De 10 recomendados que incorporó Édgar Olmedo al Ministerio de Justicia apenas asumió el cargo, quiere saltar a 763 nuevas contrataciones, escudándose en la emergencia sanitaria y justificando en su mayoría con personal de blanco, envío solicitud de aprobación al Ministerio de Hacienda.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La primera gestión del ministro de Justicia, Édgar Olmedo, al asu­mir el cargo fue la incorpora­ción de una decena de opera­dores políticos de Caaguazú, departamento donde está en fuerte campaña por la dipu­tación.

Nuestro diario había denun­ciado en marzo pasado, que 22 días después de asumir el cargo, Olmedo estaba insistiendo al Ministerio de Hacienda el “contrato tem­poral” de sus seguidores al degradado Ministerio de Justicia, por el dominio que tienen los grupos delictivos, clanes de reos, como el clan Rotela a quien en Tacumbú lo consideran el verdadero ministro.

Con los chequeos en el portal de Transparencia y consul­tas que realizamos a Hacienda constatamos que efectiva­mente ya se encuentran col­gados del Estado, los opera­dores del ministro Olmedo, aliado también de Mario Varela, ministro de Desa­rrollo Social y candidato a senador por el oficialismo. Ahí nos enteramos de otros pedidos para ingreso masivo durante la campaña electo­ral, bien enfocado en el depar­tamento de ambos políticos.

Es así que, tras 4 meses en el puesto la voraz administra­ción de Olmedo, quiere sal­tar de 10 recomendados a la contratación de 763 nuevos funcionarios, valiéndose de la emergencia sanitaria y jus­tificando los masivos ingre­sos con personal de blanco.

Aparecen varias notas remitidas al Ministerio de Hacienda en una misma fecha (31 de mayo del 2022), solicitando la aprobación del Equipo Económico “de vacancias en el marco de la emergencia sanitaria para contratar mediante con­curso de méritos simplifi­cado para funcionarios”. Los pedidos se fragmentan de la siguiente manera: 136 personal de blanco más otros 627 entre agentes peniten­ciarios, educadores, número en el que también deslizaron el pedido de incorporación de administrativos.

Olmedo fundamentó las centenares de contratacio­nes porque hay “un gran aumento de personas pri­vadas de su libertad por año”.

“El pedido ingresó recien­temente, se están haciendo los análisis técnicos res­pectivos para que el Equipo Económico dé su parecer”, señalaron desde el gabinete del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto la presión política para abrir la canilla de contratación acude a tele­fonazos a todos lados, pero la situación financiera no está favoreciendo.

En paralelo, también el pro­yecto iniciado por el dipu­tado Arnaldo Samaniego de retornar un pago de subsi­dio generalizado no se está pudiendo concretar, debido a los continuos problemas de seguridad que afectan a las penitenciarías que parecie­ran estar más controladas por los presos que por las autoridades.

La intención de los sindicalis­tas es pagar subsidio bimestral de G. 1.700.000 a todo el funcionariado de las peniten­ciarías, utilizando de panta­lla a los guardiacárceles que sí trabajan horario continuado de 24 horas. Este pedido no está pudiendo seguir su curso en el Senado y genera seguidi­lla de manifestaciones.

Entre las primeras contra­taciones que urgió Olmedo al Ministerio de Hacienda están Delia Gómez Román, Julio Rivas, Daisy Yohanna Martínez, Víctor Manuel Godoy, Nelson Rolando Barreto, Lorgio Patiño Pavón, Víctor Varela, todos operadores del equipo Varela–Olmedo en Caa­guazú; actualmente privi­legiados del Estado.

El viceministro de política Criminal, Daniel Benítez Romero, que está en Justicia después de pasar por el Indi, había prometido en varias entrevistas que se ocupará del estricto monitoreo en las peniten­ciarías, sin embargo, resultó ser un leal más reubicado por Olmedo.

Benítez fue uno de los que orga­nizaron un apresurado encuen­tro con la prensa al frente de la Penitenciaría de Tacumbú, cuando nuestro medio publicó una serie de investigaciones sobre el relajado control en este establecimiento.

Redes sociales están minadas de fotos y vídeos posteados por los reos desde distintos puntos de las cárceles, mostrando farras, consumo de alcohol, armas filosas, hasta drogas. En pesquisas que realizamos, tam­bién se observaron cómo entran y salen camiones, algunos con carro­cerías completamente cerradas, pero que no quedan en el libro de control de acceso.

Benítez junto con autoridades penitenciarias habían anunciado un sumario para identificar responsabilidades, pero desde ese momento ya no contestan las llamadas y tras esa fugaz reunión de prensa terminaron escondidos de la situación.