En marzo se cumplen dos años de la explosiva denuncia de la compra de alimentos por G. 2.949 millones a la pequeña despensa Tía Chela. Instituciones de control dictaminaron en detalles y le remitieron al agente del Ministerio Público el esquema de invitaciones entre parientes para blanquear adjudicación al amigo; sin embargo, este sigue “analizando”. A modo de salvar la situación abrió otra causa, para investigar el caso del humilde constructor de pozo artesiano que se había adjudicado para proveer 50 mil kilos de harina a la Municipalidad del Este.

Pese al rosario de evi­dencias de negocia­dos en licitaciones covid en Ciudad del Este, Miguel Prieto sigue zafando de la Justicia. A casi dos años de la apertura de la investi­gación penal en el caso Tía Chela, la Fiscalía sigue sin concluirla.

La Contraloría General de la República (CGR) con­firmó, mediante una audi­toría, irregularidades en la adquisición de los insu­mos. Según el ente de con­trol, no existen documentos que avalen entrega total de kits de alimentos a familias vulnerables de este muni­cipio en la adjudicación de contrato por G. 2.949 millo­nes a Tía Chela.

A la fecha, el fiscal Juan Ledesma alega que sigue analizando las documenta­ciones sobre la compra pro­bolsillo de los 25.000 kits ali­menticios en Ciudad del Este, orquestada en plena pande­mia. Y ahora se le suma otra causa más: el caso Tajy.

Ante la consulta de cuándo estima la conclusión, señaló: “Una vez que tengamos todas las documentaciones y pruebas para esclarecer los hechos vamos a tomar algún tipo de determinación”. La investigación del fiscal Ledesma es la más larga de la pandemia, mientras que sonados casos denunciados como los tapabocas de “oro” en la Dinac y Petropar, las compras de Salud por US$ 13,5 millones se han definido con imputaciones.

Tajy Servicios Generales, perteneciente a un humilde constructor de pozo arte­siano, había sido adjudicado con un jugoso contrato por vía de la excepción de G. 306 millones en la Municipalidad de Ciudad del Este para pro­veer 50 mil kilos de harina y una decena de insumos comestibles, pero don Buena Ventura Morínigo, su propie­tario, nunca estuvo enterado.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había iniciado dos investigaciones que termi­naron confirmando la serie de irregularidades, cuyas conclusiones constan en la Resolución N° 226/22, fir­mada por el director de Con­trataciones Públicas, Pablo Seitz, y remitida a la Contra­loría General de la República (CGR), la Procuraduría y al Ministerio Público. Por lo que una carpeta más se suma al escritorio del fiscal Ledesma, quien confirmó que recibie­ron el dictamen y la causa ya se encuentra abierta.

El caso de Tajy cuenta con altos indicios de falsifica­ción de documentos, dado que don Buena Ventura ase­guró que no firmó ningún documento con la muni­cipalidad; sin embargo, su supuesta firma es la que está en los contratos homo­logados por el mismo Miguel Prieto. Además, el negocio no es del rubro de alimen­tos, sino de la construcción, y no dispone ni un solo kilo de los insumos facturados a la comuna.

Para los técnicos de Contra­taciones Públicas se violaron principios fundamentales de la ley de compras del Estado, desde la modalidad de excep­ción aplicada a las contrata­ciones hasta lo que se refiere a libre competencia, calidad y precios. No existen en los expedientes consultas de costos para la estimación de los respectivos precios de adquisición.

Cabe señalar que la Contra­loría General de la República también había anunciado que programarán una investiga­ción con respecto a este caso.

Pese a todos los informes remitidos por las entidades gubernamentales, el fiscal Juan Ledesma continúa eva­diendo y dilatando la impu­tación contra los responsa­bles de los alevosos casos de licitaciones amañadas en la comuna esteña.

Incluso, la misma Comisión Permanente del Congreso aprobó realizar una audito­ría integral de todo el período del señor Miguel Prieto Valle­jos al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este. El proyecto de resolución para solicitar la auditoría fue pre­sentado por la diputada Del Pilar Medina a raíz de las numerosas denuncias de compras covid direccionadas y amañadas en la Municipali­dad de Ciudad del Este y ante el nulo avance de las investi­gaciones en la Fiscalía, pese al sinfín de evidencias.