El pasado 19 de noviembre solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública a la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera los datos referentes al monto mensual recabado en concepto de multas al igual que las tomas de velocidad detectadas por los equipos de radar, pero hasta la fecha siguen ignorando el pedido y no brindan respuestas.

Con evasivas el ins­pector Darío Lugo, secretario general de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, se limita a decir que la solicitud de infor­mación todavía continúa en proceso y que fue remitida a la Unidad de Asuntos Jurídi­cos, a pesar de que el plazo de 15 días establecidos en la Ley de Transparencia ya venció.

Intentamos comunicar­nos con el inspector Carlos Ferreira, coordinador jurí­dico de la institución, para que nos explique el motivo del retraso, pero no tuvimos éxito.

La solicitud se realizó a través de una nota dirigida al direc­tor nacional y presentada en el cuartel central de la Patru­lla, donde además de pedir los datos sobre la recaudación en conceptos de multas y el des­tino de las mismas, también se solicitaron datos sobre la can­tidad de equipos de radares y las tomas de velocidad detecta­das por cada uno. Igualmente, se requirió cantidad de prue­bas realizadas con el bafó­metro, las notificaciones por cada equipo y por zona. Hasta el momento, la nota sigue dur­miendo en la Patrulla.

La Ley 5282 “De libre acceso ciudadano a la infor­mación pública” establece claramente la obligatorie­dad que tienen las institu­ciones públicas de brindar respuestas a los pedidos y que deben entregarse den­tro del plazo de 15 días. La Patrulla Caminera lleva 20 días sin cumplir con esa normativa.

El pedido realizado por nuestro medio busca acce­der a datos sobre los regis­tros captados a través de los radares instalados en dife­rentes puntos estratégicos y si estos coinciden con los montos de las multas cobra­das desde el 2018.

La Caminera había adqui­rido radares para controlar el exceso de velocidad en las principales rutas que, a juzgar por las denuncias de los con­ductores, se convierte en ele­mento de apriete.

Los aparatos poseen un sis­tema que registra si el rodado infringe alguna normativa y, supuestamente, evita las coi­mas, ya que todo queda gra­bado. Por ello es importante conocer si realmente están funcionando y si ingresan las multas por las infracciones detectadas.

Como era de esperarse, la Patrulla Caminera empezó a socorrer a sus “magos financieros”. Osvaldo Cabrera, además de pagar millonarios salarios a inspectores planilleros, ahora premia a denunciados por esquema de coima. Humberto Rojas y su leal Mario Rivarola, ambos con oscuros antecedentes en su pasar por Ciudad del Este, fueron llamativamente reubicados a otros puestos de control luego de un acelerado sumario que sirvió para el blanqueo.

En un documento firmado por el director nacional, Osvaldo Cabrera, y el jefe operativo, Florencio Vargas, se dispuso el traslado del inspector principal Humberto Rojas a la jefatura Nº 1 de San Lorenzo. Rojas había sido acusado de encabezar un esquema de recaudación paralela en Ciudad del Este cuando era jefe de esa zona regional, y de ostentar lujosas camionetas y un estilo de vida que jamás podría pagarse con el salario que percibe.

Nuestro equipo de investigación constató la lujosa casa de Rojas, que abarca más de un terreno en San Lorenzo, con pileta, área de juego y con una colección de camionetas de alta gama imposibles de mantener con un sueldo de G. 10, 4 millones. Mario Rivarola, el “secretario de oro” de Humberto Rojas, también fue premiado con un apetecible traslado como ayudante a la zona de Ciudad del Este, de donde hace meses lo habían res­catado a toda bala luego de que su nombre también saltara en las denuncias del esquema de coima que aplicaban. Rivarola se desplaza en vehículos de alta gama que no condicen con sus ingresos, pero a la Caminera va con móvil usado.