El incumplimiento del Ministerio de Obras Públicas con las empresas constructoras torna oscuro el panorama, según el ingeniero Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), quien estima que la situación seguirá golpeando los puestos de trabajo ya que en el 2022 apenas se licitaron 4 obras grandes.

• Por Santiago Rodríguez
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Momentos difíci­les afronta el sec­tor de la construc­ción debido a la deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de aproximadamente US$ 400 millones, que se viene arrastrando desde el 2020, según indicó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), inge­niero Daniel Díaz de Vivar.

El titular de la Capaco sos­tuvo que alrededor de 50 empresas de mayor y menor porte están siendo afecta­das por la deprimente situa­ción. Esta coyuntura tiene a las contratistas remando con créditos y concesiones bancarias para seguir traba­jando, mientras aguardan la aprobación de dos financia­mientos programáticos que se tienen previstos para dar un poco de oxígeno financiero al rubro.

“El Ministerio de Hacienda dijo que iba a remitir un cré­dito de US$ 100 millones y prometió otro en los prime­ros días de junio de US$ 240 millones. Con eso se pretende pagar la deuda”, comentó Díaz de Vivar, quien agregó que el proceso se torna lento debido a la burocracia que requieren estos créditos pro­gramáticos.

Los préstamos, que vendrían a ser los salvavidas de los cua­les las constructoras están pendientes, primeramente, deben ser aprobados dentro del Congreso ya que estos provienen de financiación externa, que luego lleva otros 70 a 90 días para los desem­bolsos respectivos. Mientras tanto, las mismas se ven en la necesidad incluso de reducir su personal.

“Alrededor de 38 o 39 mil per­sonas hasta ahora se vieron afectadas por esta crisis de manera formal, eso se debe directamente a la falta de pago y al desaceleramiento en el ritmo de las obras”, apuntó el titular de la Capaco, quien lejos de verse esperan­zador con la promesa de esos pagos parciales, pronostica tiempos más difíciles al tener en cuenta la caída de las can­tidades de obras que se regis­tran en este año.

“Solamente cuatro llamados de licitaciones de obras gran­des se dieron en lo que va del año. A partir del semestre pasado empezaron a redu­cirse los llamados a licitación, justamente por la falta de la disponibilidad presupuesta­ria”, recalcó.

El empresario resaltó ade­más que entre las más afectadas se encuentran las empre­sas de menor porte que “ya no tienen trabajo”. Esto debido a que estas no califican para las licitaciones grandes con financiamiento externo, ya que las condiciones para acceder son muy elevadas. “Entonces estas empre­sas pequeñas están luego sin trabajo y si tienen deu­das empeora su situación” lamentó.

Según el ingeniero son varias las licitaciones con fuentes de financiamiento externo que están pendientes de aproba­ción en el Congreso. Supuso, además, que el motivo por el cual no se están aprobando se debe a que estamos en un “año político”, además de que no se pueden descartar cues­tionamientos que afectan a la cartera.

Vale aclarar que mientras el MOPC es lenta para honrar las deudas acumuladas con el sec­tor de la construcción, acelera licitaciones con fuerte tufo electoral como la superdota­ción de tecnologías en para­das de buses que prevé un pre­supuesto de US$ 12 millones.

“Los que estamos en este ámbito entendemos que los costos son muy altos, habiendo soluciones de software abierto que pueden hacer exactamente lo mismo y rayando prácticamente la gratuidad”, respondió sin dudar, el experto en tecnología y ciberseguridad, Miguel Gaspar, al consultarle sobre la megalicitación de tecnología en ómnibus y paradas de buses que prepara el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Gaspar habló de que existen otras alternativas como el software abierto, además de que hay ya un centro de monitoreo inaugurado hace tres años al que es perfectamente adaptable el nuevo sistema de GPS, etc., que forman parte de la nueva licitación. El lla­mado Adquisición de bienes y servicios para la aplicación de tecnologías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y segu­ridad del servicio de trans­porte público de Asunción y del Área Metropolitana prevé un presupuesto de G. 84.032.028.810, equivalentes a unos US$ 12,2 millones, en plena campaña electoral en la que vienen desangrando varias instituciones con cues­tionadas compras estatales.

Ítems sobrecargados de conceptos estiran el listado de insumos y elevan los precios con el argumento de revolu­cionar el sistema del trans­porte público mediante tecnología incorporada; el pequeño detalle es que toda­vía no se especifica la fuente de financiamiento. Desde el propio ministerio comenza­ron a filtrar que este mega­negocio apunta a ejecutarse con otro endeudamiento al país.

El viceministro de Trans­porte, Víctor Sánchez, ya no responde las llama­das y sigue sin aclarar de dónde sacarán la plata para pagar esta superlicitación. Lo último que había seña­lado fue que el objetivo “es dar un mayor énfasis en lo que respecta a la seguri­dad dentro del transporte público”.­