Desentendidos del perjuicio de unos G. 5.682 millones generado al Estado por los pagos indebidos durante tres años a 15 inspectores vip que no trabajaron, en la Patrulla reubicaron a los privilegiados en oficinas e instituciones cercanas a sus domicilios. Los vip pusieron esa condición ante el inminente desfalco que ocasionaron todos, gracias a un permiso otorgado por el ministro Arnoldo Wiens.

Los permisos para cobrar sin trabajar en la Patru­lla Caminera comen­zaron en el 2018, cuando el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, mandó a 15 inspectores a sus casas con el argumento de un “permiso especial” por resolución ya que al asumir como director nacional un uniformado menos antiguo, los agentes cataloga­dos como vip quedaron a cargo del ministro de Obras, por el artículo 16 de su ley orgánica.

Hoy luego de tres largos años de vacaciones y entre los negocios y la prosperidad, estos 15 uniformados vuel­ven a la Patrulla Caminera, pero no para salir a las calles a velar por la seguridad vial, sino para cumplir funciones administrativas. Una decisión que busca blanquear el daño al Estado paraguayo. A casi un mes de conocerse el escan­daloso caso el director nacio­nal de la Caminera, Osvaldo Cabrera, principal responsa­ble del pago indebido, guarda severo silencio mientras en su institución están tras los chi­vos expiatorios que habrían fil­trado la información.

Según nos comentaba el ins­pector Carlos Ferreira, coor­dinador jurídico de la Patrulla, los agentes deben presentarse en el cuartel y de ahí ser desti­nados al sitio donde cumplirán sus actividades, allí se les asig­narán sus nuevas tareas: “Tie­nen que reintegrarse normal­mente hasta que se decida el pase a retiro de los mismos, que ya dependería del presidente de la comisión de calificaciones, que es el ministro”, indicó el uniformado. Cada año en el mes de noviembre se reúne la comisión de calificaciones de la Patrulla Caminera, que es pre­sidida por el ministro de Obras Públicas. La reunión es ocasión para tratar, entre otros temas, la situación de estos inspecto­res, sin embargo, el caso viene dilatándose desde el 2018.

Los ya conocidos “vips” de la Caminera fueron invitados a volver a la institución y las opciones que se les puso fue pasar a retiro y recibir como haber jubilatorio un monto mucho menor a los G. 9.717.785 que actualmente perciben como sueldo, o realizar tareas administrativas y que quede intacto su salario. Como era de esperarse, los 15 prefirieron empezar a cumplir con tareas administrativas.

Los vips condicionaron su retorno con puestos en ins­tituciones que les queden en las inmediaciones de sus resi­dencias. El inspector Édgar Fariña, encargado de RRPP nos comentaba semanas atrás sobre el preacuerdo al que habían llegado con los 15 agentes “Cada uno eligió continuar con el servicio en el lugar más cercano de su domicilio”, señalaba el agente. Y justamente uno de los que decidió volver a “trabajar” cerca de su hogar es Aman­cio Morínigo. El vip Morínigo pidió ser asignado en la Muni­cipalidad de Minga Guasu donde radica Blanca Godoy, madre de su hijo, al frente de un complejo comercial atri­buido a Amancio Morinigo. La mujer durante una entre­vista con nuestro equipo, negó actuales vínculos senti­mentales con él, sin embargo, el inspector eligió cumplir las nuevas funciones en esa loca­lidad altoparanaense.

El perjuicio que se generó al Estado con este insólito meca­nismo de planilleo asciende a G. 5.682 millones, y a la fecha, lejos de buscar que los inspectores devuelvan lo que cobraron sin haber trabajado, optaron como salida que los mismos sean fun­cionarios administrativos.

Cabe mencionar que, luego de la investigación realizada por “Tierra de Nadie”, el caso de los planilleros vip de la Patru­lla Caminera encendió las alar­mas de la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) que había solicitado un informe referente a los agentes invo­lucrados en el procedimiento. Así como también, inició una investigación de las declaracio­nes de bienes de algunos vips y de otros agentes, entre ellos, el mismo director nacional Osvaldo Cabrera, ante sospe­chas de enriquecimiento ilícito. De igual manera, la Comisión de Obras de la Cámara de Dipu­tados también se hizo eco de la situación y exigió explicaciones sobre el derroche que se estaba dando desde el 2018, aunque parece que en este caso los trá­mites son más bien una suerte de cumplido ante el escándalo.