El ente contralor abre una rápida intervención en la Municipalidad del Este, luego de conocerse el esquema de negociados con las compras covid, revelados detalladamente en una investigación de nuestro medio. Ayer se notificó la designación del equipo que hará las fiscalizaciones.

Dos fiscalizaciones en paralelo inician desde la Contralo­ría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Ciudad del Este. Luego de la serie de denuncias que nuestro medio reveló sobre las cocinadas en las compras covid de alimen­tos de la administración de Miguel Prieto, el ente con­tralor comienza la verifi­cación del proceso licitato­rio realizado por vía de la excepción.

Mientras Prieto se encuen­tra en intensa campaña electoral por su reelección, apoyado fuertemente por el equipo del clan Zacarías, la herencia de irregularidades de su gestión está bajo la lupa de los organismos de control del Estado.

La escandalosa maniobra del caso de Tía Chela, el pequeño autoservice que proveyó 25.000 kits de ali­mentos a los más afectados por las medidas restricti­vas aplicadas por la pande­mia, la supuesta provisión de alimentos por parte de Tajy, una firma que perte­nece a don Buena Ventura Morínigo, quien se dedica a la perforación y manteni­miento de pozos artesianos, forman parte de las dudosas compras realizadas en el marco de la emergencia sani­taria, difundidas en investi­gación periodística generó la rápida intervención de la Contraloría.

La Contraloría designó un equipo para auditar la ejecución presupuestaria 2020 y también el proceso licitatorio de compras de alimentos por el covid-19.

La Contraloría designó a un equipo que se encargará de realizar la fiscalización a la “Ejecución presupuesta­ria de ingresos y gastos con fondos provenientes de la Ley Nº 6524/20”, vía Reso­lución N° 5237 de fecha 16 de setiembre del 2021. Al mismo tiempo, mediante la Resolución N° 5238 inicia una fiscalización del proceso licitatorio de las adjudica­ciones a la famosa Tía Chela y otra del Id 389303 de com­pra de almuerzo escolar por vía de la excepción.

El equipo de fiscalización de la ejecución presupuestaria que está liderado por Darío Araújo Prieto y bajo la supervisión de Raquel Sanabria, deberá realizar entrevistas, verificaciones in situ “tanto en la sede municipal como en áreas de influencia de los programas y proyectos eje­cutados”, señala la nota de la CGR, la que fue emitida en la tarde de ayer.

Mientras que el análisis del direccionamiento de la compra a favor de Tía Chela está a cargo de la Dirección de Control de Contratacio­nes Públicas, Paul Ojeda. La Municipalidad de Ciudad del Este deberá proveer toda la documentación referente a los ingresos y gastos que tuvo en el segundo y tercer cua­trimestre del 2020, es decir, entre mayo y diciembre del año pasado.

En el caso de la compra a Tía Chela, que es una licitación covid deberá remitir todos los antecedentes, como pre­cios referenciales, invita­ciones, justificación de la adquisición, aprobación de la adjudicación, documentos de evaluación a favor del pro­veedor adjudicado, etc. Acá realmente hay una bomba a estallar porque todo el trá­mite de la licitación estuvo amañado.

Se espera que con este informe por fin quede acla­rado la forma en que fue­ron usados los recursos durante la era Prieto, que ya es sabido realizó dudo­sas adjudicaciones que terminó beneficiando a su entorno político.

Cabe destacar que actual­mente hay otro equipo de la Contraloría designado para realizar fiscalizacio­nes a la licitación de Miguel Prieto de la compra de la clínica móvil, con base a un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de “viciadas irre­gularidades” en el proceso.

De acuerdo a las infor­maciones que proveyó el órgano contralor, el informe final del caso está próximo en ser difundido, al tiempo en que también se revisará la auditoría rea­lizada en el caso Tía Chela, licitación en la que el equipo de fiscalizadores a cargo de Nelson Salinas solo realizó dos observaciones y no se percató de hechos alevosos como que dos de las empre­sas invitadas a participar eran de un mismo grupo familiar.

La clínica móvil que fue adjudicada al cuñado de la candidata de Prieto

El cuñado de la candidata a concejal por el movimiento de Prieto fue la adjudicado para proveer la clínica móvil.

Miguel Prieto compró su clínica móvil calificada de “mau” por supuesta falsificación del chasis del cuñado de su candidata a concejal, Valeria Romero. La firma adjudicada nunca antes participó de ninguna licitación anterior a este llamado.

Las licitaciones amañadas y direccionadas al parecer fue­ron parte de la normal ges­tión de Miguel Prieto en Ciu­dad del Este. Además de que la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) encontró que la compra de la clínica móvil, la que costó G. 299.531.667, estuvo “viciada de inconsistencias” también se da la curiosa situación que la firma adjudicada es propiedad del entorno político de Prieto.

La empresa RyR Import Export fue la ganadora de esta licitación que fue reali­zada por la vía de la excepción. Llamativamente esta firma tiene como representantes a Carlos Recalde Ruffinelli y Aldo Rodrigo Galeano, este último es pareja sentimental de Martha Romero, hermana de Valeria Romero, candidata a concejal del movimiento de Miguel Prieto.

La firma nunca antes se pre­sentó a ninguna licitación, sin embargo, tanta fue su suerte que ante su primera parti­cipación ya fue adjudicada con un millonario contrato que supera los G. 406 millo­nes, dado que aparte del bus debía proveer los equipamien­tos médicos para la clínica, los cuales costaron otros G. 106.935.000. Este no es el pri­mer caso en el que el entorno de Miguel Prieto consigue alzarse con millonarias adju­dicaciones en la municipali­dad esteña.

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