Itakyry es el quinto distrito más poblado del departamento de Alto Paraná y uno de los lugares donde de manera frecuente se producen conflictos por la tenencia de tierra entre colonos e indígenas. El más reciente y que se desarrolla en la colonia Tape Yke, fue tema del programa “Tierra de Nadie”, emitido por el canal GEN anoche.

El distrito de Itakyry en el departamento de Alto Paraná es el más poblado del mismo y es uno de los lugares donde de manera más frecuente se producen conflictos por la tenencia de la tierra entre colonos e indíge­nas. El conflicto más reciente tiene lugar ahora en la colonia Tape Yke y bajo el título de “La gran mentira” fue anali­zado en el programa “Tierra de Nadie”, emitido por el canal GEN, anoche. El mismo contó con la participación de la abo­gada Gail González Yaluff, pre­sidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) y el abogado Basi­lio Franco, asesor jurídico del Instituto Nacional del Indí­gena (Indi). En la mencionada colonia agropecuaria residen pequeños productores, quie­nes viven en el lugar desde hace más de dos décadas.

Basilio Franco , abogado del Indi y Gail González Yaluff , titular del Indert , en Tierra de Nadie , por Canal GEN anoche.

¿PROPIEDADES PRIVADAS O TIERRAS ANCESTRALES?

Estos denunciaron el atrope­llo a sus propiedades privadas por parte de unos indígenas pertenecientes a la comuni­dad Ka’a Poty 1, quienes recla­man que estas se encuen­tran asentadas en sus tierras ancestrales, pero afirman además que cuentan con un título de propiedad expedido por el Instituto Nacional del Indígena (Indi).

Este conflicto resulta tan lla­mativo como complejo y de alguna manera enfrenta a dos instituciones del Estado, el Indert y el Indi.

Un equipo del Grupo Nación llegó hasta la colonia Tape Yke, a fin de recolectar imá­genes, videos y testimonios de todas las partes involucradas en una situación que, si no es solucionada en tiempo y forma por las autoridades naciona­les, podría derivar en hechos que lamentar.

La superposición de dos o más títulos sobre una misma pro­piedad ha sido motivo para la generación de conflictos en la mayoría de las ocasiones, pero no es el caso de la colonia Tape Yke, reclamada por la comu­nidad indígena Ka’a Poty 1 y habitada por colonos desde el año 1995.

Carlos Soria, intendente de Itakyry.

MUCHAS IRREGULARIDADES

Esta colonia es una propiedad adquirida por el Estado para­guayo en 1994 al señor Batista Lozzio, a través del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), y estaba destinada a ser una colonia agraria según la resolución de la Presidencia del IBR N° 149 del año 1995, con un plan de loteamiento de 37 parcelas, de las cuales 35 de ellas ya están tituladas actualmente, todas ellas per­tenecientes a las fincas 12 y 13.

En julio de 1996, el Consejo Directivo del Indi, bajo la pre­sidencia de Valentín Gamarra Velázquez, adquirió una pro­piedad de 1.364 hectáreas en el distrito de Hernandarias del señor Atilio Piraino Sego­via, según consta en la escri­tura de compra-venta.

Esta propiedad identificada como finca Nº 21.720 estaba destinada al asentamiento de la comunidad indígena Ka’a Poty y el Indi pagó G. 818.700.900 por esta opera­ción. Llamativamente en el documento de compra-venta y transferencia de la propie­dad se menciona como ven­dedor a Lorenzo Mario Pas­tor D’Ecclesiis y a Valentín Gamarra Velázquez, quien en ese entonces ocupaba la pre­sidencia del Indi.

En lo que parecería ser una irregularidad, el documento reconoce que el propietario es el señor Atilio Segovia Pira­ino, algo que a simple vista puede parecer confuso.

El doctor Basilio Franco explicó que existen muchas irregularidades en las docu­mentaciones de propiedades de la institución, incluso el propio ex presidente Valen­tín Gamarra ya había sido con­denado por estafa en contra del Estado paraguayo, justa­mente con contratos de com­pra y venta de propiedades adquiridas por el Indi.

COMIENZA EL CONFLICTO

En agosto del 2018, un grupo de alrededor de 100 perso­nas de la comunidad indí­gena Mariscal López, del dis­trito de Itakyry, liderado por Teodoro Ramírez, ingresó a las propiedades que los colo­nos, todos ellos paraguayos, habían adquirido del Indert desde 1995, según consta en los títulos de propiedad expe­didos por el mismo.

