Se formalizó la firma de la escritura pública de transferencia gratuita de un inmueble de dos hectáreas, otorgado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a favor de la Corte Suprema de Justicia, para la futura sede del Palacio de Justicia de Villa Hayes, en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

El documento fue suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, y contó con la participación de los ministros Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón.

Durante el acto, el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, expresó su agradecimiento por la cesión del inmueble y resaltó la articulación interinstitucional que permitió concretar el proceso, destacando especialmente la labor del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, César Garay, y del Consejo de Administración local.

Te puede interesar: Detienen a un hombre como sospechoso de asesinar a su madre

Asimismo, valoró la ubicación estratégica del inmueble, lo que facilitará el acceso de los usuarios del sistema judicial y contribuirá al fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

Por su parte, el ministro del MUVH, ingeniero Juan Carlos Baruja, destacó que la transferencia de un inmueble de dos hectáreas a favor del Poder Judicial se concretó mediante el trabajo coordinado entre los Poderes del Estado. “Tenemos la indicación de generar vínculos a los efectos de apoyar a uno de los pilares más importantes, que es la Justicia, base de la democracia de cualquier país”, afirmó.

La gestión para la obtención del inmueble fue impulsada por el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, César Garay, quien lideró la búsqueda de un predio de fácil acceso para la ciudadanía. El terreno seleccionado está ubicado a escasos metros del centro histórico de la ciudad, próximo al Ministerio Público y a la Gobernación, lo que garantiza condiciones geográficas favorables para la instalación de la futura sede judicial.

Podes leer: Juicio oral a los directivos de Montego Trading será el 30 de junio

La Fiscalía que inves­tiga la denuncia rea­lizada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmanda­tario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriqueci­miento ilícito y con­trabando, no halló elementos y solicitó desestimar la causa. “No existen elemen­tos que permitan concluir en forma positiva”, señala el escrito fiscal.

“Esta represen­tación fiscal considera que, acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obte­nido indicios suficientes que permitan señalar la existen­cia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual corresponde la deses­timación de la misma”, rati­fica la conclusión del docu­mento elaborado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Primeramente, la causa tuvo su origen en la exposi­ción de Arnaldo Giuzzio ante la Cámara de Diputados, el 26 de enero de 2022, fecha en que formuló su denuncia ante la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no ante el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía pidió una copia autenticada de la denuncia a la Seprelad y dio apertura a la causa n.° 15/2022, caratulada “inves­tigación fiscal s/lavado de dinero y otros”, dando inicio a las diligencias por un equipo especial de fiscales.

La Fiscalía se enfocó en tres ejes: a) Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá; b) las declaracio­nes juradas de bienes presen­tadas tendrían indicios de inconsistencias patrimonia­les; y c) la masiva comercia­lización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayorita­rio. Según el criterio del extitular de la Senad y de Interior estos serían indi­cios, pero él mismo no pre­sentó una sola prueba con­creta, según los fiscales.

Seguidamente, la Fisca­lía describe 26 diligencias desarrolladas, incluyendo la citación de Giuzzio para una declaración testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar docu­mentación; sin embargo, el denunciante presentó “un pedido de suspensión y negándose a prestar decla­ración en la segunda opor­tunidad, presentando el tes­tigo una recusación contra los fiscales”.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó informe al Congreso Nacio­nal sobre la presentación rea­lizada por Arnaldo Giuzzio, y el Poder Legislativo informó que el exministro expuso ante el pleno de la Comisión Per­manente del Congreso Nacio­nal “en forma oral, sin dejar material por escrito”. Por ello, también se solicitó a TV Cámara la grabación íntegra de la exposición para inten­tar fundar las acusaciones de Giuzzio.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determina­ción de la retención del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Minis­terio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la Repú­blica Horacio Manuel Car­tes Jara”, describe el docu­mento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandata­rio, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

Los investigadores anali­zaron los documentos pro­veídos por la Contraloría, comparando las declara­ciones juradas de Cartes del 23 de agosto de 2013, del 31 de julio de 2014 y del 29 de agosto de 2018, al iniciar y concluir su mandato. A fin de evaluar la conformación y evolución patrimonial de Cartes, la Fiscalía tuvo acceso a documentaciones de una veintena de insti­tuciones como Hacienda, Tributación, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Ande, Registro de Automo­tores, Comisión Nacional de Valores, Superintenden­cia de Bancos, Superinten­dencia de Seguros, Incoop, Conajzar, Dinac, Dinapi, Ministerio de Industria, Seprelad y Club Libertad, entre otras.

