda de servicios de urgencia y denuncias de persecuciones políticas, la administración de Vicente Bataglia ejecuta desvinculaciones y especula con “recontrataciones” a profesionales como administrativos. Saltan aprietes en Misiones, Ciudad del Este, Villa Hayes e Itacurubí del Rosario (San Pedro); en esta última localidad se afecta a 4.000 asegurados que acuden a atenciones ambulatorias.

• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó una serie de descon­trataciones de personal que fueron denunciadas como represalia a los que no se ali­nean al movimiento del vice­presidente de la República y sus aliados. Lo grave de la situación es que esta segui­dilla de desvinculaciones coincide con el incremento en la cantidad de cuadros res­piratorios y las consultas de los asegurados corren riesgo.

En el hospital del IPS de Ciu­dad del Este fueron desvincu­lados 19 trabajadores, entre los cuales se pueden citar 3 médicos de guardia, 2 fisiote­rapeutas, 2 clínicos, 1 técnico en radiología, entre otros. La versión que dio el doctor Pablo Amatuma, director del nosocomio, es que termina­ron sus contratos y “se está estudiando el caso para rein­corporarlos al plantel”.

Sin embargo, el mismo doc­tor indicó que no todos los que fueron desvinculados serán reincorporados a la institución. “El caso de los tres médicos de guardia, por ejemplo. Ellos están siendo estudiados debido a que incu­rrieron a faltas injustificadas. Estamos investigando si es que pueden justificar estas faltas para ver si podemos recontratarles”, comentó Amatuna, quien señaló que en dicho hospital se reciben “entre 70 a 90 consultas dia­rias para urgencia”.

Un documento filtrado de la institución firmado por el Dr. Aníbal Duarte, jefe del Depar­tamento Médico del Hospital Regional de Ciudad del Este, al contrario de los cuestiona­mientos que hace el director del nosocomio, aboga por la recontratación de profesiona­les de blanco desvinculados considerando la alta produc­tividad de los mismos.

Los medios de prensa tam­bién se hicieron eco de la barrida que se ejecuta en Ciudad del Este para favo­recer al candidato a dipu­tado Luis “Tiki” Gonzalez y al aspirante a gobernador Carlos Pallarolas, ambos del movimiento oficialista Fuerza Republicana (ex Colorado Añetete).

Asimismo, otro hospital de la previsional que se ve envuelto en desvinculacio­nes es el de Santaní, depar­tamento de San Pedro, donde 150 trabajadores fueron noti­ficados sobre el fin de sus con­tratos y cuya suerte se espe­cula según las preferencias electorales que puedan tener.

Al respecto, el diputado de este departamento Pastor Soria indicó que “corre la información” de que los fun­cionarios que no estén “ali­neados con candidatos del oficialismo” están bajo ame­naza en San Pedro, inclu­yendo así también al Hospital Básico Itacurubí del Rosario, en donde igualmente se prevé la desvinculación masiva de opositores.

Según la doctora Claudia Liuzzi, del IPS Santaní, en el nosocomio reciben entre 4.000 a 4.500 pacientes al mes y estima que este número irá aumentando debido a los casos de cuadros respirato­rios que son recibidos en la unidad de emergencias local. Sin embargo, la misma señaló que alrededor de 150 funcio­narios son los que estuvieron culminando sus compromi­sos con la institución. “Varios de ellos ingresaron debido a la emergencia sanitaria del covid-19″, señaló la doctora, quien se desentiende de los fines políticos que puedan tener tales desvinculaciones.

Cabe recordar que funciona­rios del IPS en San Juan Bau­tista también denunciaron ceses laborales por cuestiones electorales y salieron al paso con un comunicado a la opi­nión publica en el cual expre­san su repudio hacia la “noto­ria persecución política” que sufren tras ser desvinculados de sus lugares de trabajo “sin causa justificada”.

“Hoy nos sacan el pan de nuestras bocas y, por ende, a nuestros hijos por temas exclusivamente políticos, por no estar alineados al sector oficialista y no acom­pañar la candidatura de Richard Ramírez, candidato a gobernador; Carlos Arre­chea, precandidato a dipu­tado, y Hugo Velázquez, pre­candidato a presidente”, reza parte del comunicado emi­tido por los ex funcionarios el pasado 1 de julio.

Guardias y limpiadoras que prestan servicios tercerizados en el IPS figuran históricamente con sueldos que triplican el mínimo, pero ese privilegiado ingreso solo queda en los papeles, ya que en la realidad esto es muy distinto.

Históricamente las contrataciones de guardias “de oro” en el Instituto de Previsión Social (IPS) vienen generando muchos cuestionamientos. No hay que olvidar que el caso de la contratación tercerizada de personal de limpieza está en la misma situación, ya que en las licitaciones los salarios triplican el mínimo vigente.

La adversidad de muchos descontratados por cuestiones proselitistas en la administración de Vicente Bataglia vuelve a alertar sobre los negociados o favores políticos que hacen en torno a los trabajadores, ya sean empleados directos o tercerizados.

Es así que en las licitaciones de servicio de seguridad del IPS aparece un rosario de “beneficios” con los que inflan sueldos de los guardias a G. 6.300.000 o más.

Algo similar al caso de las “limpiadoras de oro”, ya que en planilla de firmas adjudicadas aparecen con salarios entre G. 5,4 millones a G. 7 millones o más. Sin embargo, reclamos que suelen estallar en redes cuentan que la realidad es otra y que como mucho cobran el salario mínimo, con lo que se deja en duda cuál es el papel que cumple la previsional en estos contextos de precariedad laboral y qué intereses realmente protege, porque el de los asegurados definitivamente no lo hace.