En la Presidencia se cosen la boca cuando se trata de aclarar dónde cobra salario u honorarios Verioska Velasco por sus servicios de asesora de comunicación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Contrario a las averi­guaciones y viraliza­ción que hizo el ase­sor político de la Presidencia, Mauricio Espínola, del sala­rio que percibe en una enti­dad privada, el presidenciable Santiago Peña, en el Palacio de Gobierno, guardan reserva y mantienen en secreto quién le paga su sueldo a la asesora de Mario Abdo Benítez.

Velasco se desenvuelve den­tro del primer anillo del Pre­sidente, es una de las perso­nas que le habla directo al oído al jefe de Estado en su rol de asesora. Es, además, una de las que gestionan infor­mación oficial y proveen a los medios. Las redes socia­les de la Presidencia y otras instituciones muestran cons­tantemente a la venezolana participando de actos oficia­les, varios que se atribuyen a su gestión.

Por ejemplo, el conversato­rio bajo el título de “Políticas de Seguridad y Análisis del Narcotráfico en Paraguay” organizado por la Presidencia de República fue gestionado por la asesora venezolana. Uno de los interlocutores del acto oficial realizado en la sede central de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia­les de la UNA en marzo del 2020 le agradeció a Velasco el trámite para el desarrollo del conservatorio, en el que disertaron el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, los entonces ministros de Justi­cia y de Interior, Cecilia Pérez y Euclides Acevedo.

A la asesora venezolana se la ve en funciones de Estado en actividades de la Presiden­cia de la República, pero no aparece en el organigrama de la institución, es un ver­dadero fantasma en los pape­les. Tampoco figura por nin­gún lado sus ingresos por el rol de asesora.

“Desde la Secretaría Gene­ral y Jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, en lo que respecta a Verioska Velasco, ella no se desempeña como funciona­ria en ningún cargo. Tampoco recibe remuneración alguna que sea retribuida desde esta dependencia gubernamen­tal”, refiere la respuesta de Hernan Huttermann, jefe de Gabinete Civil de la Presiden­cia de la República.

Hutterman se encerró en la respuesta de que Velasco “no es funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República” y ya no respondió otras consultas sobre el finan­ciamiento de los servicios de la mujer venezolana como asesora de Abdo Benítez.

La dura reserva que guar­dan con relación a los ingre­sos genera más sospechas aún de cómo se financia esta persona que se maneja en el círculo presidencial, que se mueve por las ofi­cinas del Palacio que es de conocimiento público y que trasciende hasta en redes sociales con fotografías vira­lizadas por altos funciona­rios del Gobierno, provee información a los medios, ostenta funciones en actos oficiales, etc; pero que actúa como fantasma en la nómina de Transparencia del Estado.

“Cualquier acto público requiere un acto administra­tivo”, comenzó diciendo con­vencido de las jurispruden­cias existentes en la Función Pública, el doctor Humberto Peralta, precisamente ex minis­tro de esta secretaría.

Peralta se refirió al caso de los asesores de cualquier repar­tición del Estado y a lo que afecta a la asesora de la Presi­dencia, Verioska Velasco. En todos los casos debe existir un papel, aseveró el ex minis­tro de la Función Pública que, dependiendo de la responsabi­lidad debe ser por resolución o decreto presidencial.

“El funcionario público, el con­tratado o el asesor requiere un acto administrativo, ese acto administrativo si vos me decís no aparece en ninguna insti­tución, habría que ver en nom­bre de qué institución está ejer­ciendo alguna función, porque si fuese ejemplo una entidad binacional sea Itaipú o Yacyretá tiene que haber una resolución institucional que la designe como asesora, por supuesto se define en esa misma resolución si va a tener o no remuneración”, señaló Peralta. Agregó que esto rige para todas las instituciones; “sino es una entidad binacional, ejemplo Secretaría de la Fun­ción Pública, ministerio, igual tiene que haber una resolución institucional”.

El ex secretario de Estado se refirió a las responsabilidades que existen en las funciones de un asesor, más aún el de comu­nicación, que provee informa­ción y con la tendencia de fil­tración de datos esto se torna muy delicado, porque existen responsabilidades y estas deben ser esclarecidas. “Hay informa­ciones muy delicadas, de uso restringido a nivel de autorida­des políticas, eso requiere un decreto presidencial”, subrayó Peralta.

“Tiene que haber un papel, sino el Estado, el sector público que es una institución, la más for­mal de todo el mundo y si no hay acto administrativo para el caso de los asesores, esta­mos fomentando la informa­lidad en su máxima expresión dentro del propio Estado y eso no corresponde. Yo no me puedo ir a hablar en nombre de nadie sino tengo un solo papel, no me basta una credencial que diga fulano de tal asesor de referen­cia”, aseveró el entendido en materia de Función Pública.

Peralta también apuntó a mal desempeño de funciones en el caso de la asesora de presiden­cia. “Es mal desempeño de fun­ciones porque no se presume el desconocimiento de la Ley o de las normativas para dictar un acto administrativo al res­pecto. A nombre de quién está actuando esa persona en par­ticular, si aparece en los actos protocolares y oficiales”.

Indicó además que este tema fue de mucho análisis durante el gobierno del ex presidente Horacio Cartes y “se llegó a la conclusión entre la Procuradu­ría General de la República, la Asesoría Jurídica de la Presi­dencia de la República, la Abo­gacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, Función Pública, que se dicte decreto presiden­cial para el nombramiento de los asesores”.