En aquel momento los propie­tarios de estas tierras exhi­bieron al líder de la comuni­dad los títulos expedidos por el Indert y estos en gran parte se retiraron luego de cons­tatar la equivocación. Sin embargo, un grupo de 20 de ellos decidió permanecer en el lugar, esta vez ya bajo el lide­razgo de Marta Isabel Díaz de Gonçalves, hasta el 15 de junio del 2021, cuando fue desalo­jado por orden judicial.

Este grupo, renombrado como comunidad indígena Ka’a Poty 1, es liderado por Marta Isabel Díaz de Gonçalves y llegó a la plaza del Congreso al otro día de su desalojo y permaneció en el lugar alrededor de dos meses, hasta que logró que la jueza Magalí Zavala emita una medida cautelar, que le permitió regresar y permane­cer en alrededor de 540 hec­táreas de otras propiedades de la colonia Tape Yke hasta tanto se resuelva la situación en el ámbito jurídico.

Tras varios estudios, revisio­nes e informes, el Indert con­cluyó que la finca Nº 1.628 de Itakyry no era posible ubicar y de poder hacerlo, no estaría superpuesta con las fincas de los pequeños productores de la colonia Tape Yke, tal como lo afirmó siempre el Indi.

MENSURA JUDICIAL EN PROCESO

Actualmente se encuentra en proceso una mensura judicial para determinar la exacta ubi­cación de las tierras, aunque según explicó Franco, esta está paralizada por inciden­tes presentados por los colo­nos. González Yaluff explicó que están trabajando junta­mente con el Indi para que esta mensura judicial pueda realizarse. “Consideramos que somos linderos del Indi y tenemos que ubicar a esta propiedad”, expresó.

También existen reclamos por parte de los indígenas en contra de los colonos de Tape Yke, por considerar que estos no son sujetos de la Reforma Agraria, pero la presidenta del Indert recordó que cuando el IBR realizó la operación con los actuales colonos, regía otra ley agraria. “Esta ley decía que tanto paraguayos como extranjeros podían ser sujetos de la Reforma Agraria y esta­mos hablando del año 1995, por lo que para nosotros (el Indert) estas ya son propie­dades privadas”, destacó la titular de la institución.

SOLO PAPELES Y NADA DE TIERRAS

Ana María Allen, ex presi­denta del Indi, ya denunció en el 2019 la compra irregular de estas tierras para la comuni­dad Ka’a Poty tras los perma­nentes desalojos que sufrían. Todo parece indicar que el Indi adquirió tierras que solo existen en los papeles. Un artí­culo publicado el 5 de febrero del 2019 por el diario Última Hora explica que el inmue­ble tiene un valor fiscal de G. 2.346.407.695, de acuerdo a la ficha técnica del mapa rural y fue inscripto el 11 de setiembre del 2008, durante la administración de Margarita Mbywangi al frente del Indi.

En la misma publicación perio­dística, Ana María Allen afirma que la propiedad solo figura en los papeles y pertenece al Ins­tituto Paraguayo del Indígena (Indi), pero en la práctica no existe. Para el Indert no exis­ten dudas de la legitimidad de los títulos sobre estas tierras y afirma que los títulos expedidos por el Indi no corresponden a la colonia que ellos, el Indert, crearon en 1994.

La presencia de Valentín Gamarra Velázquez, ex pre­sidenta del Indi, en todas estas operaciones de compra, venta y transferencias de estas pro­piedades que hoy reclaman los indígenas también generan desconfianza.

Gamarra fue procesado y encontrado culpable por los delitos de defraudación, pecu­lado y estafa en perjuicio del Estado paraguayo. En el año 2000 fue condenado a 9 años y dos meses de cárcel e inhabili­tado a ejercer cargos públicos por cuatro años, posterior al cumplimiento de su condena. También fueron condenados por estos mismos hechos dos miembros del Consejo Direc­tivo del Indi y un vendedor de tierras que operaba en compli­cidad con los mismos.

La precaria situación en la que se encuentran el grupo de indígenas y los colonos genera una situación de cris­pación que obliga a las institu­ciones encargadas a gestionar con mayor celeridad la solu­ción del problema.

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