“Se ha hecho un releva­miento en todo el sector financiero, comercial y registrable de los activos que conformarían el patri­monio del señor Hora­cio Cartes Jara”, señala el documento fiscal, así como “una verificación del paquete accionario y evolu­ción de todas las sociedades anónimas informadas por el Ministerio de Hacienda”.

Además, se puntualizan indagaciones aclaradas sobre casos concretos de fideicomisos, capitaliza­ción de acciones y présta­mos atribuidos a Cartes, así como la rectificación en DD. JJ. sobre acciones de la sociedad Dominicana Acquisition, constituida en Panamá. “El examen realiza a su vez el aumento patrimo­nial que significó las diferen­cias cambiarias entre las dis­tintas declaraciones juradas, tomando en consideración que en su mayoría las cuen­tas se encuentran operativas en moneda extranjera y en las declaraciones son expre­sados los valores en guara­níes”, se explica.

Respecto al presunto con­trabando de cigarrillos que señalaba Giuzzio, los fiscales indagaron causas a la Unidad Especializada contra el Con­trabando sobre incautacio­nes. Mientras que Tributación remitió documentación reque­rida en este punto, y refiriendo: “Se menciona que no es posible determinar la trazabilidad de los mismos, puesto que no se cuenta con las facturas físicas”.

En tanto, la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) informó sobre las actividades principales y secundarias declaradas por Tabesa, confirmado que la actividad principal es la ela­boración de productos de tabaco y la actividad secunda­ria es el comercio al por mayor de otros productos.

Finalmente, se solicitó mediante cooperación internacional un informe a la República Federativa del Brasil acerca de causas donde se pudieron realizar incauta­ciones de cigarrillos de origen paraguayo. “Se informó sobre el estado de las causas seña­ladas y que no se han identi­ficado a personas o estructu­ras criminales paraguayas”, expresa el documento sobre la respuesta remitida por las autoridades brasileñas.

El documento fiscal con­cluye: “Realizado el pro­ceso técnico-analítico de constatación de la relevan­cia penal de las conductas presumiblemente aconte­cidas, el proceso de subsun­ción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expues­tos en el Código Penal y en las leyes complementarias. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constan­cias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de Deses­timación de la denuncia se encuentra ajustada a dere­cho, según los argumentos previamente expuestos”.

“Esto es así ya que, de los hechos mencionados en la denuncia que motivo la aper­tura de la presente causa no existen elementos que per­mitan concluir en forma positiva sobre la existen­cia del hecho y la partici­pación de los denunciados en el mismo; sin embargo, existe la obligación de pro­nunciarse conforme a los elementos existentes, esto atendiendo al derecho de los procesados o investiga­dos de tener una respuesta del órgano investigador en un tiempo determinado y oportuno y la necesidad de que el órgano jurisdiccio­nal ejerza su rol de control y supervisión de las activida­des procesales (…)”.

“Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, esta representación fiscal considera que acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios sufi­cientes que permitan seña­lar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corres­ponde la desestimación de la misma, previsto en los Art. 301 Requerimiento Fiscal, inc. 1.° y 305 Desestimación del Código Procesal Penal, con los efectos previstos en el artículo 306 del mismo cuerpo legal”.

El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requerimiento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.

La denuncia fue formulada el 26 enero del 2022 ante la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público. En ese momento, el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había alegado que decidió presentar la acusación ante la primera institución debido a que tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.

Asimismo, había señalado que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y que si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y, de última, comunicar a la Fiscalía. Cabe recordar que la Seprelad fue instrumentalizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas.

Israel lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, informó el viernes el ministro de Defensa israelí, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Tel Aviv podría decidir atacar las instalaciones nucleares de Irán.

