Un informe del órgano contralor revela una serie de irregularidades en la gestión de Miguel Prieto en el 2019. Se detectaron deudas por G. 3.000 millones, pero no así los documentos pertinentes. Gastos en combustibles sin respaldo e inacción de la asesoría jurídica para recuperar recursos municipales fueron parte del rosario de observaciones.

El listado de irregula­ridades e incongruen­cias en licitaciones mediatizadas desde hace tiempo, administración de recursos, transferencias, etc., ocurridas bajo la inten­dencia de Miguel Prieto en Ciudad del Este parecen de nunca acabar.

Un informe anterior de la Contraloría General de la República (CGR), órgano que se encargó de auditar la situa­ción financiera del munici­pio en el 2019, reveló datos contundentes y se realizó un total de 19 observaciones en las que se constata la falta de transparencia de Miguel Prieto y de su antecesora, Perla Rodríguez de Cabral.

La Contraloría se encontró con deudas de las cuales no hay documentación o sus­tento legal, transferencias realizadas sin que se exijan rendiciones de cuentas e inac­ciones jurídicas que ocasio­naron pérdidas millonarias a la municipalidad. Una de las conclusiones más relevantes del informe del órgano con­tralor revela que la Municipa­lidad de Ciudad del Este trans­firió de mayo a diciembre la suma de G. 13.952.670.136 a las comisiones vecinales, esto sin que se les haya exigido que presenten documentos que constaten su rendición de cuentas en la Contraloría.

Es decir, Miguel Prieto trans­firió una suma millonaria de dinero sin saber en qué se uti­lizaron dichos recursos y sin exigir que se cumpla con la rendición de cuentas.

Así también, se encontró un gasto de G. 202.612.847 en la planilla de carga de combus­tible; sin embargo, la muni­cipalidad no contaba con los comprobantes emitidos por las estaciones de servicios que avalen dicho gasto.

“No contaban con el ticket emi­tido por el personal de la esta­ción de servicio y que afectan al mes de mayo del ejercicio fiscal 2019, situación que se determinó por inconsisten­cias resultantes de la compara­ción entre el importe efectiva­mente pagado según facturas y los reportes del movimiento de flota”, dice el informe.

La lista no termina con esto. Otro de los alevosos hechos de falta de transparencia revela que hay una “falta total de documentos” que respalden una deuda de G. 3.410.235.207, es decir, no hay forma de cons­tatar en qué concepto se adeuda esta millonaria cifra; sin embargo, la municipali­dad carga con esa cuenta, que en definitiva recae sobre las espaldas del contribuyente.

La inacción de los asesores jurí­dicos, la que fue avalada por Prieto, de acuerdo al informe de la Contraloría, ocasionó que la municipalidad no pueda recu­perar más de G. 2.000 millones en gestión por adjudicaciones de terreno de antigua data.

“Se determinó la inacción de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, por instruccio­nes del Ejecutivo municipal, para gestionar el recupero por la vía judicial de un total de 158 titulares de deudas en “Gestión de Cobro por Adju­dicación de Terreno de anti­gua data con un saldo de G. 2.038.663.463”, señala el órgano contralor.

El informe de más de 100 páginas solo confirma la falta total de transparencia con la que se manejó Miguel Prieto en el 2019, año en el que asumió la intendencia y en el que se promocionaba como la opción de cambio y como quien enterraría las viejas prácticas de la era zacariista.

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Prieto insiste con “persecución”

El candidato que busca su reelección nuevamente habló de una “persecución política”.

En conferencia de prensa llevada a cabo ayer en su PC, en compañía de su jefe de campaña, Daniel Pereira Mujica, y de varios operadores políticos, aseguró que ya no realizará ninguna campaña polí­tica. Miguel Prieto, quien hasta el momento no pudo transparentar su dudosa gestión, dijo estar “harto” y convocó a una marcha ciudadana para del 26 de setiembre en repudio al ex presidente Horacio Cartes, a quien responsabiliza de los supuestos ataques contra su persona; sin embargo, no es capaz de aclarar todas las acusaciones evidenciadas que diariamente salen a luz.

Prestigiosa empresa asegura que no fue invitada a licitación

La costosa clínica móvil denunciada como mau que fue adquirida en medio de indicios de una licitación direccionada.

En la lista de invitados a la licitación para la compra de la famosa clínica móvil, publicada en el portal de Contrataciones Públicas, aparece la firma Diesa. Desde la empresa aseguraron que esta invitación nunca llegó a sus manos, ni siquiera de forma extraoficial.

De acuerdo al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Miguel Prieto invitó a renombradas empresas a participar de la licitación para la adquisición de una clínica móvil; sin embargo, desde Diesa manifestaron que esta invitación no llegó a la empresa ni a su sucursal en Ciudad del Este.

“Nosotros no tuvimos participación ni nos invitaron. Por el monto que alzó Contrataciones, es un vehículo usado y nosotros no vendemos usados”, afirmó Isidro Melgarejo, gerente de Ventas de camiones y maquinarias de Diesa, quien aseguró que la mentada invitación por parte de la municipalidad no llegó ni de manera extraoficial.

Llama la atención que la Unidad de Contrataciones de la municipalidad haya invitado a empresas que no venden vehículos con las características que ellos estaban buscando, un bus usado que date como mínimo de 1993.

Melgarejo señaló que el costo mínimo de una clínica móvil nueva es de alrededor de US$ 150.000, y que por el precio que la municipalidad estaba dispuesta a pagar, G. 299.531.667, resulta imposible que ellos y las otras empresas supuestamente invitadas puedan proveer.

“A todas las empresas podés preguntar, estoy seguro de que nadie tiene con ese precio”, aseveró. Existen fuertes indicios de que esta licitación fue armada para favorecer a la firma R y R Import Export, que de la nada arribó como proveedor de la Municipalidad de Ciudad del Este. También resulta interesante que uno de los representantes de esta empresa es el cuñado de la candidata a concejal de Miguel Prieto, Valeria

Romero, a la vez que existen denuncias por parte del concejal Celso Miranda de que se trata de una empresa de maletín que vendió un bus robado, al que le cambiaron el motor y adulteraron el chasis.

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