Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.

El desplome de una construcción y la muerte de dos personas en Encarnación, en una obra que blanqueó sus irregularidades con una multa es lo que la oposición califica de “ataque” al intendente de Encarnación, Luis Yd, al que disfrazan de víctima y perseguido político.

El autodenominado “Bloque democrático” emitió un comunicado en la víspera para expresar su preocupación por la “persecución” contra el intendente de Encarnación, Luis Yd. Los planos aprobados para la ejecución de esta obra autorizaban hasta cinco pisos, pero el edificio finalmente llegó a ocho niveles, es decir, tres pisos más de lo permitido, sin siquiera notificar o iniciar una solicitud de permiso.

La organización del funeral del papa Francisco entró en su etapa final este viernes, último día de capilla ardiente que recibió ya a más de 128.000 fieles. Presidentes, monarcas y autoridades de todo el mundo, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace cuatro días a los 88 años.

Los miles de fieles recorrieron la nave central de la imponente basílica de San Pedro para despedirse durante unos segundos del jesuita argentino. El último balance oficial del Vaticano es de 128.000 personas entre las 9:00 GMT del miércoles, cuando comenzó la capilla ardiente, hasta las 6:00 GMT del viernes

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, sostuvo que como grupo ya realizaron 9 denuncias, de las aproximadas 46 que soporta el intendente Miguel Prieto. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público avanza muy lento en los procesos, mientras Prieto se posiciona como un perseguido político.

“Miguel Prieto hace una buena campaña política, hace esas publicaciones permanentes de que es una persecución política, que él es el único opositor del país, por eso le persiguen mucho”, indicó en entrevista en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En medio de las inundaciones que afectan a varios distritos del departamento de Concepción, el programa de alimentación escolar Hambre Cero no se detiene.

A pesar de que algunas zonas están completamente aisladas por tierra debido a las lluvias —con registros de hasta 150 milímetros en pocas horas—, las empresas encargadas del suministro de alimentos activaron operativos especiales para garantizar el servicio.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) organiza la Expo Posgrado 2025, un evento educativo que se llevará a cabo el viernes 2 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en la sede de la Junta de Gobierno. La feria reunirá a más de 10 universidades nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia gama de programas de maestrías, doctorados y especializaciones diseñados para impulsar el desarrollo profesional de los asistentes.

“Van a venir muy buenas universidades y hay una gran oferta de posgrados”, dijo Enrique López Arce, a la 89.9 FM. El director de la Oficina de Empleo de la ANR, mencionó que una de las casas de estudio que estará es la Universidad Metropolitana de Asunción, que ofrecerá descuentos especiales a los interesados. Algunas de las áreas que ofrece esta universidad son áreas de salud, didáctica y opciones de doctorado.

Este jueves, la Audiencia Nacional - Sala de lo Penal de Madrid, Reino de España, dispuso que Gianina García Troche, esposa del presunto narco Sebastián Marset, quien es requerida en Paraguay por el caso A Ultranza Py, sea extraditada.

La extradición a Paraguay será ejecutada de manera directa, ya que fue aprobada en todas las instancias del sistema de justicia, y por el Consejo de Ministros del Reino de España, y ante la reciente renuncia a la solicitud de protección internacional del asilo que había sido articulada por la extraditable García Troche, segùn informó la Fiscalía Nacional este viernes.

La entrega de Gianina García Troche a las autoridades del Paraguay se ejecutará con la participación necesaria de las oficinas centrales de Interpol de España y de nuestro país.

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, sostuvo que como grupo ya realizaron 9 denuncias, de las aproximadas 46 que soporta el intendente Miguel Prieto. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público avanza muy lento en los procesos, mientras Prieto se posiciona como un perseguido político.

“Miguel Prieto hace una buena campaña política, hace esas publicaciones permanentes de que es una persecución política, que él es el único opositor del país, por eso le persiguen mucho”, indicó en entrevista en programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En este sentido, refirió que Prieto logra desviar la atención, de la ciudadanía principalmente, sobre los hechos irregulares denunciados durante su administración. “Nadie analiza realmente si los hechos de corrupción, que nosotros por lo menos hacemos, que están bien documentados, que son serios, porque trabajamos bastante bien en ese tema de investigación, la gente no mira”, lamentó Montiel.

Sostuvo además que Prieto cuenta con un ejército de operadores políticos para sostener su discurso. “Tiene muchos operadores políticos, tiene un sistema que le maneja el tema comunicacional, entonces él se pasa haciendo estas comunicaciones, estas chicanas, chicanas inclusive a la ciudadanía porque dice que es un perseguido, que él está contra el sistema y el sistema está en contra de él porque es el único en el Paraguay que puede salvar el país”, señaló.

Esta situación también marca una división en la ciudadanía, por un lado, lo que compran el discurso de Prieto y por el otro, los que realizan las denuncias de corrupción. “Estamos divididos porque estamos los que demostramos realmente que él es un corrupto, así como todo su equipo que está con él, ahora sumado a los concejales, porque en la primera etapa no eran los concejales, ahora son todo su equipo, todo esto apañan y hay una campaña permanente que es un perseguido político”, sentenció.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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