“Después del ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, declaró el ministro Israel Katz. Anunció también la declaración de estado de emergencia en su país.

El ejército israelí informó el viernes que completó una “primera etapa” de ataques contra objetivos militares y nucleares de Irán.

“Hace poco, decenas de aviones del IAF (Fuerza Aérea Israelí, en inglés) completaron la primera etapa que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluidos objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, destacó la resiliencia de la economía paraguaya ante la volatilidad global durante un panel organizado por Central Banking en Londres, Inglaterra, junto con gobernadores de los bancos centrales de Croacia y República Checa. En la víspera, recibió un premio en reconocimiento de los logros del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) sobre inclusión y digitalización financiera.

En el panel denominado “La banca central en medio de la incertidumbre política de la administración estadounidense”, el presidente del BCP, señaló las fortalezas de la economía paraguaya, que mostró resiliencia y previsibilidad pese al escenario global incierto, sosteniéndose en políticas fiscales y monetarias prudentes.

Carvallo reafirmó frente a los presentes el compromiso del BCP con una inflación baja y estabilidad financiera, elementos que consideró claves para sostener un entorno previsible y confiable para la inversión. Además, señaló que el grado de inversión y el acceso fluido a mercados internacionales son el reflejo de la confianza en el modelo macroeconómico del país.

En el marco del programa Che Róga Porã, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, supervisó el proyecto Cecilia 1 en Guarambaré, donde constató que las viviendas están terminadas al 100% y listas para ser entregadas a las familias beneficiarias.

El proyecto, ubicado en una zona estratégica a solo 30 minutos de la capital, cuenta con 28 viviendas, equipadas con dos dormitorios, sala-comedor, cocina, baño y lavadero, además de infraestructura esencial como agua potable, energía eléctrica y calles empedradas. Este avance representa un paso crucial hacia la entrega de viviendas diseñadas para brindar comodidad y calidad de vida a las familias paraguayas.

El precio de las cuotas es de Gs. 1.700.000 y las familias iniciarán el pago una vez se muden a su nueva casa. El impacto social se refleja en la creación de un entorno seguro y solidario que fortalece la comunidad local, promoviendo bienestar entre los futuros vecinos.

El único superviviente de las 242 personas a bordo de un avión con destino a Londres que se estrelló en la ciudad india de Ahmedabad declaró el viernes que incluso él no sabe explicar cómo salió milagrosamente con vida. “Todo sucedió delante de mí, e incluso yo no podía creer cómo conseguí salir vivo de ahí”, contó desde su cama del hospital el británico Vishwash Kumar Ramesh, que habló en hindi a la cadena nacional DD News.

El Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, que iba cargado de combustible cuando emprendió un vuelo con destino a Londres, explotó como una bola de fuego el jueves por la tarde justo después de despegar.

Ramesh, que según la prensa ocupaba el asiento 11A, fue el único de los ocupantes del avión que no perdió la vida. Al menos otras 24 personas murieron en tierra. Su hermano también viajaba en el mismo vuelo, informó a la prensa su familia en Reino Unido.

La Cámara de Senadores tendrá una sesión extraordinaria este viernes, a fin de tratar dos proyectos que modificarán el Código Electoral en cuanto a la inscripción en el padrón y en cuanto al financiamiento político.

A las 10:00 de la mañana está convocada la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, en cuyo orden del día figuran dos proyectos. El que modifica el artículo 130 de la ley que Establece el Código Electoral y el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B, de la misma ley.

El primero guarda relación con el Registro Cívico Permanente y permitirá que el TSJE pueda realizar un corte técnico en julio de este año, a fin de facilitar que todos los ciudadanos que se inscribieron desde el 1 de marzo del 2025 hasta el 31 de julio, puedan participar de las internas partidarias de junio del 2026. Por otro lado, el que modifica los artículos 64, 66 y 278, inciso B. Aquí, el TSJE recomienda no aprobarlo hoy, ante posibles errores en el contenido.

Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

Lea también: Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes

El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

Siga informado con: “Es el inicio del fin de una persecución feroz”, afirma Núñez

Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.