El diputado Sergio Rojas ingresó como concejal de Itá con dos autos usados, una deuda a cobrar de G. 9 millones y algunos muebles por G. 6 millones en el 2003, pero hoy tiene 8 inmuebles de grandes dimensiones, sabe ahorrar y su activo sube a G. 2.018 millones. Este ascenso económico se dio principalmente en los años en que estuvo como director del SNPP, en la época de Fernando Lugo. Coincidentemente, su esposa también tomó vuelo en los negocios tras los años dorados del marido en el instituto de formación, ya que creó una empresa y ganó licitaciones en serie.
- Por Silvia Aguilar Ramos
- silvia.aguilar@nacionmedia.com
El importante ascenso económico que experimentó el diputado Sergio Rojas en los últimos años es bastante considerable, según puede observarse en las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentó como funcionario público. Su patrimonio aumentó en G. 1.900 millones al pasar por tres cargos dentro del Estado.
Su declaración jurada del 2003, cuando era concejal de la ciudad de Itá, muestra que tenía G. 35 millones, su ingreso mensual era apenas de G. 1,3 millones, pero declaró honorarios como profesional abogado de G. 5 millones. No manifestó inmuebles y tenía una deuda de G. 7,8 millones.
El liberal Sergio Rojas es abogado y ocupó un lugar en la Junta Municipal de Itá en el período 2001-2006. Luego, se ubicó en la Contraloría General de la República (CGR).
Durante el gobierno de Fernando Lugo fue designado titular del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), donde fue acusado de dejar sin rubro a las personas con discapacidad para acomodar a sus operadores. Ese tiempo fue clave para amasar sus bienes e incrementar su patrimonio. Se mantuvo en el cargo hasta el 2013, cuando renunció para realizar su campaña proselitista con miras a ocupar una banca en Diputados.
Precisamente, logró ingresar a la Cámara Baja ese año y, al asumir en el cargo, en su declaración jurada manifestó tener un activo de G. 678 millones, es decir, G. 643 millones más que diez años atrás, cuando se iniciaba como modesto concejal distrital.
En ese documento, es decir al dejar el SNPP, declaró la tenencia de seis inmuebles ubicados en Itá y, además, acciones de G. 50 millones en la firma Jeroviaha SRL.
En julio del 2018, cinco años después, luego de asumir otro período como diputado nacional, su activo trepó a G. 1.128 millones. Declaró inmuebles por valor de G. 800 millones, además de adquirir una camioneta en el 2017 por G. 120 millones.
Cinco meses después, en diciembre del 2018, su patrimonio subió a G. 1.678 millones y el valor de sus inmuebles subió a G. 1.300 millones. También consignó una deuda de G. 872 millones.
La Contraloría General de la República en el 2020 vuelve a publicar la declaración jurada del diputado liberal Sergio Rojas y su patrimonio, en constante crecimiento, ya era de G. 2.018 millones. Evidentemente, no hay crisis en la vida del legislador, todo es ascenso económico, según sus manifestaciones de bienes.
Declaró ocho propiedades que se encuentran en Itá y totalizan G. 1.640 millones y su pasivo se mantuvo en G. 872 millones.
PRÓSPERA ESPOSA
El buen pasar económico del diputado también se extiende a su esposa, la señora Gloria Cantero, quien es propietaria de la empresa Constructora del Sur (ConstruSur), firma que acapara contratos en municipalidades y gobernaciones. La empresa ingresó a la nómina de proveedores del Estado coincidentemente cuando Rojas salió del SNPP.
La empresa ganó licitaciones desde el 2016, cuando Rojas ya estaba bien ubicado en la Cámara de Diputados. En total ConstruSur ganó contratos por más de G. 38.000 millones en cinco años.
Una de las instituciones que más ha mimado a la firma del diputado y su esposa es la gobernación de Presidente Hayes, que le adjudicó del 2019 al 2020 cinco licitaciones por un monto de G. 4.569.372.933 en total.
Sin mencionar que, pese a que lleva más de un año sin concluir sus obras en la mencionada gobernación, sigue acumulando adjudicaciones en varias comunas.
El año pasado, la esposa del diputado estuvo en la mira luego de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), donde la mujer aparece en un esquema que presumiblemente utilizaba facturas falsas.