Todas las denuncias de La Nación Investiga fueron confirmadas. Contrataciones Públicas también presume falsificación de documentos en caso del humilde constructor de pozo artesiano que vendió 50 mil kilos de harina a la administración de Miguel Prieto. En el caso de Tía Chela, graves irregularidades desde la planificación de la licitación de alimentos hasta la falta de notas de remisión que avalen la entrega total de los 25.000 kits.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Siguiendo el hilo de las investigacio­nes periodísticas del Grupo Nación sobre la gran cocinada de las com­pras covid de la adminis­tración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciu­dad del Este, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió dos investigaciones que termi­nan confirmando la serie de irregularidades, con el agre­gado de fuertes indicios de hechos punibles.

El fresco dictamen cuyas conclusiones están plas­madas en la Resolución N° 226/22, firmada el viernes pasado por el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría y al Ministe­rio Público. El fiscal Juan Ledezma sería muy osado si sigue ninguneando a las instituciones de control que le remiten informes sobre la serie de irregularidades en las compras covid de Prieto.

La compra de 25.000 kits de alimentos a la pequeña despensita Tía Chela, sin capacidad financiera, por G. 2.949 millones y la adqui­sición de 50.000 kilos de harina al constructor de pozo artesiano don Buena Ventura Morínigo “están viciadas de inconsisten­cias en contravención a las disposiciones que rigen la materia en compras públi­cas desde su planificación hasta la etapa de ejecución de contrato. Consecuente­mente, ambos procedimien­tos por la vía de la excepción y los actos administrativos emitidos por el ente munici­pal son irregulares”, señala la primera parte de la reso­lución de la DNCP.

El documento de 38 páginas se ocupa de detallar porme­norizadamente cómo rea­lizaron invitaciones a una firma de una misma fami­lia en el caso de Tía Chela, propiedad de Fermín Áva­los, y su papá Felipe Ávalos, dueño de Danielito SRL. Así también, para regula­rizar el proceso invitaron a Yrupe, negocio de una amiga del intendente que en ese momento tenía una jugosa adjudicación de almuerzo escolar.

Calcaron el esquema en la adjudicación a Tajy Servi­cios Generales, licitación de G. 306 millones en la que invitaron a Vanessa Floren­tín (Vanemi SA), sobrina de don Buena Ventura Morí­nigo (Tajy); así también, invitaron a Richard Ayala, hermano del papá del hijo de Vanessa.

Para los técnicos de Con­trataciones Públicas se violaron principios fun­damentales de la ley de compras del Estado, desde la modalidad de excepción aplicada a las contratacio­nes hasta lo que se refiere a libre competencia, calidad y precios. No existen en los expedientes consultas de costos para la estimación de los respectivos precios de adquisición.

El direccionamiento como la colusión de Yrupe para regu­larizar el proceso también fueron remitidos a la Comi­sión Nacional de Competen­cia (Conacom) para el estudio pertinente de las infracciones y posteriores sanciones.

Armaron el proceso sacrifi­cando principios elementa­les de economía y eficiencia al dejar de lado la capaci­dad financiera de las fir­mas contratadas. En todos los casos, el dictamen men­ciona al intendente reelecto Miguel Prieto como princi­pal responsable y le reco­mienda realizar sumarios para deslindar responsabi­lidades administrativas.

Contrataciones dictaminó la irregularidad del llamado por excepción, pero además remarcó que hubo invitacio­nes fraguadas debido que en los papeles no existen. Ade­más, los adjudicados, tanto Tía Chela como Tajy, se ins­cribieron como proveedo­res semanas antes de bene­ficiarse con los millonarios contratos, lo que indica que el negocio se gestó previa­mente.

El caso se agrava por la ausen­cia de las notas de remisión que avalen la entrega total de las mercaderías y que es el motivo por el que deriva el caso a la Procuraduría.

En el caso de Tía Chela, lite­ralmente la DNCP señala: “Por la gravedad de las inconsistencias detectadas desde la planificación hasta la incertidumbre respecto a la ejecución total del con­trato, se dispone la remi­sión de los antecedentes a la Procuraduría General de la República para que actúe en el ámbito de su competen­cia y verifique la afectación eventual del patrimonio del Estado y de considerar opor­tuno gestione las acciones necesarias para la aplicación de sanciones civiles y pena­les a los funcionarios invo­lucrados en contravenir las disposiciones legales vigen­tes en la materia”.

La adjudicación de compra al humilde constructor de pozo artesiano es aún peor y la DNCP presume la falsifica­ción de documentos, tal como se anticipó en las publicacio­nes periodísticas. Al no estar enterado el albañil, que solo se dedica a la construcción, no tiene stock ni depósito de mer­caderías, no pudo haber decla­rado capacidad de provisión.

Contrataciones Públicas detectó indicios de hechos punibles, por lo que envió el expediente de investiga­ción de las compras de ali­mentos covid de Prieto al Ministerio Público y a la Contraloría para que actúen conforme a los hechos.