Secretaría de René Fernández, que debería adelantarse en articular políticas anticorrupción de manera transversal en el Estado, recibe miles de denuncias, pero pesquisas no llegan a la mitad. En este gobierno llegaron 5.305 denuncias ciudadanas a su institución, cerca de la mitad todavía “en proceso de investigación” y de la otra mitad cerrada (2.995), apenas 18 casos vieron como indicios de corrupción.

En un país en el que todos los días se denuncian hechos de corrupción, resulta tragi­cómico los pobres números de investigaciones conclui­das por la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción (Senac), cartera que, en teoría, debe liderar y articular acciones interinstitucionales para la lucha contra este mal.

Entre el 2018 y 2022 se reci­bieron 5.305 denuncias anó­nimas de posibles hechos de corrupción, de las cua­les 2.310, casi la mitad, aún “están siendo procesadas”, lo que denota una lentitud inexplicable para avanzar en las pesquisas, esto cuando Anticorrupción tiene a su disposición todos los recur­sos para culminar prósperas investigaciones.

Esta secretaría, que tiene por ministro al ex fiscal René Fernández, de 2.995 denun­cias descubrió y remitió apenas 18 casos de corrup­ción al Ministerio Público. De acuerdo a los datos de la Senac, fueron enviadas 180 carpetas de hechos punibles a la Fiscalía; sin embargo, de esta cifra, 163 corresponden a una sola causa que hace referencia al cobro irregu­lar por parte de un grupo de funcionarios públicos del subsidio Ñangareko, ayuda económica que estaba diri­gida a personas de escasos recursos durante la pande­mia, pero que terminó en manos de avivados.

Uno de los hechos que más perjudican a la economía y a los trabajadores formales es el contrabando; sin embargo, en tres años y medio la Senac solo remitió al Ministerio Público dos casos de contrabando, uno en el Puente de la Amistad y otro en zona de Nanawa, Fal­cón y Puerto Elsa.

Es sabido que en dichos luga­res el comercio ilegal opera a plena luz y en la mayoría de los casos en connivencia con funcionarios estatales; por ende, que solo hayan remi­tido a la Fiscalía dos casos de contrabando resulta un chiste de mal gusto.

El registro de investigacio­nes realizadas por la Senac, que nos proveyó a través de la Ley de Acceso a la Infor­mación Pública, revela que durante la gestión del actual gobierno apenas se detectó un caso de cobro indebido de honorarios, tres hechos de lesión de confianza, cinco estafas, dos hurtos agrava­dos, de los cuales uno hace referencia a un caso de sus­tracción de combustible de un vehículo del Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC).

Los escasos resultados en investigaciones de la Senac solo dan a entender que las denuncias realizadas por los ciudadanos son desacre­ditadas. De hecho, un total de 2.387 denuncias fueron desestimadas por Antico­rrupción, lo que representa un 45%.

La secretaría de René Fer­nández desestima denun­cias especialmente por dos razones: por “no reunir con los requisitos de admi­sión” y porque de acuerdo al análisis de la Senac, no corresponde un hecho de corrupción, entonces se procede a desestimar y archivar.

La misión de la Senac men­ciona textualmente que deben “liderar la aplicación de políticas de transparen­cias de gestión y lucha con­tra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”; sin embargo, los números oficiales dejan al descubierto que Antico­rrupción hasta el momento ha sido una cartera práctica­mente inexistente para la llu­via de denuncias que reporta la ciudadanía.

Anticorrupción formó parte del grupo de instituciones que componen la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), integrada por los amigos que no vieron irregularidades en licitaciones de emergencia.

La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), liderada por el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anti­drogas, Arnaldo Giuzzio, e integrada por la Secreta­ría Nacional Anticorrup­ción (Senac), fue una de las que investigaron, pero ter­minaron blanqueando la polémica compra de insu­mos chinos.

Giuzzio dijo que no hubo daño patrimonial, cuando se reportaron hasta indicios de contrabando y sobrefac­turaciones en la compra de camas al clan Ferreira.

El Ministerio de Salud tuvo que rescindir contrato ante el rosario de irregularida­des detectadas por la Con­traloría. Esta cartera casi pierde el anticipo abonado, pero para Giuzzio y su amigo Fernández, no hubo daño. Miles de personas fallecían mientras tanto.

Otro de la rosca de Giuzzio y Fernández es el minis­tro anticontrabando, Emilio Fúster, también con cuestionada gestión, quien prometió com­bate por cielo, tierra y agua al comercio ilegal; sin embargo, lo supera el ingreso en negro que hasta lo llaman “minis­tro pro contrabando”.