El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien perdió su cargo por vinculaciones con sindicado narco, es un gran “olvidadizo” de las declaraciones juradas, cuyo caso pasa desapercibido en el debate sobre las rectificaciones que hoy permite la ley. El ex secretario de Estado, denunciado por enriquecimiento ilícito, modificó a su antojo su manifestación de bienes sin que esto le genere problemas con los entes de control.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Mientras el ojo de la prensa está en la ley de despenalización de las declaraciones juradas, en proceso de promulgación o veto por parte del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, algunos secto­res políticos intentan sacar rédito de esta; casos como la grosera transformación que hizo en su manifestación de bienes el ex ministro del Interior, todavía protegido del Gobierno, destituido por conexiones con supuesto narco, Arnaldo Giuzzio, que­dan al margen de la polémica y las normas.

Era de esperarse “rectifi­caciones” en la declaración jurada de bienes del ex minis­tro Giuzzio, al descubrirse que su sueldo en la función pública no le alcanza para las cuotas que consignó en la compra de tres inmuebles para una granja por valor de G. 1.200 millones en Caa­guazú. Tras el escándalo y su desmoralizada salida por conexiones con supuesto narco, transformó comple­tamente su manifestación de bienes. (Ver facsímiles).

Nuestro medio había eviden­ciado a Giuzzio con millona­rias inversiones muy supe­riores en relación con sus ingresos, realizadas durante la pandemia; es decir, en el período 2020, según declaró ante la Contraloría General de la República (CGR).

Su compra de tres inmuebles que suman 37 hectáreas en Caaguazú respaldó con un préstamo de G. 1.375 millo­nes del Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, las cuotas mensuales de G. 12,1 millones, sumadas a otras deudas y la manuten­ción declaradas ante la Con­traloría llegaban a un gasto mensual de G. 29,3 millones, cuando, según sus extractos salariales, su ingreso neto, es decir descontando el aporte de jubilación, le quedaba un líquido de G. 20 millones.

Giuzzio se valió del prés­tamo del BNF, que ya de por sí no pudo sostener su adquisición. Pero, al dejar el cargo, en la actualización de su declaración jurada, desa­parecieron las cuotas men­suales y se infló el monto de la deuda de G. 1.375 millo­nes a G. 2.265 millones. No se explica en el documento el respaldo financiero para que el banco estatal le des­embolse más dinero a un desempleado como lo fue al momento de su baja.

Se esfumaron las cuotas mensuales y aparece una observación que dice: “pago de intereses semestrales de aproximadamente G. 74.200.000 y del capital en forma anual G. 152.750.000″. Este olvido, en las condicio­nes actuales pudiera empu­jar hasta la prisión al cuestio­nado ex secretario de Estado, que por cierto viene zafando de los entes de control que cuentan con toda la docu­mentación para caerle con el peso de la ley.

La Fiscalía, que tiene una causa abierta por enriqueci­miento ilícito y otros supues­tos delitos contra Giuzzio, no manifiesta avances desde un requerimiento de examen de correspondencia que le había solicitado a la Contraloría General de la República el 11 de febrero pasado. Desde el ente encargado de analizar las declaraciones juradas tam­poco surgieron novedades en relación con el tema, que invo­lucra a la prosperidad del ex ministro al ubicarse en altos cargos públicos.

A cuatro meses de la denun­cia que había presentado el abogado Eduardo Gonzá­lez, las investigaciones no han derivado al menos en resultados preliminares, pese a que las modifica­ciones que Giuzzio hizo en documentos sugieren fuer­tes ocultamientos y decla­ración falsa. No se explica cómo cuotas mensuales se transformaron en anuales y cómo en un año duplica su deuda cuando ya la ante­rior no se equiparaba a sus ingresos oficiales.

Las palabras del capataz que cuida la granja de Giuzzio en Caaguazú, así como una investigación que realizó el comunicador social e investigador Alfredo Guachiré, apuntan a que el ex titular de Interior también se olvidó de declarar algunas hectáreas.

Según Guachiré, el ex ministro Giuzzio no declaró una parcela de 12 hectáreas por valor de G. 360.000.000 colindantes a su granja en Caaguazú. Otro suspicaz desliz que transgrede el artículo 243 del Código Penal, que castiga con pena privativa de libertad de hasta cinco años al que presen­tase una declaración jurada falsa ante una institución facultada para recibirla.

“Al no colocar todos los bienes, obviamente es falso, está mintiendo en su declaración”, había mani­festado en su momento el comunicador.

Giuzzio era un humilde funcionario en sus inicios en el sector público. Sus bienes básicamente se resu­mía en un escarabajo y una residencia que desafió sacrificar en sus tiempos de fiscal para defender una investigación contra el ex jefe del Regimiento Escolta Presidencial en el año 2003, cuando su patrimonio era de G. 130.300.000. Nada quedó de aquel modesto agente del Ministerio Público, que experimentó un aumento patrimonial de 810% al llegar a su último cargo de ministro del Interior.