La promulgación de la ley que modifica el artículo 113 de la Ley de Tránsito, mediante el cual se podrá imputar a quienes conduzcan alcoholizados, aún sigue dilatándose, dado que ahora se debate si se podrán realizar o no controles aleatorios a los conductores; mientras tanto, la impunidad impera en las rutas.

La Cámara de Diputa­dos trató el pasado 1 de setiembre en sesión ordinaria el proyecto de ley por el cual se modifica el artí­culo 113 de la Ley de Tránsito, el cual corrige la laguna jurí­dica que no permite imputar a quienes conducen alcoholiza­dos o bajo los efectos de alguna sustancia.

La propuesta ya fue aprobada en la Cámara Baja, pero sufrió modificaciones en el Senado, donde decidieron reducir el límite por el que manejar alcoholizado será considerado como un hecho punible.

De acuerdo a la nueva pro­puesta, ya aprobada en ambas cámaras, será posible impu­tar a todo aquel que tenga una intoxicación de 0.251 mg/L a 0.399 mg/L de CAAL (alco­hol en aliento) y de 0.501 g/L a 0.799 de CAS (alcohol en san­gre). El cambio fue aprobado en diputados.

Lo que aún sigue en debate es si se podrán realizar o no contro­les aleatorios en rutas.

El senador Fernando Silva Facetti había mencionado que estos controles aleato­rios se prestaban a las coi­mas y chantajes por parte de la Policía Caminera, motivo por el que decidieron elimi­nar esta posibilidad y solo per­mitir que se haga la prueba de alcotest en caso de que el con­ductor sea descubierto en fla­grancia; es decir, cometiendo alguna infracción como pasar un semáforo en rojo.

“El argumento por el cual muchos no estaban interesa­dos en tratar era que con esa herramienta al final se termi­naba usando para chantajear a la gente; entonces, se hacía la famosa barrera, le hacían alcotest a todo el mundo y al final tenías que terminar arre­glando”, señaló.

El diputado Rodrigo Blanco, proyectista de esta propuesta legislativa, señaló que eliminar los controles aleatorios en rutas a los conductores va en contra­mano al espíritu de la ley.

“Es totalmente un contrasen­tido que la Policía pueda detec­tar que alguien está condu­ciendo en estado de ebriedad solamente cuando se produce alguna flagrancia o un acci­dente de tránsito. Las estadís­ticas son realmente alarman­tes y las barreras policiales, de alcotest, aparte de detec­tar a conductores en estado de ebriedad, actúan de forma pre­ventiva”, señaló el legislador.

Respecto a la posición del Senado que afirma que se presta para el chantaje, señaló que se debe solucionar de otra forma y no eliminando los con­troles. “Eso se combate de otra forma, con controles internos en la Policía Caminera y Nacio­nal, se combate, por ejemplo, con la vigencia de la ley que obliga a que todos los unifor­mados que realicen tarea en tránsito tengan que desarro­llar sus actividades con una videocámara, para que quede expuesto el actuar de la Poli­cía y del ciudadano porque la corrupción es mutua”, afirmó.

Agregó que eliminar los con­troles es como pedirle al policía que se quede en las comisarías y que no patrulle la ciudad.

Mientras el proyecto pasa de Cámara en Cámara, dado que ahora nuevamente debe ser estudiado en el Senado, la Fiscalía sigue imposibilitada para imputar a quienes con­ducen ebrios o bajo los efec­tos de alguna sustancia, y la impunidad reina en medio del aumento de accidentes de trán­sito, en los que el alcohol es el protagonista.