Mientras se prevé tratamiento en sesión de Diputados del lunes próximo, funcionarios penitenciarios comenzaron las amenazas de huelga. La puja está entre liberar la canilla o filtrar el beneficio para los guardiacárceles con jornada extendida de trabajo. Hacienda había dictaminado que subsidio alimentario es para guardiacárceles, no para administrativos con horario laboral mínimo.

El objetivo fundamental al que apuntan hoy funcionarios penitenciarios de la mano del diputado Arnaldo Samaniego es volver a desangrar el limitado presupuesto del Estado con el pago de subsidio alimentario a discreción. Desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú comenzó a gestarse una fuerte presión con amenazas de brazos caídos.

Tensos, expectantes y con alertas activadas se encuentran los funcionarios en los penales para eliminar el filtro que se aplicó este año al clasificador presupuestario que limita la “ayuda alimenticia” de G. 1.700.000 a los guardiacárceles que cumplen 24 horas corridas de trabajo. La modificación deja fuera a los que cumplen 8 horas de trabajo y menos como se venía ejecutando.

En medio de manifestaciones, los funcionarios presionan y anuncian que realizarán huelgas en caso de no recibir el guiño político para ser nuevamente incluidos como beneficiarios de la ayuda alimentaria.

El polémico proyecto que fue presentado por Samaniego el pasado 22 de marzo busca insistentemente recuperar el conocido “acuerdo JJ”. El mismo se había dado en la era del ex ministro Julio Javier Ríos donde, como muestra de paz en el 2019 en medio de una violenta huelga autorizó una repartija de subsidio alimentario a todos los funcionarios de las penitenciarías del país, sin exclusión.

El “acuerdo JJ” había sido suprimido por el Congreso Nacional a inicios de este año, y en el clasificador presupuestario de la Ley Nº 6873/2022 de Presupuesto, aplicó un ajuste donde establece que el subsidio bimestral de ayuda alimentaria corresponde exclusivamente a los guardiacárceles que completan 24 horas de trabajo, no así a los administrativos o aquellos que no cumplen con esa carga horaria. Esa determinación significa un importante ahorro para el Ministerio de Justicia y, por supuesto, para los contribuyentes.

Cabe recordar que de 1.364 penitenciarios, solo 563 cumplen la jornada laboral de 24 horas, el resto no completa esa carga horaria. El proyecto Samaniego busca instalar de vuelta esa carga presupuestaria, y la decisión debe ser tomada por la Cámara de Diputados que sesiona el próximo lunes 11 tras la petición de la diputada Esmérita Sánchez.

En un principio estaba previsto que la Comisión de Control y Cuentas procese y dictamine el tema. Quisimos conversar con varios de sus miembros y solo logramos con el diputado Celso Kennedy, quien manifestó que la propuesta puede ser ampliada pero para aquellos funcionarios que cumplen 12 horas de trabajo o más, no así a los administrativos o los que trabajan menos de 8 horas. “Se puede ampliar la posibilidad de que puedan recibir los que son merecedores, pero en la dimensión justa no a mansalva”, señaló.

Por su parte, el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, comentó que por el momento no recibieron ningún requerimiento presupuestario para otorgar más subsidios en el sistema penitenciario. “No tenemos ninguna solicitud ni datos, cuando nos plateen lo vamos a analizar”, indicó.

El Ministerio de Hacienda ya había dictaminado sobre el subsidio a funcionarios penitenciarios y concluyó que “solo los guardiacárceles podrán percibirlo en la forma estipulada. Los demás funcionarios se deben regir por la regla general de un solo pago hasta la suma de G. 2.192.839″. En cambio, Samaniego busca reabrir la canilla para seguir con el festín del dinero en pleno año electoral.